"Compartir una mentira te convierte en un mentiroso".
Así dice el contundente eslogan de una de las campañas más radicales del mundo contra las noticias falsas: la nueva ley que aprobó esta semana la Cámara Baja del Parlamento de Malasia.
Se trata de la iniciativa "Anti fake news 2018″ del gobierno del primer ministro, Najib Razak, que establece multas de unos US$123.000 y penas de hasta seis años de cárcel por crear, publicar o diseminar noticias "total o parcialmente falsas" que afecten al país o a sus ciudadanos.
"Esta ley tiene como objetivo proteger al público ante la proliferación de noticias falsas, garantizando al mismo tiempo la libertad de expresión, según lo previsto en la constitución federal", dijo la ministra de Leyes, Azalina Othman Said.
El gobierno espera así frenar las "informaciones maliciosas" tanto de medios locales como extranjeros, incluido aquello compartido en blogs y redes sociales.
La medida ha sido fuertemente criticada por opositores y activistas, que la consideran un nuevo instrumento de censura estratégicamente aprobado a puertas de las nuevas elecciones generales.
El relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión, David Kaye, pidió a través de Twitter "que se reconsidere esta propuesta y que sea sometida a escrutinio público antes de dar más pasos".
Pero hubo más voces en contra.
"Penas draconianas"
"Este proyecto de ley es un arma para limitar la verdad, de manera que lo falso pueda mantenerse como verdadero y lo cierto pueda ser revertido como falso. Eso es algo muy peligroso para nuestro país", declaró el opositor demócrata Lim Guan Eng.
Y el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional pidió que la ley fuera eliminada cuanto antes.
Brad Adams, director para Asia en Human Rights Watch, dijo que es "un intento descarado del gobierno para evitar todas las noticias que no le gustan, ya sean sobre corrupción o elecciones" a través del uso de "penas draconianas".
Según Adams, se trata de "un esfuerzo sin precedentes para controlar lo que se dice sobre Malasia en todo el mundo".
Razak, implicado en un escándalo de corrupción por malversación de fondos públicos —el caso del fondo estatal 1MDB, expuesto por el diario estadounidense The Washington Post en 2015— buscará la reelección en los comicios que deberán celebrarse antes del 24 de agosto.
La coalición política que lidera Razak lleva gobernando Malasia durante más de seis décadas. Se espera que este viernes anuncie la disolución del parlamento. El siguiente paso es el anuncio público de la fecha de votaciones.
Más allá de Malasia
La nueva ley de Malasia es una de las más radicales. Pero el país asiático no es el único en el mundo en implementar nuevas normas y métodos para frenar las "noticias falsas".
Un comité parlamentario en su vecino Singapur está examinando una posible legislación para combatir las noticias falsas, algo que también fue propuesto hace unos meses en Filipinas.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump es uno de los líderes políticos que más se ha pronunciado al respecto, acusando a los medios de "mentirosos" y de publicar noticias falsas.
Trump llegó a crear unos "premios a las noticias falsas", que otorgó a medios de comunicación críticos con su gobierno, como la cadena CNN o el periódico The New York Times.
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De momento, publicar noticias falsas no es delito en Estados Unidos.
Sin embargo, en Europa algunos países ya están poniendo en marcha algunas leyes.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en enero una normativa para controlar, limitar y castigar la propagación de noticias falsas en internet por parte de entidades extranjeras durante campañas electorales.
La ley, que todavía no ha sido presentada, buscará reforzar los controles para evitar la injerencia en procesos electorales y obligará a las plataformas digitales a ser más transparentes sobre sus fuentes y su financiamiento.
Algunos activistas definieron la propuesta de Macron como "desproporcionada" y "contraproducente".
En Alemania, ya hay medidas en marcha. Una normativa emitida en abril de 2017 por Angela Merkel obliga a Facebook, Google y Twitter a borrar ciertos contenidos. En caso contrario, se enfrentan a multas de hasta US$57 millones.
Es la llamada "Ley Facebook".
Instituciones como la Comisión Europa descartaron a principios de este mes emitir legislaciones contra las noticias falsas. En cambio, el organismo se mostró a favor de implementar programas educativos para combatir la desinformación.
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