Casa LuchsingerImage copyright
AFP

Image caption

El gobierno de Chile aseguró que encontró folletos condenando la violencia de la policía contra los mapuches en la casa Luchsinger después del incendio.

La policía de Chile detuvo en la madrugada del miércoles a 11 miembros de la etnia mapuche a los que se acusa de ser responsables de la muerte del matrimonio conformado por Werner Luchsinger y Vivian MacKay, ocurrida en 2013, cuando su casa fue incendiada.

Este incidente causó gran conmoción en el país.

La pareja era dueña de unas tierras en la región de la Araucanía, situada a unos 700 kilómetros al sur de la capital, Santiago.

Se trata de una zona que la minoría indígena de los mapuches intenta recuperar por considerarlo un territorio ancestral.

Según un comunicado del Ministerio del Interior de Chile, durante la detención la policía decomisó una escopeta calibre 16, diez cartuchos del arma, un rifle con mira telescópica y una pistola Beretta.

A diez de los mapuches se les ha dictado prisión preventiva.

Image copyright
Getty

Image caption

Policía en Temuco, capital de La Araucanía, luego del crimen de Luchsinger McKay, en 2013.

Luego del arresto, el Ministerio del Interior de Chile presentó una querella (denuncia) contra los presuntos responsables del homicidio de Luchsinger, de 75 años, y su esposa, de 69.

El subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, precisó que se los acusa de los delitos de homicidio e incendio con resultado de muerte con carácter terrorista.

Hasta los arrestos del miércoles, la policía sólo había detenido al mapuche Celestino Córdova por el crimen.

Córdova no fue juzgado por terrorismo, sino por incendio con resultado de muerte. Ahora cumple una condena de 18 años de cárcel.

Werner Luchsinger y Vivianne Mackay murieron calcinados en su casa, ubicada en el municipio de Vilcún, en la madrugada del 4 de enero de 2013. La vivienda fue asaltada e incendiada por un grupo de encapuchados.

El crimen ocurrió en medio del conflicto mapuche que desde hace años afecta a la zona.

Comunidades indígenas reclaman tierras que pertenecen legalmente a dueños privados y empresas agrícolas o forestales.