"Los mecanismos de corrupción son más grandes que el Estado".
Con esta amarga crítica, el primer ministro de Líbano, Hassan Diab, anunció la dimisión de todo su gabinete ante las masivas manifestaciones de descontento que vive ese país tras la megaexplosión que la semana pasada sacudió y destruyó gran parte de Beirut.
El suceso, ocurrido el 4 de agosto en el puerto de la capital del país, causó al menos 160 muertos, unos 6.000 heridos y dejó gran parte de la ciudad hecha escombros.
Diab había formado gobierno en diciembre de 2019 como respuesta a una ola de protestas iniciadas el 17 de octubre pasado en contra del sistema sectario de distribución del poder que ha regido en el país durante décadas y que otorga cuotas a las distintas comunidades religiosas del país.
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En su discurso de dimisión el lunes, el primer ministro saliente responsabilizó de la tragedia de Beirut a la "clase política corrupta" y aseguró que su gobierno hizo "todo lo que pudo por salvar el país", pero se topó con una "gran barrera" frente al cambio.
Tras anunciar su decisión, Diab se reunió con el presidente, Michel Aoun, quien aceptó la dimisión pero pidió que el gobierno siga en funciones hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo.
Pero, debido precisamente a ese polémico y complejo sistema de distribución del poder, ese lapso puede extenderse mucho tiempo.
Cuotas por religiones
"La política en Líbano opera lentamente. Tomó dos años y medio para que el país eligiera a su actual presidente, nueve años para que realizara elecciones parlamentarias y 12 años para aprobar el presupuesto".
La cita anterior pertenece a un análisis que publicó la revista The Economist en diciembre de 2018 e ilustra a la perfección lo difícil que resulta forjar los consensos políticos en el país.
En la raíz de estas dificultades reside un sistema de repartición del poder que se originó durante el mandato colonial de Francia, que establece que los puestos en el parlamento se distribuyen de forma proporcional entre las 18 comunidades religiosas distintas que conviven en el país.
Esta división también afecta a los cargos en el gobierno y a los empleos estatales, que se distribuyen de acuerdo con criterios sectarios.
Según se estableció en los Acuerdos de Taif, firmados en 1989 como un paso para poner fin a la Guerra Civil que vivió Líbano entre 1975 y 1990, las curules en el Parlamento se reparten de forma igualitaria entre grupos cristianos y musulmanes. Esa distribución modificaba una fórmula anterior en la cual los cristianos obtenían una representación superior.
Del mismo modo, existe un convenio no escrito según el cual el presidente debe ser siempre un cristiano maronita; el primer ministro, un musulmán sunita; y el presidente del Parlamento, un musulmán chiita.
Así, cada vez que hay que formar gobierno, el Jefe de Estado, en consulta con el presidente del Poder legislativo y con las fuerzas parlamentarias, invita a un musulmán sunita a formar gobierno, en el cual a su vez los distintos ministerios son distribuidos para reflejar el balance de poder entre las distintas sectas.
Un poder fragmentado e ineficaz
Aunque originalmente fue diseñado para garantizar la representación de las 18 comunidades religiosas que viven en el país, el sistema sectario ha sido una fuente de innumerables crisis políticas, la mayor de la cuales se plasmó en la Guerra Civil.
De acuerdo con los críticos, este sistema ha impedido que se establezca en el país un Estado central eficaz, ya que los líderes de los distintos grupos sectarios actúan más en función de sus agendas parciales y de sus propios intereses.
Sunitas, chiitas, drusos y cristianos -los principales grupos que han dominado Líbano- han establecido dentro del Estado sus propias esferas de influencia, las cuales han aprovechado para sus fines.
El grupo más poderoso es el de Hezbolá, el movimiento chiita respaldado por Irán, calificado por Estados Unidos como una organización terrorista y cuyo brazo armado también se encuentra bajo sanciones por parte de la Unión Europea.
En la actualidad, Hezbolá es un actor clave para el funcionamiento de cualquier gobierno en Líbano.
En ese país, las decisiones del Ejecutivo deben ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de los ministros. Sin embargo, gracias a un acuerdo que data de 2008, Hezbolá y sus aliados tienen garantizado un tercio de los puestos del gabinete, lo que les otorga el derecho a veto.
Este complejo sistema de repartición de poder exige poner de acuerdo a los distintos grupos sectarios y ser capaz de convencerles de que aparquen sus diferencias (o de complacer sus diversas demandas).
Así se entiende por qué es tan difícil formar un gobierno efectivo en Líbano y también por qué el gobierno interino de Diab podría extenderse por un largo periodo, pese a las protestas y a la titánica y trascendental tarea de comenzar con la limpieza y la reconstrucción de la ciudad y en medio de la severa crisis económica que padece el país.
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