Donald Trump acaba de pasar 11 días jugando golf y tuiteando desde Mar-a-Lago, su club al borde del mar en Florida.
El mandatario disfrutó de unas vacaciones navideñas en el calor del sur y con la satisfacción del trabajo hecho por la aprobación de su proyecto de ley de reforma tributaria, la primera pieza legislativa importante de su mandato.
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Pero, de vuelta a Washington, el presidente de Estados Unidos enfrenta la (literalmente) fría realidad de un enero lleno de plazos que se cumplen, decisiones difíciles, potenciales errores y malas noticias: un invierno de peligro para una presidencia inestable.
"Fuego y furia"
El regreso de Trump a Washington esta semana se vio marcado también por una situación inusual: la publicación de un libro sobre su primer año en la presidencia.
Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump, del periodista Michael Wolff, generó controversias por sus "revelaciones", que provocaron una reacción inmediata de la Casa Blanca y del mismo presidente, cuyos abogados incluso solicitaron que se prohíba la publicación del libro.
No le vendría mal a Trump familiarizarse con el "efecto Streisand", la lección que aprendió mejor que nadie la cantante Barbara Streisand cuando trató de que eliminar de internet las fotos de su casa que aparecieron en una desconocida página.
Cuanto más peleaba la cantante, más hacía que llamara la atención sobre las fotos. Como en este caso el intento de frenar a Wolff y su explosivo libro, que ha contado con una publicidad de la que no se puede comprar con dinero.
Las alegaciones que se hacen en el libro están haciendo que cada programa de televisión y cada portada de periódico hablen del tema, enterrando las últimas noticias sobre la buena marcha de la economía.
El libro estaba preparado para el 9 de enero, pero la editorial decidió adelantar su lanzamiento a este viernes.
Amenazar con demandas es una táctica común de Trump ya desde sus días como magnate inmobiliario. Pocas veces va efectivamente a juicio. Y en ese caso, sería muy arriesgado.
Para probar la "malicia", la ley de EE.UU. requeriría que el presidente permitiera ser investigado por los abogados de la contraparte para probar que las alegaciones del libro son reales o al menos que las hizo sin mala intención.
En cualquier caso, el presidente ya se ha visto en tormentas parecidas antes y ha salido (relativamente) intacto.
Conclusión: el libro puede estar causando estupor, pero no hay nada que haga pensar que el impacto sea reforzar lo que ya pensaban los críticos sobre lo que pasa en la Casa Blanca. Fuera de Washington, donde no todo el mundo está muy pendiente del Twitter del presidente, el gobierno puede presumir de la buena salud de la economía. La bolsa está en récord histórico, el desempleo sigue bajo, etc. Y Trump va a empezar a presumir de que su reforma de impuestos es el motivo tangible.
Melancolía presupuestaria
Una vez más, los legisladores tienen pendiente la aprobación del presupuesto del gobierno federal para el año fiscal en curso (octubre de 2017 a setiembre de 2018).
De no tomar ninguna decisión, se enfrentan al riesgo de un cierre del gobierno.
Las veces anteriores en las que no llegaron a un acuerdo (en septiembre y dos en diciembre de 2017), aprobaron gastar temporalmente al mismo nivel que el año anterior.
La última extensión aprobada finaliza el 19 de enero.
Si deciden continuar por este camino, no sería la primera vez en la historia reciente que sucede, pero en algún momento los legisladores querrán dejar su marca en el gobierno federal al redefinir cómo se distribuyen los dólares.
El muro fronterizo de Trump, el aumento del gasto en defensa, los recortes a los programas del gobierno (que alguna vez acapararon titulares, pero que ahora están olvidados) y la inversión en infraestructura están en juego.
Además, el Congreso tiene que votar para elevar los topes presupuestarios previamente impuestos o se recortarán dramáticamente los gastos militares y domésticos por igual.
Conclusión: el Congreso ha estado "pateando la pelota" sin definir ninguna jugada. ¿Finalmente tomará una decisión?
Problemas de inmigración
El 5 de septiembre, Trump comenzó una cuenta regresiva para poner fin al programa que proporcionaba un estatus inmigratorio legal temporal a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que fueron llevados a EE.UU. cuando eran niños.
Algunas personas comenzaron a perder en diciembre la protección del programa aprobado durante el gobierno de Barack Obama, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Los afectados por la decisión de Trump crecen a un ritmo de más de 100 por día.
Sin embargo, no está claro si el gobierno hará un esfuerzo especial para deportarlos.
Lo que sí está claro, sin embargo, es que está aumentando la presión política para que aparezca alguna forma de autorización legislativa para el DACA.
En un tuit del 2 de enero, el presidente trató de culpar de la situación a sus oponentes, diciendo que los demócratas "no hacen nada" y "solo están interesados en la política", lo que según él generará un mayor apoyo hispano para su partido.
Aunque parece improbable que los republicanos se beneficien de una crisis instigada por el mismo Trump, los políticos demócratas han sido blanco de manifestantes partidarios de DACA, que sienten que el partido no ha sido lo suficientemente agresivo como para forzar un acuerdo.
El presidente ha dicho que quiere que la reforma migratoria y el financiamiento del muro en la frontera con México sean parte de cualquier acuerdo sobre el DACA, mientras que los demócratas han insistido en una legislación mucho más restringida. Alguien tendrá que ceder.
Conclusión: a menos que se negocie un acuerdo pronto, cada vez más beneficiarios del DACA se verán obligados a volver a la sombra, por lo que no podrán buscar trabajos adecuados, seguridad financiera u oportunidades educativas.
Podría haber ganadores y perdedores políticos en tal situación, pero probablemente habrá mucha culpa que repartir.
Dolores de cabeza de salud
El Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) ofrece protección médica financiada por el gobierno para 9 millones de niños estadounidenses de familias de bajos ingresos, pero que al estar encima del umbral de pobreza, no califican para Medicaid.
El CHIP cuenta con un amplio respaldo bipartidista desde que se promulgó en 1997. En los últimos meses, sin embargo, ha sido centro de una disputa política, ya que los fondos estaban próximos a expirar sin que hubieran sido renovados.
A fines de diciembre, el Congreso asignó suficiente dinero para mantener CHIP a flote hasta marzo.
Pero los estados de EE.UU., que son los que administran los servicios, quieren una solución permanente, para que no tengan que seguir preparándose para una crisis presupuestaria.
Los demócratas están presionando para que se renueve el programa, mientras que los republicanos buscan amarrar la renovación a recortes en otros programas de salud del gobierno.
Las discusiones sobre el CHIP no son nada comparadas con aquellas suscitadas por la derogación del Obamacare, que no muestran señales de acabar en 2018.
En la ley de reforma tributaria aprobada recientemente, los republicanos propinaron un golpe al sistema de salud aprobado durante la presidencia de Barack Obama al ordenar que en enero de 2019 se suspenda la obligación para todos los estadounidenses de tener un seguro médico.
Esta disposición fue uno de los ejes de Obamacare, ya que aumentó la cantidad de estadounidenses saludables con un seguro e impidió que las personas esperaran hasta enfermarse para comprar uno.
Los demócratas y algunos republicanos moderados han estado pidiendo aprobar una serie de disposiciones legislativas que aportarían una mayor estabilidad a los mercados de seguros de salud en 2018.
Sin embargo, los conservadores de línea dura, parecen estar contentos con ir desmontando las bases del Obamacare hasta que este colapse completamente.
Conclusión: hay que esperar más luchas por la atención médica en 2018 y que los niños pobres sigan atrapados en el medio.
Intriga iraní
A mediados de octubre, Trump, con gran fanfarria, incluida una declaración de alto nivel de la Casa Blanca, se negó a certificar oficialmente el cumplimiento por parte de Irán de los términos del acuerdo nuclear que Barack Obama y representantes de otras cinco grandes potencias mundiales negociaron en 2015.
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Eso desencadenó un período de 60 días durante el cual el Congreso podía, por mayoría de votos, volver a imponer sanciones a Irán. Pero el Congreso eligió no hacer nada.
El 11 de enero, como lo exige el acuerdo, Trump debe decidir una vez más si certifica o no el cumplimiento de Irán.
Si lo descertifica, las consecuencias de tal decisión se verán enormemente disminuidas dada la reciente inacción del Congreso.
Sin embargo, el presidente podría elegir ignorar al Congreso y volver a imponer sanciones por su cuenta.
A mediados de enero, llegará la próxima oportunidad —que se presenta una vez cada tres meses— para que Trump finalice las exoneraciones que actualmente suspenden los castigos económicos anteriores.
Dada la afilada retórica de Trump en apoyo de las recientes protestas en Irán, podría decir que una acción más dramática está justificada.
Sin embargo, una mano demasiado fuerte de EE.UU. podría llevar al pueblo iraní a unirse en torno a su gobierno.
Conclusión: en octubre, el presidente dijo que si el Congreso no lograba "llegar a una solución" para Irán, suspendería el acuerdo.
La inacción del Congreso y los disturbios en Irán ponen al presidente en la misma situación otra vez.
Tiempos difíciles
Como si todo esto no fuera suficiente, el 19 de enero expira la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, que concede al gobierno de EE.UU. amplios poderes para monitorear las comunicaciones de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial emitida para una persona específica.
El Congreso aprobó una extensión temporal de la medida en diciembre, pero los libertarios de izquierda y derecha harán un esfuerzo por evitar otra dilatación de la norma.
En diciembre, la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto de US$81.000 millones para atender desastres, que incluye fondos para Puerto Rico, devastado por el huracán María a mediados de septiembre.
Pero el Senado todavía no ha tomado medidas concretas. Casi la mitad de los puertorriqueños sigue todavía sin electricidad.
Más allá de estas preocupaciones inmediatas, el presidente y sus colegas republicanos tendrán que ponerse de acuerdo para los próximos meses.
El mandatario podría presionar para impulsar una nueva legislación comercial, como un Tratado de Libre Comercio revisado para América del Norte (si tal acuerdo surge alguna vez de las negociaciones sobre el NAFTA con México y Canadá).
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha mostrado interés en intentar otra vez reformar los programas de seguridad social de EE.UU.
Además, sigue en curso la pesquisa de Robert Mueller, investigador especial de los posibles vínculos de la campaña presidencial de Trump con Rusia.
Una bomba metafórica en este tema —o verdaderas bombas en la península de Corea— podrían causar un caos total en todos los demás temas.
Lo que está en juego es micho, ya que los próximos meses serán la última oportunidad para que los republicanos dejen una marca antes de que el mundo político de EE.UU. se concentre en las elecciones legislativas de noviembre.
Todos los escaños en la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y varios gobiernos estatales clave estarán en juego en 2018.
¿Podrán los republicanos mantener su control unificado del gobierno de EE.UU. durante otros dos años o recuperarán los demócratas el control de al menos una cámara del Congreso, dando un golpe a los objetivos legislativos más ambiciosos de Trump?
Si las elecciones recientes (para gobernador en Virginia y Nueva Jersey y para un senador de Alabama), ganadas por demócratas, son indicio de algo, podría ser un viaje difícil para el partido gobernante.
Conclusión: las vacaciones han terminado. Enero tendrá toda la emoción del primer año de la presidencia de Trump, condensada en un mes lleno de acción.