El juicio que define la relación entre México y Francia

El nombre está asociado al mayor diferendo diplomático entre México y Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Su caso constituye uno de los expedientes más complejos de justicia y medios de comunicación en los últimos años en la nación latinoamericana.

Se trata de Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de pertenecer a una banda de secuestradores y sentenciada por tribunales mexicanos a 60 años de prisión, cuyo tratamiento por parte de las autoridades policiales y judiciales es analizado por segunda vez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este miércoles.

Por un lado, organizaciones civiles y abogados sostienen que el juicio de Cassez se sustenta en pruebas irregulares, como un montaje televisivo organizado por la policía federal, así como en acusaciones contradictorias de testigos y víctimas.

Pero al mismo tiempo, algunos activistas y personajes del gobierno del ex presidente Felipe Calderón insisten en que la ciudadana francesa es culpable de participar en el secuestro de por lo menos tres personas.

Más allá de la polémica, la resolución que tome la Corte será "un parteaguas" para el sistema de justicia mexicano, le dice a BBC Mundo Renato Sales Heredia, procurador (fiscal) del estado de Campeche.

En los últimos años, explica, los medios de comunicación han tenido un papel importante en los procesos judiciales que se siguen a varios detenidos como sucedió en el caso de Florence Cassez. Algo que ahora puede empezar a resolverse.

"La violación de los derechos procesales derivados de la recreación mediática del tema perturba absolutamente el caso, hace que la sociedad prejuzgue sobre el mismo", dice.

Montaje

Florence Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005 por policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes la mantuvieron encerrada en una camioneta durante 20 horas, según han corroborado especialistas y el abogado de la francesa.

Al día siguiente Cassez y su ex pareja, Israel Vallarta, fueron presentados ante las cámaras de dos televisoras, que transmitieron en vivo lo que se llamó un operativo para rescatar a tres personas secuestradas.

Semanas después el entonces jefe de la AFI, Genaro García Luna, reconoció que hubo una "recreación" del rescate pero, aseguró, se hizo a petición de los medios de comunicación.

Voceros de Televisa, una de las empresas que transmitió en vivo el supuesto operativo, han negado desde entonces que solicitaran el montaje ante las cámaras.

Los abogados de Cassez afirman que al momento de la captura la francesa no recibió asistencia de la embajada de su país, como obligan convenios internacionales firmados por México.

Estos elementos, sin embargo, fueron rechazados por los jueces, quienes tampoco tomaron en cuenta las contradicciones de las víctimas, que durante el proceso judicial cambiaron varias veces sus testimonios.

A pesar de estas irregularidades Cassez fue sentenciada a 96 años de prisión, condena que se redujo a 60 años tras un segundo juicio.

Medios

Desde 2009 el gobierno de Francia planteó la posibilidad de que la condena fuera cumplida en una prisión de este país, como establece el Tratado de Estrasburgo para transferir personas sentenciadas.

Pero las autoridades mexicanas se negaron a cumplir el convenio al que se habían adherido dos años antes.

Luego, el presidente francés Nicolas Sarkozy ordenó que el caso de Florence Cassez se mencionara en todos los eventos del Año de México en Francia 2011.

El gobierno de Felipe Calderón se negó a extraditar a Cassez.

La delegación mexicana se negó a participar. Un acto cultural fue suspendido, y las relaciones diplomáticas entre ambos países se enfriaron.

El diferendo empezó a resolverse en marzo de 2012, cuando la SCJN rechazó anular la sentencia impuesta a la francesa, aunque reconoció que hubo graves irregularidades en el juicio que enfrentó.

Esa vez la Corte encargó a la ministra Olga Sánchez Cordero que elaborase un nuevo dictamen del caso, que se presentará este miércoles. Según medios locales, la nueva resolución establece realizar un nuevo juicio pero sin tomar en cuenta las principales acusaciones contra la francesa.

El anuncio causó una nueva polémica. Algunos, como María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, dice que no se toma en cuenta a las víctimas, pero tampoco se sanciona a los responsables de que el proceso haya sido irregular.

"El sistema de justicia no cambiará si no hay castigo a las autoridades que cometieron hechos que no debieron ser, como el montaje", dijo a medios locales.

Otros, en cambio, ven la oportunidad de corregir varias fallas del sistema judicial, como la presión que han ejercido algunos medios de comunicación, según explica el fiscal Sales Heredia.

"Los medios tienen un apetito desmesurado por estos temas", afirma. "Los gobiernos, las procuradurías, entregan a sus directivos información que no debe manejarse".

"¿De qué otra forma se demuestra a la sociedad que se trabaja para disminuir la incidencia delictiva? Es un círculo perverso", añade.

El gobierno del presidente de Francia, Francois Hollande ha dicho que respetará la decisión que adopte la Suprema Corte mexicana.