La hija menor del rey de España, la infanta Cristina, fue imputada este miércoles en el escándalo de corrupción llamado "caso Nóos" por el juez instructor, José Castro, que la citó a declarar el próximo sábado 27 de abril.
El juez Castro, que instruye el caso por apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin, el yerno del rey Juan Carlos y duque de Palma, y su exsocio Diego Torres, citó a declarar a la infanta.
En el capítulo más grave del escándalo que complica cada vez más a la Casa Real española, la infanta de 47 años deberá declarar en calidad de sospechosa en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, donde se investiga el caso y donde hace más de un año comenzó el juicio al yerno del rey.
Según el juez, a partir de la declaración del exsocio de Urdangarin -también imputado-, Diego Torres, y sus numerosos correos electrónicos aportados a la causa surgen "una serie de indicios" que hacen dudar que la infanta desconociera los negocios de su esposo en el Instituto Nóos, que éste presidía.
La declaración de la infanta está prevista en los juzgados de Palma de Mallorca, en el marco de la causa que investiga el presunto desvío millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos.
La imputación del duque de Palma por apropiación indebida de fondos públicos y otros delitos de corrupción amenazaba desde su comienzo con arrastrar a otros miembros de la familia real.
Desvíos
El juez Castro, instructor del caso de corrupción "Palma Arena", que implicaba a políticos del Partido Popular en las Islas Baleares en España, decidió abrir una investigación en 2010 al Instituto Nóos por unos convenios firmados en 2005 y 2006.
La investigación inicial derivaría, un año después, en un caso de corrupción independiente, centrado en esta organización.
Este es el episodio más negro para la Casa Real española en casi cuatro décadas.
En diciembre de 2011, el juez acusó a Urdangarin y a Torres de delitos de malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación y falsedad de documentos.
Urdangarin era el presidente y socio clave del Instituto Nóos y su posición atraía la financiación, de acuerdo al juez.
El Instituto Nóos, supuestamente entidad sin ánimo de lucro, habría desviado fondos públicos que cobró por convenios suscritos por los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2007.