Es frecuente verlos en la antesala de las oficinas de diputados y senadores, caminan sin problemas por los salones donde sesiona el Congreso o departen en animados almuerzos con líderes de partidos, alcaldes, periodistas y funcionarios públicos. Se los conoce como "cabilderos", representantes de grandes empresas que pretenden influir en la aprobación de leyes y programas de gobierno que les interesan. El trabajo de estos personajes es motivo de frecuente polémica, sobre todo en estos días en que el Congreso mexicano analiza varias reformas económicas que pueden afectar o beneficiar a poderosos intereses mexicanos y extranjeros. El número de cabilderos aumentó en los últimos años. Incluso el senador Miguel Barbosa, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), asegura que son "un enjambre". "En México se confunde el cabildeo con la cooptación", le dice el legislador a BBC Mundo. "Unos cabilderos sí actúan con argumentos técnicos para convencer a legisladores, otros a veces intentan cooptar". Parte del problema, según algunos especialistas, es que esta actividad no está completamente regulada y por lo mismo abundan empresas consultoras que se valen de viajes, regalos o amenazas públicas para conseguir legislaciones o decisiones de gobierno que les favorezcan.

"Siempre ganan"

La polémica más reciente ocurrió hace unas semanas, cuando el diario El Universal aseguró que empresas dedicadas al cabildeo pretendían cobrar hasta US$1 millón por modificar un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que buscaba cambiar las tasas vigentes para las personas físicas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa aludida, PriceWaterhouseCoopers, aseguró que la información era incorrecta pues la empresa consultora no gestionó encuentros con legisladores para influir en la nueva ley del ISR, además de que sus tarifas se cotizan en pesos. Pero el caso recordó a muchos el poder que tienen algunos consorcios y sus representantes. En 2004, por ejemplo, el Congreso modificó la Ley de Juegos y Sorteos para permitir la operación de casinos en el país, algo prohibido desde las primeras décadas del siglo pasado. Tiempo después se sugirió que algunos empresarios de apuestas invitaron a diputados a viajes de lujo a Las Vegas y Mónaco, para convencerlos de autorizar una industria similar en México. Luego fabricantes de alimentos con alto contenido de calorías, conocidos como "chatarra", hicieron lobby para evitar que se prohibiera la venta de sus productos en escuelas públicas. Recientemente, cabilderos ligados a consorcios mineros son señalados como responsables de lograr que no se legislara sobre las minas clandestinas o las operadas mediante excavaciones de alto riesgo que son conocidos como "pocitos", según una denuncia de la senadora Dolores Padierna.

"Se encierran los cabilderos con los legisladores, se imponen los poderes fácticos y al final siempre ganan", dijo la legisladora a Noticias MVS.

Cambios de reglamento

El escenario se repite periódicamente, recuerda el investigador José Gómez Valle, del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (Desmos) de la Universidad de Guadalajara. "Claro que han influido, cada año en la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos hay agentes o promotores de algunas causas de presionan de manera especial", le dice a BBC Mundo. El problema, sin embargo, no reside sólo en los cabilderos sino también en diputados, senadores o funcionarios públicos que ceden a las presiones, según insisten los especialistas. De hecho, la Cámara de Diputados modificó su reglamento interno para prohibir a los legisladores aceptar regalos de los representantes de consorcios de cabildeo. La enmienda también prohíbe que familiares de diputados o funcionarios de la Cámara hasta en cuarto grado gestionen citas, reuniones o pretendan influir de alguna manera en la elaboración y voto de iniciativas legales. La nueva disposición se aprobó después que se dio a conocer el cabildeo intenso de fabricantes de bebidas azucaradas para evitar que se aplicara un impuesto especial sobre sus productos. El senador Miguel Barbosa reconoció que hubo presiones fuertes de cabilderos a favor o en contra de los nuevos gravámenes a las bebidas azucaradas, incluso con campañas intensas en los medios de comunicación. Finalmente, el Congreso estableció un tributo de un peso por litro de refresco y otras bebidas con alto contenido de azúcar.

Regulación

¿Es realmente negativo el trabajo de las empresas de cabildeo? No, dice el senador Barbosa, pues incluso en algunos momentos puede ser muy útil para el trabajo legislativo. Pero se necesitan normas claras para regular el trabajo de intermediación que realizan y evitar que se favorezca a intereses particulares, según señala el investigador Gómez Valle. Sobre todo, cuando el Congreso mexicano se prepara para discutir las reformas energética y de telecomunicaciones. Son temas donde puede haber muchos intereses afectados: en 2006, por caso, la presión de las dos grandes cadenas de televisión abierta ayudó a que, en siete minutos, se aprobaran modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones que extendía indefinidamente el plazo de las concesiones para utilizar el espectro radioeléctrico, que legalmente en México es propiedad del estado. La enmienda fue cancelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero quedó como un antecedente que los legisladores ahora no quieren repetir. "Se van a discutir la reforma energética y las leyes secundarias de la telecomunicaciones y entonces habrá un despliegue importante de cabilderos. Hay que regular el cabildeo para volverlo un procedimiento perfectamente legal, adecuado a escuchar los intereses legítimos de quienes son afectados", advierte el senador Miguel Barbosa.