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Villegas considera que la paz en Colombia avanza a buen ritmo.
¿Hay paz en Colombia? En noviembre pasado el gobierno firmó un acuerdo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que puso fin a una confrontación de 52 años, que dejó más de 220.000 muertos y casi siete millones de desplazados.
Pero en el país continúan los problemas de seguridad: persisten las disputas por el control territorial entre grupos armados y el Estado, se ha incrementado el número de hectáreas cultivadas de coca (y algunos calculan que el país puede estar produciendo más cocaína que nunca), hay denuncias de presencia de paramilitares en algunas zonas y de decenas de asesinatos de líderes sociales.
BBC Mundo habló sobre estos temas con Luis Carlos Villegas, quien está al frente del Ministerio de Defensa de Colombia, y es por tanto el responsable de resolver esas problemáticas.
Si se pudiera medir de uno a diez el nivel de paz de un país, ¿Colombia en cuánto está?
Pues si pudiéramos medir como diez 1995, sólo por los homicidios cometidos, hoy estaríamos en cuatro, siendo diez lo más violento y cero lo menos.
Ese ha sido el descenso de la violencia en Colombia.
Y la tendencia es que podemos estar rápidamente, en dos años, en nivel tres.
En lo que va del año van 25 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el año pasado hubo 80 -puede variar, dependiendo de quién y cómo haga el conteo-, pero usted ha dicho que no hay sistematicidad. Si no hay sistematicidad, ¿por qué hay tanta gente insistiendo en que sí la hay?
Es bueno primero decir a nombre del gobierno: todo homicidio es importante, todo homicidio genera la obligación de investigación, de castigo a los responsables y de prevención para que no vuelva a suceder.
No importa si son líderes sociales o no. En Colombia todavía hay 12.000 homicidios (al año, en 2016), son la mitad de lo que eran en el año 2000, pero sigue habiendo 12.000 homicidios.
Va a haber asesinatos, en una tendencia cada vez menor, el número y la tasa cada vez menor, pero va a seguir habiendo, como en el resto del mundo.
Dicho eso, lo que no se puede hacer automático es que la pertenencia a una organización social de un ciudadano colombiano asesinado genera automáticamente una vinculación de esa persona con la defensa de los derechos humanos o el liderazgo social, y deja listo el argumento de la sistematicidad.
Eso yo por el momento no lo puedo aceptar.
¿Y por qué hay gente que insiste en eso?
Pues porque la sistematicidad ha sido en el pasado uno de los elementos que más, me parece a mí, avivó la violencia. Sistematicidad desde el paramilitarismo, sistematicidad desde las organizaciones guerrilleras, por supuesto.
En este caso esa sistematicidad no ha sido documentada. Todos estos asesinatos de supuestos líderes sociales, miembros de organizaciones sociales, parientes de líderes sociales tienen una investigación prima facie de buscar si tienen conexión unos con otros.
Y eso no ha sido identificado ni por la Fiscalía, ni por la Policía, ni por las Fuerzas Militares, ni por la inteligencia.
En segundo lugar, los resultados de las investigaciones que ya se han hecho, que van bordeando con éxito las 30, de los casos que se han reconocido entre 2016 y 2017, que son alrededor de 72, muestran causas locales.
¿Que son qué? Que son el robo de una motocicleta, que son vinculaciones desafortunadamente de esas personas asesinadas con el pequeño crimen organizado local, con microtráfico (tráfico local de drogas), de supuestos líderes que están asociados por ejemplo a programas de sustitución, donde los que están en esa zona de las mafias interesados en que no haya sustitución amenazan a esa persona.
Son causas locales lo que hemos podido hasta el momento establecer.
Inclusive accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN, segundo grupo guerrillero del país, con el que el gobierno comenzó el 8 de febrero negociaciones formales de paz), como el caso del departamento del Cauca, donde ya hay detenidos del ELN por haber ejercidos esas amenazas, inclusive asesinatos contra personas que ejercen supuestamente liderazgo social.
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Villegas señala al ELN como responsable de algunos de los homicidios de líderes sociales.
Cuando uno va a los territorios de Colombia fuera de las ciudades le hablan de la presencia paramilitar, ¿por qué el gobierno tiene tanto problema con esa palabra y no dice "sí, hay grupos paramilitares"?
Porque los grupos armados ilegales con pretensiones políticas (de derecha) ya no existen en Colombia desde ese punto de vista.
Los grupos paramilitares que ya fueron desmovilizados (a mediados de los años 2000) eran grupos que tenían un gran componente de crimen organizado, narcotráfico, minería, secuestros, y un componente político.
Esto que hay ahora es crimen organizado, son bandas mafiosas que lo que quieren no es cambiar el país, sino enriquecerse y enriquecerse ilegal y rápidamente.
Esa es la diferencia entre paramilitares y bandas de las mafias organizadas. Son grupos armados organizados que hay que perseguir como delincuencia, como delincuencia organizada, pero que no tienen un ápice de personería política.
¿Usted puede garantizar al cien por ciento que la totalidad del Ejército respalda el proceso de paz y no hay nadie que tenga interés en que no funcione o no salga adelante?
Yo creo que en los (miembros) activos está claro que del proceso de paz se derivan beneficios para los miembros de la fuerza pública. Y que por esa vía ha sido muy explícito el apoyo al proceso de paz, no solo en el mando, sino hacia abajo.
Nosotros tenemos 5.000 hombres de la fuerza pública sub judice (esperando una resolución judicial). Luego, encontrarles una solución, que es lo que se está construyendo, tiene gran simpatía aquí entre las fuerzas activas.
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Como parte del acuerdo de paz firmado con el gobierno las FARC están próximas a dejar sus armas.
Otra cosa son los retirados: allí hay una gran división entre quienes se han politizado, y eso es legítimo, son retirados, son ciudadanos que pueden hacer lo que quieran, y que han sido muy cooptados por la oposición al gobierno. Esos son los más beligerantes contra el proceso.
¿Le preocupa que en esos sectores pueda haber alguien que vaya más allá de la palabra y llegue a hechos?
No, yo no veo eso.
Con crítica y todo, con politización y todo, han sido unas fuerzas, aún los comandantes en retiro, muy respetuosas de la institucionalidad.
En 2014 BBC Mundo entrevistó al presidente Juan Manuel Santos, era otro momento, pero él nos decía en ese entonces, cuando le preguntamos si se estaban tratando de manipular sectores del Ejército en su contra: "Sí. Están tratando de manipular a muchos sectores y con mentiras. Con rumores falsos: por ejemplo, están diciéndole a los militares que los van a reducir a su mínima expresión. A los policías les dicen que les van a quitar sus pensiones para dárselas a los guerrilleros. Están haciendo una guerra sucia". ¿Cómo están las cosas ahora?
Han cambiado dramáticamente.
Cuando yo llegué a este ministerio en junio de 2015 eso estaba así como lo describía el presidente: una gran tentación de la oposición de politizar a las fuerzas, cosa que yo creo que es un gran pecado, porque si algo nos ha diferenciado siempre del resto de la región es tener unas fuerzas militares respetuosas de la institucionalidad.
Eso, al fin de cuentas no se afectó, siguen siendo profesionales e institucionales. Yo diría que hoy esa politización está en una porción de los retirados, en las fuerzas activas eso prácticamente desapareció.
¿Va a haber algún general o coronel sentenciado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que surge del acuerdo de paz con las FARC?
Esa es una pregunta con la cual yo siempre peleo.
¿Por qué? Porque se dice con mucha facilidad: "Es que hay muy pocos generales en la Justicia". No, es que no es por generales, es por culpables.
Hay muchos o pocos culpables, no coroneles o generales. Si son todos generales o no hay ninguno depende del dolo, de su culpabilidad y del proceso que se les haya seguido.
¿Pero usted siente que la JEP va a permitir demostrar culpabilidad en el caso de generales y coroneles?
Pero por supuesto, porque tiene investigación completa. Y además quien se somete a esa justicia tiene un deber con la verdad.
¿Cuánta voluntad ve usted en los altos mandos del Ejército de ir a sentarse a contar la verdad?
Yo creo que sí.
Porque es la diferencia entre que les sea aplicado un régimen mucho más duro, que es el régimen ordinario o un régimen que contempla el derecho internacional humanitario para terminar el conflicto, que es el de la JEP.
Las solas sanciones son más beneficiosas.
¿Le parece grave si no hay foto de las FARC haciendo entrega de armas?
No, siempre y cuando Naciones Unidas ponga su prestigio como aval de que esa dejación se hizo.
Yo no tengo ningún inconveniente.
¿En estos momentos cuán grandes son las disidencias de las FARC?
Tenemos un estudio muy muy detallado que nos habla de entre 5 y 7% de los 7.000 miembros de las FARC, muy atomizados en unidades que van entre 20 y máximo 50 hombres en los sitios más apartados de la selva colombiana, muy dedicados al tema del narcotráfico.
No sé si ha visto los golpes que les hemos dado en esa materia: cocaína pura incautada en Tumaco (municipio en el sur de la costa del Pacífico), laboratorios, medios de transporte, un gran depósito de armas y explosivos.
Y tenemos una inteligencia bastante buena sobre su localización, estamos en plenas operaciones contra ellos.
Yo llamo esto que queda después de las FARC "crimen organizado residual". No ya disidencias de las FARC porque ya no lo son, ya no son FARC.
Son básicamente unidades dedicadas al narcotráfico; hay algunas que todavía tienen alguna controversia con las FARC sobre la manera en que se hizo la negociación, pero eso tiene la mitad o más de ingrediente narcotraficante y de crimen organizado.
¿Cómo es el calendario para ir ocupando, por parte del Estado, los territorios que dejaron las FARC?
Eso no es un calendario, ya se ocuparon. Eso ya está.
El Plan Victoria para las Fuerzas Militares y el plan de Comunidades Seguras y en Paz de la Policía, que compromete con las zonas veredales 80.000 efectivos, ya está en pleno despliegue.
Eso es el Plan Victoria. Es una redistribución de recursos visibles por la población en todo el territorio nacional.
Yo creo que esa batalla por la ocupación de territorios que dejaron las FARC la ganamos ya.
Quedan todavía unas zonas muy difíciles: Catatumbo (en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela), norte del Cauca, Chocó, Nariño (departamentos del occidente del país). Son zonas muy difíciles, donde vamos a tener esos eventos, pero ahí está la fuerza pública.
En Catatumbo el jueves pasado murió un policía (en un ataque de Los Pelusos, que es como el gobierno llama a una pequeña fracción residual del Ejército Popular de Liberación, EPL, que se desmovilizó a principios de los 90; el gobierno considera a Los Pelusos una banda criminal, no una guerrilla).
Sí, y se capturó al jefe de Los Pelusos en Tibú (municipio que se encuentra dentro de la región del Catatumbo).
Ese era el reto más importante de la paz hace dos meses, a ver quién llegaba primero y quién ocupaba donde las FARC tenían influencia.
Pero en Catatumbo ustedes no ganaron todavía.
No, nadie ha ganado. Ya se fueron las FARC de allá, que eso es un número sustancial de personas, son 500.
Queda un ELN muy recalcitrante, Los Pelusos y algo del Clan del Golfo (antes conocido como Clan Úsuga, también una banda criminal).
Pero hemos reforzado Catatumbo con 2.500 soldados adicionales en los últimos dos o tres meses.
Después del ataque en Bogotá del domingo 19 de febrero tras el cual murió un patrullero y que dejó 25 policías y cuatros civiles heridos, ¿cuán seria hay que considerar la amenaza del ELN?
El ELN es, como toda organización terrorista, una amenaza seria. Para hacer terrorismo no se necesitan muchas personas.
Se necesita material, organización de los recursos humanos y se necesita que haya la decisión de hacer daño.
En ese sentido el ELN sigue siendo una organización terrorista muy peligrosa.
Pero es una organización de 1.500 miembros armados, distribuidos en cuatro o cinco zonas del país, no más.
Están haciendo terrorismo urbano, que causa inmensa preocupación en la población.
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Villegas dice que no puede asegurar que no se vaya a repetir un atantado como el del 19 de febrero en Bogotá.
¿Y usted puede garantizar que no se repita lo del 19?
No, eso yo no lo puedo garantizar.
Ni yo, ni el secretario de Defensa de Estados Unidos, ni el de Inglaterra, ni el de Brasil.
Haremos todo lo posible por estar pendientes de eso, pero garantizar es imposible.
En eso es muy importante la colaboración de la ciudadanía, que nos de la información para poder prevenir.
El ELN pide un cese bilateral y, hasta donde entiendo, el gobierno incrementó las acciones contra el ELN. ¿Es una buena estrategia o no sería mejor empezar a bajar la intensidad del conflicto?
No, no sería mejor.
Ya aprendimos con las FARC exactamente que la decisión era correcta.
El cese el fuego debe volverse bilateral cuando sea definitivo y cuando proceda inmediatamente después la concentración de los guerrilleros.
¿A pesar de que pueda promover acciones como la de Bogotá?
No importa.
Es un costo que hay que pagar para poder lograr una negociación exitosa.
Si no lo que se logra es el fracaso de la negociación y el fortalecimiento del ELN, eso no puede ser.
Hablemos del problema del narcotráfico: ¿cuál es el grupo más grande que controla el negocio de la coca ahora?
El ELN y Los Pelusos tienen control en el Catatumbo, el Clan del Golfo en Chocó y parte de Antioquia y, menos, en Nariño.
En Cauca hay presencia del ELN y de pequeñas mafias, pero no de organizaciones grandes.
Pero crecieron mucho los cultivos, ¿fue por el proceso de paz?
Eso tiene varias causas.
Uno, las FARC se encargaron de decir siempre que acá va a venir el gobierno a darles dinero. Eso hace cuatro años y estamos viendo las consecuencias.
Dos, la suspensión de erradicación aérea, pero no como causa del crecimiento, sino la consecuencia. Los cultivadores ya habían aprendido cómo defenderse de la fumigación aérea, en más pequeños cultivos, cultivos ilegales dentro de legales, en laderas donde el avión no podía llegar.
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Se viene registrando un importante incremento de cultivos de coca en Colombia.
Tercero, la devaluación. Como todo cultivo agrícola, si usted exporta y hay devaluación el ingreso se le multiplica. Y el dólar pasó de 1.800 a 3.400 pesos colombianos en un momento dado. Luego, con menor producción, o mayor, los ingresos se multiplican.
El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, dijo que las grandes superficies sembradas de coca no entrarán en los programas de sustitución de cultivos, sino que serán erradicadas a la fuerza…
Las que pertenecen a las grandes mafias.
Hay versiones de que estos grupos están diciendo: "Si nos van a venir a erradicar nosotros nos vamos a armar en serio y vamos a dar la pelea"…
Y nosotros seguiremos erradicando.
¿Usted tiene esa información también?
No, más bien, por primera vez tenemos información comprobable de que hay cosechas que se están quedando en los cultivos de coca.
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Villegas dice que las incautaciones de cocaína y la destrucción de laboratorios está teniendo efecto.
¿Y eso por qué?
Porque no la están comprando, porque hemos hecho un gran esfuerzo de interdicción (incautación) de cocaína pura y (destrucción) de laboratorios.
¿Por primera vez en la historia de Colombia?
Nunca antes había oído yo que no les compran la cosecha.
¿Saben cuántos kilos se perdieron?
No. Estamos en ese proceso de documentación en Cauca, en Nariño y parte de Antioquia (departamento del centro del país).
Esa es la mejor noticia que podemos recibir, porque quiere decir que sí hemos hecho lo correcto en interdicción (incautación).
Y las primeras afectadas, y la economía es racional, pueden ser esas plantaciones grandes.