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El expresidente de 70 años fue acusado por fiscales estatales de Sao Paulo y es parte de una investigación federal paralela.
Fiscales del estado de Sao Paulo, en Brasil, presentaron cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de una investigación por lavado de dinero.
El exmandatario niega las acusaciones y afirma que los cargos tienen motivaciones políticas.
Los fiscales sospechan que Lula, su esposa, Marisa Letícia, y el hijo mayor de ambos, Fábio Luís, son dueños de un apartamento triplex en la exclusiva localidad costera de Guarujá, en Sao Paulo.
Si bien Lula niega que el apartamento sea de su propiedad, los fiscales señalaron que "varias pruebas dicen lo contrario".
Los fiscales creen que el apartamento de Guarujá fue adquirido por Lula, aunque nunca figuró en el patrimonio de su familia, por lo cual decidieron denunciarlo por ocultación del bien.
Dos causas en paralelo
El apartamento de Guarujá también es parte de una investigación federal paralela por la cual el expresidente fue interrogado el pasado viernes durante casi 4 horas. Ese día la policía fue a buscarlo a su casa, la cual luego allanó.
Según explica desde Brasil el periodista de BBC Mundo Gerardo Lissardy, "el triplex que motivó la denuncia de la fiscalía de Sao Paulo también ha generado sospechas de los investigadores de la red de sobornos en Petrobras", la petrolera estatal.
Hay quienes creen que Lula es un potencial candidato para suceder en la presidencia a Dilma Rousseff para las elecciones de 2018.
Las acusaciones presentadas este miércoles por los fiscales de Sao Paulo Cássio Conserino, Fernando Henrique Moraes de Araújo y José Carlos Blat todavía deben ser aceptadas por el juez del caso.
De hacerlo, el expresidente pasaría a estar imputado de un proceso criminal.
Los fiscales anunciaron para el jueves una conferencia de prensa donde hablarán de este caso que abarca a un total de 16 personas.
Una figura de poder
"Encendieron en mí la llama y la lucha continúa", dijo Lula el viernes ante militantes del Partido de los Trabajadores, la organización de izquierda que él mismo fundó y que aún gobierna Brasil, ahora con Dilma Rousseff en la presidencia.
El exsindicalista de 70 años sigue siendo una figura poderosa en Brasil, donde muchos lo ven como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2018.
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Los fiscales anunciaron para el jueves una conferencia de prensa donde hablarán de este caso.
Gerardo Lissardy explica que "la defensa de Lula ha cuestionado a la Corte Suprema que el mismo asunto sea investigado por fiscales federales y del estado de Sao Paulo".
También señala que la denuncia de este miércoles había sido anunciada por la revista brasileña Veja en enero.
"Esta acción sólo confirma la parcialidad con que el asunto está siendo conducido", dijo el abogado del expresidente, Cristiano Zanin Martins.
Por su parte, el Instituto Lula, entidad sin fines de lucro que creó el exmandatario en 2011, envió un comunicado acusando al fiscal Conserino de "prejuzgar antes de escuchar el expresidente, demostrando que es parcial".