Los datos de millones de internautas en Brasil se volvieron un tesoro en disputa entre el gobierno de Dilma Rousseff, que busca obligar a almacenarlos en el país ante el espionaje de Washington, y gigantes de la red como Google, que se oponen.
El pulso ganó intensidad con la exhortación de las autoridades brasileñas al Congreso para que apruebe pronto un proyecto de ley sobre el tema que, según especialistas, podría tener efectos en internet a nivel local y quizá regional.
La secretaria brasileña de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, calificó este martes como una cuestión "estratégica" el almacenamiento de datos de internautas en el país para que estén sujetos a la ley local.
"La nación brasileña exige respeto a nuestra soberanía y la inviolabilidad de nuestros datos", sostuvo.
Algunos creen que una reforma legal de ese tipo en Brasil podría llevar a otros países latinoamericanos y de otras regiones a tomar medidas similares, cambiando el modo en que las empresas de internet operan.
Pero el asunto genera dudas de políticos y expertos brasileños ante dos preguntas básicas: ¿Qué diferencia haría tener los datos en Brasil en vez de Estados Unidos o Europa? ¿Bajaría realmente el riesgo de espionaje?
Respuesta a Washington
Lograr que grandes empresas de internet tengan en Brasil sus bases de datos de clientes locales es un objetivo que el gobierno de Rousseff se trazó hace meses.
El tema cobró impulso recientemente con las revelaciones según las cuales la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) estadounidense espió emails y llamadas telefónicas de ciudadanos brasileños, incluida la propia presidenta.
En medio de la polémica, la iniciativa para volver obligatorio el almacenamiento de datos de internautas en Brasil fue añadida, a pedido de Rousseff, en el Marco Civil de Internet, un proyecto de ley que se espera que se vote en los próximos días en la Cámara de Diputados.
El texto legal presentado este martes habilita al gobierno a exigir que la información de usuarios brasileños se guarde en el país y a establecer sanciones a empresas que incumplan con las normas. Los detalles serán reglamentados por decreto.
"Desde la óptica técnica, que es donde probablemente ocurren la mayoría de las filtraciones, da lo mismo si los datos están en Brasil o en cualquier país del mundo"
Jorge Sukarie, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Software
Sin embargo, varios legisladores ven con recelo el cambio legal propuesto.
Alessandro Molon, un diputado del gobernante Partido de los Trabajadores y autor de ese proyecto apodado "Constitución de Internet", llegó a dudar de la conveniencia de incluir la exigencia sobre las bases de datos.
Molon estima que construir centros de almacenamiento de datos en Brasil puede costarle a una empresa como Google el equivalente de hasta una semana de su facturación. El diputado añadió que la medida apuntaría a empresas con finalidad económica y de acuerdo a su tamaño, descartando que pueda alcanzar por ejemplo a blogs.
La Asociación Brasileña de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación (Brasscom), que reúne a firmas como Google y Microsoft, indicó a los diputados que crear un data center en Brasil requiere de unos US$60 millones, más que en otros países de la región o Estados Unidos, donde se necesitan unos US$43 millones. Y afirmó que mantener esa base puede salir casi el doble que en Argentina o Colombia.
"Da lo mismo"
El aumento de costos que la creación de centros de datos en Brasil tendría para empresas y usuarios es uno de los riesgos que señalaron en una carta al Congreso brasileño 45 asociaciones que reúnen firmas diversas, como Google, Facebook, Amazon y Apple.
El escándalo de espionaje impulsó la idea de Rousseff de crear bases de datos locales.
La carta advirtió además que enfocar el tema por el lugar de almacenamiento de datos "llevaría a una inseguridad potencialmente mayor de los datos en Brasil".
"Desde la óptica técnica, que es donde probablemente ocurren la mayoría de las filtraciones, da lo mismo si los datos están en Brasil o en cualquier país del mundo", sostuvo Jorge Sukarie, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (ABES), uno de los firmantes de la carta.
"Lo que importa es el tipo de software que es usado (y) que ese software tenga una garantía de seguridad, que no tenga vulnerabilidades o brechas que puedan ser violadas", agregó en diálogo con BBC Mundo.
Circulación de datos
El diario estadounidense The Washington Post reportó la semana pasada que la NSA logró infiltrarse secretamente en los principales enlaces que conectan las bases de datos de Google y Yahoo alrededor del mundo.
La información fue atribuida a documentos obtenidos por el exanalista de inteligencia estadounidense Edward Snowden y a entrevistas con funcionarios.
Ronaldo Lemos, un experto de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ) en temas de tecnología, medios y propiedad intelectual, coincidió en que colocar servidores de datos en Brasil tendría poco efecto contra el espionaje.
"El dato requiere circular, y en la medida que no va a quedarse en la base de datos, sino que va a pasar por cables submarinos y redes, queda sujeto a varias jurisdicciones, no sólo la brasileña", sostuvo.
"El dato requiere circular y en la medida que no va a quedarse en la base de datos, sino que va a pasar por cables submarinos y redes, queda sujeto a varias jurisdicciones, no sólo la brasileña"
Ronaldo Lemos, experto en tecnología, medios y propiedad intelectual
Lemos, que contribuyó a redactar el Marco Civil de Internet que se discute en el Congreso, aseguró que guardar los datos en Brasil podría ser aún más inseguro que tenerlos en países como Alemania, que tienen leyes más fuertes de protección de la privacidad.
No obstante, el ministro brasileño de Comunicaciones, Paulo Bernardo, ha dicho que las bases de datos en el país estarían protegidas por la ley local que penalizaría la quiebra del secreto.
BBC Mundo intentó conocer las respuestas de ese ministerio a las críticas que el proyecto ha recibido, pero su secretaría de prensa indicó que sólo habrá un pronunciamiento tras la votación en Diputados.
En medio del debate, el gobierno brasileño admitió esta semana que sus servicios de inteligencia espiaron objetivos diplomáticos estadounidenses, rusos e iraníes en el país, pero sostuvo que esas actividades fueron legales y negó que sean comparables a las que realiza Washington.