Francia Márquez, una madre de 35 años que vive en un pequeño poblado en el suroccidente de Colombia, acaba de recibir el Premio Goldman 2018, otorgado a activistas comunitarios por sus extraordinarios y, muchas veces, riesgosos esfuerzos en defensa del medio ambiente.
El prestigioso reconocimiento -considerado el "Nobel ambiental"- es entregado anualmente a ambientalistas en las seis zonas continentales del mundo y Márquez recibió el premio correspondiente a Centro y Sudamérica por su acción para frenar la minería ilegal de oro en su tierra ancestral.
Según fuentes oficiales, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia es producido ilegalmente con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental, incluyendo deforestación y contaminación de ríos con residuos de químicos peligrosos.
Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos en el país están contaminados con mercurio, y la fiscalía ha advertido que 10 importantes ríos están a punto de "desaparecer".
Activista desde joven
Para Francia Márquez, que proviene de La Toma, una pequeña localidad en el departamento del Cauca, la minería ilegal no solo pone en peligro el medio ambiente sino que amenaza vidas y también el derecho a un territorio ancestral que su comunidad ha ocupado desde 1636.
"Somos descendientes de esclavos africanos. Vivimos de la minería artesanal y la agricultura", contó Francia a la BBC. Es una comunidad unida con "una visión extensa de la familia que va más allá de los lazos sanguíneos".
En esa región del Cauca, sin embargo, hay muy poca presencia del Estado.
"En territorios como el mío, la gente no tiene agua potable, tiene que esperar a que llueva para tomar agua o tiene que ir hasta el río", explicó.
"Los niños no tienen acceso a educación de calidad, tienen unas escuelitas que están deterioradas. La gente ha sido desplazada por el conflicto armado y hoy están en cordones de miseria de las grandes ciudades y la gente vive muy mal".
No obstante, Francia logró pasar por la secundaria y luego sacar un título de técnico agropecuaria del SENA, una institución pública de estudios superiores. Su interés en en defender a su comunidad y el medio ambiente la ha llevado a estudiar Derecho.
Pero, desde muy joven, ya estaba involucrada en activismo comunitario, aplicando su gusto por el canto, la danza y el teatro para pedir atención para sus causas.
Cuando tenía 15 años participó en una acción colectiva de niños, jóvenes adultos y líderes mujeres para evitar la desviación del río Ovejas, crucial para su comunidad, hacia una represa que ya había causado un negativo impacto ambiental.
La movilización tuvo efecto y el proyecto se canceló. Fue la experiencia que cimentó su determinación para proteger su territorio como espacio de vida y fomentar el progreso en su comunidad.
"Fue la primera vez que yo escuché, siendo una niña afrodescendiente, que nosotros teníamos derechos", expresó. "Derechos colectivos a definir en términos de lo que queríamos para nuestro territorio y lo que queríamos en términos de nuestro desarrollo".
Contra la minería legal e ilegal
Pero vendrían otros desafíos más grandes, no solo contra la destructiva y contaminante minería ilegal, sino contra la gran minería promovida por el mismo Estado, que Francia Márquez califica de inconstitucional.
"El gobierno entregó sin consultar a la comunidad títulos de explotación minera a grandes empresas transnacionales", indicó. "(Estas) no tienen los parámetros de cómo cuidar el medio ambiente, que es un derecho fundamental en Colombia".
La activista dice que es una situación que se repite por todo el país en humedales, bosques y hasta zonas protegidas por su fragilidad y biodiversidad.
En 2009, el gobierno declaró a su comunidad "perturbadora de mala fe", un delito en Colombia. "Pasamos de ser poseedores ancestrales de un territorio a ser criminales", comentó Francia a la BBC.
Ese enfrentamiento con el gobierno, que podría conllevar un desplazamiento forzoso para su comunidad, la motivó a iniciar estudios de Derecho, una carrera que cursa actualmente.
A partir de ahí, junto con otras organizaciones negras y otros abogados lanzó una lucha jurídica que terminó con un fallo de la Corte Constitucional que reconoce su territorio como territorio ancestral. Los títulos de explotación a grandes empresas, sin embargo, solo están suspendidos.
Años más tarde, la amenaza a La Toma vendría en la forma de decenas de retroexcavadoras y la contaminación con mercurio de la minería ilegal, con impactos desastrosos.
"El agua que consumimos de esos ríos está envenenada y no tenemos forma de tratarla", denunció. "Significa que no sabemos cuánto mercurio tenemos en la sangre donde ni siquiera tenemos acceso a una salud adecuada. Significa que la comida que nosotros vamos a estar produciendo en la comunidad también va a estar contaminada".
La marcha a Bogotá
Después de varias denuncias infructuosas ante distintas instituciones gubernamentales, de oposición directa a los mineros ilegales y de recibir amenazas, Francia Márquez decidió organizar una marcha de mujeres y jóvenes hasta la capital, Bogotá, para llamar atención al problema.
Al comienzo muchas tenían miedo. "Si ustedes no van, yo me voy sola con mis dos hijas, caminando por todo este país y hablándole a la gente sobre este problema", les dijo.
Para no dejarla sola, decidieron acompañarla en una marcha de 10 días y 350 kilómetros a través de las montañas colombianas. Eran 15, al inicio, pero para cuando llegaron a Bogotá eran 130 mujeres y jóvenes.
Protestaron por las calles durante 22 días y se tomaron el Ministerio del Interior, que colinda con el Palacio Presidencial.
"Nos declararon que éramos una amenaza para la seguridad nacional. Les dijimos al gobierno que si ellos no nos protegían nuestra casa nos íbamos a quedar ahí y que si nos moríamos que fuera en la cara de todo el mundo", dijo la líder comunitaria.
La movilización y determinación del grupo tuvo el efecto deseado. Obligó al gobierno a sentarse y dialogar.
Como resultado directo de las iniciativas de Márquez, las operaciones de minería ilegal en La Toma cesaron. El gobierno creó un cuerpo especial para investigar la minería ilegal. Para el final de 2016, toda la maquinaria alrededor del río Ovejas fue físicamente retirada o destruida por las fuerzas de seguridad de Colombia.
Amenazas
Pero la iniciativa liderada por Francia Márquez ha tenido su precio. Tanto la minería ilegal como la sancionada por el gobierno se ha dado en el marco del conflicto armado en el país.
"Hemos recibido cientos de amenazas de grupos paramilitares que dicen que nos declaran objetivo militar porque nos oponemos al desarrollo", acusó.
"¿Cuál desarrollo? Si en nombre de ese desarrollo esclavizaron a mi comunidad, en nombre de ese desarrollo nosotros hemos vivido en condiciones de empobrecimiento y es por eso que hemos decidido pelear y luchar por defender ese territorio lo cual a veces implica poner en riesgo hasta la propia vida".
Por esas amenazas Francia tuvo que dejar su comunidad para radicarse en la occidental ciudad de Cali, donde está completando sus estudios. Ha sido un cambio duro y su labor en defensa del medio ambiente y de su territorio ancestral pues, como dice, de los varios acuerdos que hicieron con el gobierno hasta hoy no se han cumplido.
"El planeta está en crisis, el medio ambiente está en crisis. Como seres humanos tenemos que pensar en qué hacer. Porque nosotros no somos dueños de la naturaleza somos parte de la naturaleza… la parte más frágil de la naturaleza".
Para ella hay una gran injusticia que la motiva a buscar asegurar lo que llama "un espacio de vida".
"No es un regalo, le costó sufrimiento y trabajo a nuestra comunidad. Y nosotros tenemos que heredarle ese territorio a las próximas generaciones".
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