Desde hace dos años Ricardo Aldair Coronel Ramos, un joven mexicano de 24 años, lucha para decidir y controlar su vida.
Ricardo padece el síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista que dificulta la integración social y la comunicación con las personas en su entorno inmediato.
Por ese problema se encuentra en el estatus de interdicción, una figura legal que le obliga a contar con un tutor que toma por él prácticamente todas las decisiones, pues se considera que no puede valerse por sí mismo.
Ahora el joven y su familia pretenden que esta condición legal se modifique y se declare contraria a los derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó por primera vez en la historia analizar el tema.
Si le concede la razón a Ricardo, podría cambiar el panorama de las personas con discapacidad no sólo en México sino en América Latina.
La consecuencia, señalan organizaciones civiles, es que a diferencia de lo que ocurre actualmente se dejaría de considerar a las personas con discapacidad como menores de edad perennes y sus derechos serían los mismos de quienes no tienen este problema.
"Buscamos que se den los apoyos necesarios para que a las personas con discapacidad se nos tome en cuenta y nos permitan tomar el control de nuestra vida", le dice Ricardo Coronel a BBC Mundo.
"Que puedas decidir qué quieres hacer, a dónde quieres ir, dónde y con quién vivir, viajar, dónde trabajar o estudiar", afirma.
¿Cuánta ayuda?
"Buscamos que se den los apoyos necesarios para que a las personas con discapacidad se nos tome en cuenta y nos permitan tomar el control de nuestra vida"
Ricardo Aldair Coronel
La base del juicio que promueve Ricardo Aldair se basa en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que les reconoce igualdad jurídica como a cualquier otro ser humano.
Un asunto que no se refiere sólo al aspecto legal, sino que establece un nuevo paradigma en la relación de la sociedad con las personas con capacidades diferentes, le cuenta a BBC Mundo Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado de Ricardo.
"No sólo es preguntarnos si la persona con discapacidad puede o no tomar sus decisiones, sino analizar si existen medidas de apoyo o modelos para que esas personas puedan tomarlas", señala.
El juicio que promueven ante la SCJN pretende que el Estado mexicano garantice que todas las personas con discapacidad tengan derecho a recibir toda el apoyo necesario para integrarse por completo a la sociedad.
Ricardo Coronel, por ejemplo, necesita ayuda fundamentalmente cuando inicia trámites nuevos o se enfrenta a decisiones que no había tomado.
"Me cuestan trabajo las cosas que hago por primera vez, como tramitar el pasaporte o una tarjeta bancaria, pero si una persona me dice cómo puedo hacerlo me siento más seguro", y después ya no necesita ayuda alguna, explica.
Así, el proceso ante la Corte es el primer paso para aceptar a quienes no tienen todas las capacidades como personas iguales, explica el abogado.
"Cambiar esa figura de la tutela, que es un modelo médico rehabilitador que suple la voluntad de las personas con discapacidad y la deposita en un tercero. Lo que buscamos es que asuman el control de su vida".
"Cada quien lo que necesite"
Originalmente en México el juicio de interdicción se creó para proteger a las personas con discapacidad, quienes bajo esta figura no son legalmente responsables de sus actos.
Pero el estatus es terminante: quienes se acogen a ella son considerados permanentemente como menores de edad, sin poder decidir personalmente nada sobre sus vidas.
En el juicio que promueven los abogados de Aldair no se busca eliminar este concepto, sino adaptarlo a los diferentes estratos de capacidades físicas e intelectuales.
"En el juicio de interdicción las sentencias dicen que son incapaces. Entonces desde esa palabra no está bien", le dice a BBC Mundo Leticia Robles García, madre de Ricardo Aldair.
"No queremos que se quite (el proceso legal). Muchos chicos tienen diferentes escalas de incapacidad, hay algunos que necesitan más o menos apoyos. Se trata de darle a cada quien lo que necesite".
El futuro del juicio de interdicción en México está en marcha.
La SCJN deberá asignar el caso a uno de los once ministros que forman la Corte, quien a su vez debe escribir un proyecto de sentencia legal que presentará a sus compañeros para tomar la decisión final.
El proceso puede durar varios meses.