Un fallo de la Corte Suprema uruguaya emitido este viernes ordenó el cierre definitivo de muchas investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el regimen militar que gobernó a ese país entre 1973 y 1985.

Según reportó la prensa de ese país, al declarar la inconstitucionalidad de la llamada ley interpretativa de la Caducidad, la decisión del tribunal lleva a que las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entienden que los delitos prescribieron.

La norma declarada inconstitucional había sido aprobada en 2011 e impedía la prescripción de delitos cometidos por militares durante el gobierno de facto.

El fallo dice que dos de los tres artículos de la norma son inconstitucionales porque esta no puede aplicarse en forma retroactiva.

Pocos condenados

Como señala el corresponsal de BBC Mundo para el Cono Sur, Vladimir Hernández, el gobierno militar uruguayo es señalado de haber dejado unos 200 desaparecidos, y de haber detenido arbitrariamente (y por lo general torturado) a miles de personas.

Sin embargo, tras la vuelta de la democracia pocos han sido encontrados responsables de tales hechos, agrega el corresponsal.

El fallo se conoce poco después de la polémica decisión, también por la Corte Suprema, de trasladar a la jueza Mariana Mota, quien llevaba muchos de los procesos por derechos humanos, del área penal al área civil.

"Grupos de defensores de los derechos humanos en Uruguay y Argentina han protestado fuertemente el cambio, ya que consideran que la salida de Mota generará demoras importantes en la investigación de uno de los capítulos más oscuros de la historia del país", señaló Vladimir Hernández de la BBC.