Linette Anadón ya conocía ese miedo. Por segunda vez en menos de tres años el Estado amenazaba con cerrar la escuela pública que dirige en la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico.
"Cuando empezaron los rumores de que otra vez iban a cerrar escuelas, supe que la nuestra iba a aparecer ahí", le dijo a BBC Mundo.
Anadón había escuchado hacía unos meses que solo quedarían abiertos planteles con más de 250 estudiantes y el suyo, llamado Salvador Busquets, solo cuenta con 108.
Entre 2010 y 2015, la institución se había salvado de estar entre las más de 100 que fueron clausuradas por el gobierno.
Esta vez, Anadón esperaba recibir la "mala noticia", pero no por eso dejó de sentirse frustrada cuando el anuncio se hizo oficial.
"Esto es una desolación, nos consume mucho emocionalmente", expresó en referencia a la comunidad que hace parte del colegio, que también sirve de espacio para actividades culturales y deportivas en horario extracurricular.
El Busquets es uno de los 179 planteles públicos que cerrarán sus puertas a finales de este mes por orden del Departamento de Educación de la isla, que hizo el anuncio el viernes pasado.
Recortes en medio de la crisis
Se trata del cierre de mayor escala en la historia de Puerto Rico, que afecta a más de 2.700 maestros y supone el traslado de unos 27.000 alumnos a otras escuelas para el inicio del nuevo año escolar en agosto.
Quienes se oponen a la medida señalan que afectará a los estudiantes menos favorecidos, disminuirá la calidad y que miles de maestros no tendrán empleo en el futuro.
Casi el 80% de los alumnos matriculados en las 1.332 escuelas públicas de la isla vive por debajo del umbral de la pobreza.
Ese dato ilustra la situación que atraviesan los puertorriqueños, en una grave crisis económica que ha significado medidas de austeridad y un índice de pobreza del 45%.
En días recientes, el estado libre asociado de EE.UU. se declaró en quiebra para reestructurar una deuda fiscal de US$73.000 millones.
El Departamento de Educación —cuyo presupuesto de US$3.000 millones representa casi el 30% del total del de la isla— señaló que ahorrará US$7 millones al año por razón del cierre de escuelas.
Pero algunos críticos de la decisión consideran que fue netamente económica y no consideró otros factores.
Una isla con menos estudiantes
"Los niños terminarán hacinados y miles de docentes van a quedar a la deriva", reclamó en una entrevista con BBC Mundo Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, un sindicato que agrupa a más de 3.000 profesores públicos.
Su preocupación la comparten decenas de educadores y representantes, que el lunes protestaron contra la medida en las entradas de los planteles localizados en diferentes regiones del territorio.
Morales, sin embargo, reconoció que ha habido una reducción significativa de población estudiantil debido a la migración en la última década de casi 450.000 puertorriqueños a EE.UU. y a la reducción en la tasa de natalidad en la isla.
El sistema escolar público pasó de tener casi 600.000 estudiantes en 2002 a 380.000 en 2015, según cifras del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Este fue uno de los factores que consideró el Departamento de Educación para decidir sobre el cierre de las 179 escuelas.
"Con menos estudiantes, era lógico que debíamos ajustar el tamaño del sistema educativo", justificó la secretaria de Educación, Julia Keleher, en conversación con BBC Mundo.
En ese ajuste, los más afectados serán los maestros transitorios, que tienen contratos temporales de renovación anual.
La funcionaria explicó que el presupuesto del año entrante podrá reducirse en un 10% al prescindir de muchos de estos contratos.
Una determinación que preocupa a centenares de docentes que hoy en día trabajan bajo esa figura legal, quienes temen no poder encontrar empleo en el futuro.
Pero Keleher argumentó que la oficina que encabeza "no es una agencia para dar empleo a todo el mundo".
"Si tengo maestros que realmente no necesito más, pues entonces deberé bajarlos de la nómina", sentenció.
Miles de dólares
Los que apoyan el cierre de las escuelas señalan que algunas tienen infraestructuras en mal estado o una población estudiantil tan baja que no se justifica su manutención.
Como la docente retirada Wanda Ramos, de 62 años, quien trabajó durante más de dos décadas en instituciones públicas y privadas.
"Hay que preguntarse si vale la pena gastar miles de dólares en mantener una escuela con pocos estudiantes y que no tenga la mejor infraestructura, cuando hay una institución cercana que podría albergar a esos alumnos", le dijo a BBC Mundo.
Estos centros educativos, según el Departamento de Educación, están dotados de instalaciones más recientes y en mejor estado.
"Con el ahorro que representan las escuelas que vamos a cerrar, podremos invertir esos fondos en desarrollar programas especiales y dar más dotación a las que quedan", agregó la secretaria de la agencia, Julia Keleher.
Según la funcionaria, en algunos institutos "ni siquiera hay libros" ni acceso a internet.
Dificultades
La promesa del traslado de los niños a centros educativos mejor dotados no alivia las inquietudes de algunos padres que viven en zonas rurales.
"Esta es una región montañosa y la escuela receptora queda como a tres kilómetros de nuestra casa", dijo a BBC Mundo Luzaina Peña, madre de un niño de cinco años.
Peña, de 31 años, es trabajadora social del mismo instituto al que asiste su pequeño, el Merced Marcano, en la localidad de Toa Alta, en el norte de la isla.
Con el cierre de esa escuela, Peña tendrá que esperar a que la reubique el Estado en un centro educativo de algún pueblo contiguo.
Todavía no sabe si el gobierno proveerá transporte escolar para su hijo, pero está segura de que no cuenta con el dinero para pagarlo.
En su papel de trabajadora social cuestiona el poco tiempo que tuvieron los maestros y padres para avisar a los niños del cambio, ya que el cierre está programado a finales de mes.
"Niños míos lloraron porque no entendían que ahora se separan y que van a otra escuela", apuntó.
"Nuestra escuela es nuestro orgullo"
Para otros padres, las escuelas gozan de aprecio en la comunidad y han servido como agentes de cambio social en un entorno de pobreza.
Así lo afirmó Adneri Rivera, que estudió hace tres décadas en la misma institución en la que hoy está inscrita su pequeña hija en el nivel preescolar y varios sobrinos.
"Nuestra escuela es nuestro orgullo", le dijo a BBC Mundo la madre de 39 años, cuyos hermanos también cursaron la primaria en el centro educativo Hipólito Cáldero, en la localidad rural de Corozal, en el centro de Puerto Rico.
Rivera calificó como un "golpe muy duro" que la escuela, con 159 estudiantes, tenga que cerrar en los próximos días.
"Este lugar ha aportado al desarrollo de personas que han brillado. Grandes escultores, pintores, hasta una Miss Puerto Rico salió de aquí", continuó afligida.
Rivera, quien es maestra de otra institución que permanecerá abierta, cuestionó que deterioros en la infraestructura y una baja nómina de estudiantes sean razones suficientes para la clausura.
Según ella, la autoridad educativa realizó una asamblea con "cientos de representantes de escuelas que solo tuvieron dos minutos para expresar por qué su institución no debía cerrarse".
Por su parte, el Departamento de Educación mantiene que se hizo un análisis exhaustivo en el que participaron los centros de enseñanza a lo largo y ancho de la lista.
A pesar del esfuerzo, Rivera cree que no fue suficiente.
"No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, cuál será su futuro".