Más de seis años después de que inició la guerra contra el narcotráfico, que oficialmente ha causado la muerte a por lo menos 70.000 personas, en México se promulgó una legislación que pretende resarcir el daño causado por la actual ola de violencia.
Se trata de la Ley General de Víctimas, mediante la cual el gobierno está obligado a compensar a quienes sufran algún delito grave que le ocasione pérdida de la vida, secuestro o incapacidades físicas o mentales.
Es una de las demandas principales de organizaciones civiles, que ven "con esperanza" la nueva legislación. Pero es también un tema que causa polémica.
Algunos ven el riesgo de que el decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto se quede "en letra muerta", pues hasta ahora no se han establecido los mecanismos concretos para aplicarlo.
Tampoco existe presupuesto para indemnizar a las víctimas, ni está claro el papel que deben tener las distintas autoridades.
El poeta Javier Sicilia, uno de los principales impulsores de la ley, definió la sensación que existe en algunas organizaciones de derechos humanos: "Como todo primer paso, no basta", dijo el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Un problema que reconocen las autoridades. "Buenas leyes no bastan para generar justicia. Es indispensable que se hagan cumplir", respondió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Controversia
"Buenas leyes no bastan para generar justicia. Es indispensable que se hagan cumplir"
Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación
Con la Ley General de Víctimas cualquier persona que muera, sea secuestrada o sufra incapacidad física o mental durante un delito grave, podrá recibir una "compensación subsidiaria" de hasta US76.000 por parte de las autoridades mexicanas.
También tendrá derecho a obtener atención médica y psicológica, asesoría legal, becas educativas y apoyo económico para pagar los gastos de alojamiento, traslados o comidas que realice durante el tiempo que dure el juicio ante tribunales.
Contempla, además, la creación de un mecanismo especial para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, algo que organizaciones civiles demandan desde 2010.
La ley protege no sólo a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, sino a cualquier persona que en algún momento de la historia reciente hayan padecido violencia por delincuentes o autoridades.
Una comisión de cinco especialistas en derechos humanos promovidos por universidades públicas, así como cuatro candidatos ciudadanos decidirán, en cada estado del país, el tipo de ayuda que deben recibir las víctimas.
El presidente Peña Nieto afirma que la nueva ley es una de las más avanzadas en el mundo. Pero activistas como María Elena Morera, presidenta de la agrupación Causa en Común, consideran que es apenas "la mitad del camino".
De hecho, algunos cuestionaron que el decreto se publicara sin revisarse. El grupo México SOS afirma que sólo se contempla atender a las víctimas de delitos federales, además que no está claro el papel de las organizaciones civiles.
"El Estado debe reparar el daño cometido por un particular, lo que implica que los contribuyentes tendrían que cubrir el daño causado por un delincuente", insiste México SOS en un comunicado.
El factor Calderón
Pero las críticas de algunos activistas son una parte del camino que ha recorrido la ley de víctimas.
De hecho, el decreto fue aprobado por el Congreso desde abril de 2012, pero el entonces presidente Felipe Calderón se negó a publicarlo pues, afirmó, en México los legisladores no pueden emitir, por sí solos, leyes de esta naturaleza pues se requiere un precepto constitucional que les ampare.
Así, el equipo de Calderón promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual provocó que la ley de víctimas permaneciera suspendida durante ocho meses.
Una disposición que terminó el 1 de diciembre, el primer día del actual gobierno, cuando el presidente Peña Nieto anunció que se desistiría de la controversia, lo cual se concretó semanas después.
Pero la ruta no concluye todavía, recuerdan organizaciones como Amnistía Internacional.
"Es necesario que el compromiso del gobierno hacia las víctimas se traduzca cuanto antes en medidas efectivas, que garantizan acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición hacia quienes han sufrido la violencia y las violaciones de derechos humanos que diariamente se producen en el país. Esto es una de las pruebas del compromiso de este nuevo gobierno", advierte.
Por lo pronto, la Ley General de Víctimas entra en vigor el 9 de febrero. El plazo para elaborar una legislación reglamentaria -que permita aplicarla de forma efectiva- se cumple en junio.