Luis Solórzano es albañil, ecuatoriano y residente en España. En medio de la crisis económica, en 2008 se quedó sin trabajo. Sin que mediara la posibilidad de apelar su caso o buscar una solución por vía de un acuerdo, tuvo que entregarle las llaves de su casa al banco.
Es el procedimiento que aplica a miles de españoles y extranjeros que pasan por el mismo trance. Lo que, para especialistas y observadores, constituye una clara violación de los derechos fundamentales.
Agotadas todas las vías judiciales en España, Solórzano acudió a las autoridades ecuatorianas en este país. En respuesta, el defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, demandó al Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El objetivo es lograr un cambio en la legislación española que siente precedente y proteja, en un futuro, a los ciudadanos del desalojo inmediato.
Según las autoridades ecuatorianas en España, unos 6.000 ecuatorianos afectados por el impago de sus créditos hipotecarios han sido asesorados desde 2011, en los consulados de varias ciudades españolas. Unos 15.000 en total, calculan, podrían también estar afectados como Luis Solórzano.
Los ecuatorianos constituyen la tercera comunidad de inmigrantes más grande en España, tras marroquíes y rumanos.
Un largo camino
El Defensor del Pueblo de Ecuador aclaró que en ningún caso la demanda debe ser entendida como un acto contra el gobierno español. Una demanda "es la posibilidad de abrir un espacio de discusión, de reflexión y de acuerdos", explicó.
"La aplicación de esta ley no permite que las partes expongan su situación ante el juez. La ejecución se realiza de manera automática"
Ramino Rivadeneira, Defensor del Pueblo de Ecuador
Sin embargo, un eventual fallo favorable de Estrasburgo podría cambiar el panorama a todos los afectados por el problema de la hipoteca.
Pero el camino es largo. El Alto Tribunal, que tiene jurisdicción sobre las naciones acogidas a la convención de Derechos Humanos de Europa, tendrá primero que admitir la demanda, y luego alcanzar un veredicto.
España es signataria. En consecuencia, "si la sentencia es favorable a la demanda, Madrid tendrá que acatarla", explica Fernando Mariño, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.
En ese caso, sentaría un precedente al que los organismos políticos y los propios jueces podrán agarrarse para pelear el embargo de la vivienda, en condiciones de exclusión social.
Actualmente, los jueces bucean en las leyes intentando encontrar el vacío legal que les permita parar un desahucio que consideran vulnera los derechos o la dignidad del individuo.
El fuerte desempleo y la subida de intereses de las hipotecas hacen que cada vez más familias se vean incapaces de hacer frente a los pagos.
"A mí me parece una causa justa. El Derecho debe restablecer el equilibrio y preservar la dignidad de la persona. Y que no se expulse de su vivienda cotidiana a quien pudiera quedar desvalido", concluye Mariño.
Manifestantes en España luchan por encontrar soluciones alternativas al desahucio
Entregar la casa y seguir pagando
En muchos países, la entrega de la vivienda condona la deuda hipotecaria. Es la llamada dación en pago, prácticamente inexistente en España.
Esto implica que el deudor debe seguir pagando hasta el final, incluso cuando el precio de la tasación real de la vivienda cae.
"El Derecho debe restablecer el equilibrio y preservar la dignidad de la persona. Y que no se expulse de su vivienda cotidiana a quien pudiera quedar desvalido"
Fernando Mariño, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid
Es decir, si se deja de pagar la hipoteca se puede perder la vivienda y aun así mantener la deuda del crédito que se le dio para financiar la compra de la casa.
Así las cosas, son muchas las historias de eternas deudas y desalojos forzosos que, como la de Solórzano, presentan la cara más dura de la crisis que atraviesa el país.
El gobierno de España aprobó hace dos meses un paquete urgente de medidas contra la exclusión social con el que intentan frenar la avalancha de desahucios entre los más desfavorecidos.
Entre ellas, está la creación de un fondo social de viviendas para alquilarlas a desahuciados, la paralización del desalojo por dos años o un código de buenas prácticas dirigido a los bancos, acreedores de la deuda.
Sin embargo, la presión social en el país exige medidas más firmes que ayuden a solucionar el problema a largo plazo y que amplíen el abanico de personas que puedan acogerse a las nuevas leyes. Actualmente, son pocas las familias que reúnen los requisitos exigidos.
Ecuador agradecido pero exigente
Correa ha manifestado estar "preocupado" por el acceso de los ecuatorianos en España a derechos fundamentales como la vivienda.
"Valoramos la solidaridad del pueblo español con los migrantes ecuatorianos […], España abrió las puertas en un momento difícil para Ecuador", señaló el defensor del Pueblo ecuatoriano, y aclaró "pero más allá de este agradecimiento, hemos creído conveniente emprender con firmeza la defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero, porque así lo dispone la Constitución".
El pasado año, el gobierno de Rafael Correa anunció la prohibición de embargo del patrimonio nacional de ecuatorianos que contraigan deudas fuera de su país.
Evitaba así, posibles amenazas de bancos españoles a ecuatorianos de que la deuda les perseguiría en Ecuador.
Además, durante la pasada cumbre Iberoamericana, el presidente de Ecuador ya manifestaba públicamente su "preocupación" por que los ciudadanos ecuatorianos, que residen en España, tengan asegurado el acceso a derechos fundamentales como salud o vivienda.
En Ecuador, desde mayo de 2012, la dación en pago condona la deuda hipotecaria.
Sin embargo, algunos ecuatorianos afectados por el crédito hipotecario en España temen que este compromiso con los emigrantes caiga en saco roto tras las elecciones presidenciales que Ecuador celebrará en febrero.