El tratado en cuestión es la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptado por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y establece los derechos básicos para los menores de 18 años: desde la protección de cualquier forma de violencia hasta el respeto de sus visiones, pasando por la libertad religiosa y el acceso a la información. Más de 190 países forman parte de la convención y aunque Estados Unidos la firmó en 1995, nunca la ha enviado al Senado para que sea ratificada. Eso quiere decir que si bien respalda los derechos descritos en el documento, no está comprometido legalmente a acatarlos. Para averiguar por qué el país se rehúsa a seguir el camino de casi todo el mundo, BBC Mundo contactó al Departamento de Estado en Washington, al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a una organización no gubernamental que apoya la ratificación y a una entidad que se opone a ella.

Cuestión de soberanía

Si bien hoy Estados Unidos llama la atención por la imposibilidad de ratificar la Convención, el país fue uno de los más activos durante las negociaciones que llevaron a la adopción de la misma, apenas 11 días después de la caída del Muro de Berlín. Washington también la firmó (durante la administración del gobierno de Bill Clinton) y aún la considera positiva. Un funcionario del Departamento de Estado le envió a BBC Mundo una declaración escrita en la que asegura que "la administración apoya las metas de este importante tratado de derechos humanos, a saber, la protección del bienestar de los niños". Pero hasta ahí llega el apoyo, pues ningún presidente estadounidense -demócrata o republicano- la ha enviado para su ratificación al Senado, donde el listón es alto: se necesita una mayoría de dos tercios para su aprobación, el mismo estándar necesario para cambiar la Constitución. Y si bien el presidente Barack Obama dijo en 2008 que su gobierno la revisaría, el tema no ha cambiado. Según el funcionario del Departamento de Estado, ahora hay "desafíos domésticos de implementación", así como otros instrumentos de derechos humanos cuya ratificación es una "prioridad para la administración". El Departamento de Estado se negó a darle a BBC Mundo una entrevista para ahondar en estos argumentos. La decisión del gobierno de no ratificar el documento alimenta una tendencia según la cual Estados Unidos es reacio a adoptar tratados de derechos humanos. En muchos casos participa activamente en su elaboración, pero luego duda en las últimas instancias, como le explicó a BBC Mundo Jonathan Todres, profesor de la Universidad Estatal de Georgia especializado en derechos infantiles.

Relaciones familiares más íntimas

Steven Groves es un investigador de la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador en el que él lidera un proyecto para "proteger y preservar la soberanía estadounidense, la gobernanza con autonomía y la independencia". Como tal, se opone a la Convención. Le dice a BBC Mundo que los temas relacionados con los niños han recaído tradicionalmente sobre la familia, que tiene "autoridad plena" sobre la educación, la disciplina y la religión de los menores hasta que cumplen 18 años, siempre y cuando no estén abusando de ellos. Agrega que la autoridad competente es local o estatal, e insiste en que el gobierno federal no debería involucrarse. Explica que en este caso en particular, los encargados de la Convención ofrecen "instrucciones y recomendaciones a varios países para que eliminen el castigo corporal, para que los padres ni siquiera puedan disciplinar a sus hijos con una nalgada o para que los niños tengan una voz en su instrucción religiosa". "Me sentiría avergonzado si viviera en un país que estuviera dispuesto a empoderar a su gobierno federal de tal manera que se involucre en las relaciones familiares más íntimas, apruebe leyes y luego se presente a la examinación de un comité en Ginebra", concluye. El comité en esa ciudad suiza examina el progreso de los estados miembro. Y Groves no es el único que se opone. Basta una rápida búsqueda en internet para encontrar organizaciones que creen que la Convención causa que los padres "pierdan su derecho a ser padres" y "socava" a la familia con resultados frecuentemente "trágicos y devastadores" para los mismos niños, como dice la entidad Parental Rights. Pero esa misma búsqueda revela también que hay múltiples voces que están pidiendo que Estados Unidos deje de ser una excepción y adopte el tratado como casi todo el mundo.

Consecuencias negativas

Una de las personas que argumenta que Washington debería ser parte del tratado es Jo Becker, quien trabaja en la división de derechos infantiles de la organización Human Rights Watch. Ella le dice a BBC Mundo que algunas de las entidades que se oponen están haciendo una "lectura errónea" de la Convención, en particular porque el documento reitera la importancia de los padres y su rol en la educación de los niños. Becker agrega que la oposición no es tanto legal sino política, pues la mayoría de las leyes estadounidenses ya son compatibles con la Convención. La excepción más notable es que ésta prohíbe la cadena perpetua sin libertad condicional, que es legal en Estados Unidos. El profesor Jonathan Todres opina en la misma línea. Dice que como hay consistencias claras entre la ley estadounidense y la Convención, la implementación requeriría trabajo en pocas áreas. Otro aspecto en que Becker y Todres están de acuerdo es que la no ratificación está generando problemas concretos para los menores en el país. Becker explica que al no ser parte de la Convención, el país no se ve obligado a evaluar sus leyes sobre los menores ni a discutir cómo podría mejorar sus derechos. Y Todres agrega que la no participación de Estados Unidos "debilita la habilidad del gobierno de defender a los niños alrededor del mundo". Lo que sí cree este último experto es que, eventualmente, el país terminará por aprobar la Convención. Lo que no sabe es cuándo. Después de todo, él mismo recuerda otro ejemplo: Estados Unidos tardó 40 años en ratificar la convención que prohíbe el genocidio.