En cumplimiento de una resolución judicial, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó este miércoles la restitución en su cargo del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Pero la historia -y la polémica- todavía no terminan.
Cuando parecía que el panorama político de Bogotá se empezaba a aclarar, la saga en la que se ha convertido la destitución del alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro, dio un giro inesperado.
El martes por la noche el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución de Petro en su posición, quien el pasado 19 de marzo había dejado el cargo en cumplimiento de un fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.
"He firmado el decreto que restituye al alcalde Petro. Mi deber como presidente ha sido, es y siempre será cumplir con la ley"
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia
Y este miércoles, en cumplimiento de la disposición del tribunal, el presidente Juan Manuel Santos anunció que ya había firmado el decreto que devolvía al segundo cargo de elección popular del país al hombre que en su momento eligieron los bogotanos.
“He firmado el decreto que restituye al alcalde Petro”, dijo Santos.
“Mi deber como presidente ha sido, es y siempre será cumplir con la ley”, explicó el mandatario.
En su resolución los magistrados determinaron que las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado a favor del alcalde en marzo pasado, argumentando la necesidad de proteger sus derechos políticos, eran de cumplimiento obligatorio.
Y le habían dado al mandatario, que no había querido admitirlas, un plazo de 48 horas para volver a colocar a Petro en el puesto de alcalde.
Polémica de meses
El nuevo fallo, sin embargo, no resuelve definitivamente "el caso Petro", que por meses ha movilizado, confundido y aburrido a los bogotanos.
La alcaldía de Bogotá es considerado el segundo cargo político más importante del país.
La larga y compleja historia en torno al futuro político de Petro se inició en diciembre del año pasado, cuando la Procuraduría General ordenó la destitución del alcalde bogotano por supuestas ilegalidades en la reforma del sistema de recolección de basura.
En ese momento, el exalcalde -un exguerrillero desmovilizado- denunció la sanción como desproporcionada y el equivalente a un golpe de Estado orquestado desde la derecha. Y recurrió a los tribunales para proteger el derecho de sus electores a elegir y el suyo a ser electo.
Luego de una larga batalla legal, sin embargo, los tribunales superiores encontraron que había equivocado la estrategia legal, dejando en firme la sanción que fue ejecutada por el presidente Santos el pasado 19 de marzo.
Y el mandatario tampoco quiso aceptar las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, al considerar que los derechos de Petro habían sido debidamente respetados por la justicia colombiana.
Fallo de fondo
La decisión del tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, todavía puede ser impugnada, lo que muy probablemente hará la misma Procuraduría.
Y las altas cortes, y más específicamente el Consejo de Estado, todavía tienen que fallar sobre el fondo del asunto. Y, según algunos juristas, una vez que lo hagan las medidas cautelares de la CIDH podrían perder su vigencia.
Al mismo tiempo, incluso si el Consejo de Estado falla a favor del exalcalde, éste todavía tendría que someter su continuidad en el cargo al veredicto de las urnas, pues antes de su destitución ya se había aprobado la celebración de un referendo revocatorio convocado por los opositores al burgomaestre.
Aunque, por lo pronto, el principal protagonista de esta prolongada novela política ya se prepara para regresar al Palacio Liévano, sede de la alcaldía bogotana.
De hecho, según los medios colombianos, Petro –quien recibió la noticia mientras se encontraba en la ciudad de Cartagena– planea una especie de marcha triunfal para este mismo miércoles a las tres de la tarde.
Para unos volverá como el héroe de toda esta historia. Para otros, como el villano.