"Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Los convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedará en sus manos".
Invocando el artículo 87, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llamaba a la insurrección en caso de que los diputados salvadoreños no aprueben un préstamo para financiar su plan de seguridad contra las pandillas.
Bukele irrumpió este domingo en el Congreso salvadoreño escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para presionar a los diputados con el fin de que le aprueben el préstamo de 109 millones de dólares para equipar a sus fuerzas de seguridad.
Esta crisis política en El Salvador comenzó el viernes cuando Bukele convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que diera luz verde a la solicitud del Ejecutivo.
La convocatoria se fundamentaba en el artículo 167 de la Constitución salvadoreña, que establece que entre las potestades del Consejo de Ministros está el "convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden".
Pero los congresistas rechazaron la excepcionalidad de la medida y la asamblea no fue posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.
"Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna", dijo el mandatario a los que acudieron a la sede del Congreso.
Ante los hechos, Bukele recordó que la Constitución contempla la posibilidad de que se produzca una insurrección popular contra los legisladores.
El artículo 87
La militarización de la sede del Congreso este domingo escenificó el choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo salvadoreños.
Refiriéndose al artículo 87 de la Carta Magna, Bukele ya había advertido el viernes a los legisladores que los ciudadanos tienen derecho a la "insurrección" si no atienden su petición.
https://twitter.com/nayibbukele/status/1225842779475075072
Ese artículo reconoce "el derecho del pueblo a la insurrección":
Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.
El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta constitución.
Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución.
Sin embargo, más tarde el domingo, la presidencia salvadoreña emitió un comunicado en el que el mandatario pedía "calma ante la demanda de insurrección".
https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1226680163175424000
El enfrentamiento de Bukele con el Congreso salvadoreño provocó reacciones tanto en la oposición como en distintas organizaciones.
Desde la oposición acusan a Bukele de fomentar un golpe de Estado.
"Si tú crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado (…) venimos de un conflicto (armado) largo y amargo para retroceder", dijo el secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz.
Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, señaló que "El Salvador ha alcanzado logros importantes y ha ido profundizando su democracia y el Estado de Derecho mediante el respeto de las diferentes opiniones y el diálogo como forma de llegar a acuerdos que beneficien a todo el país".
"Confiamos en que el espíritu de dialogo prevalezca siempre", agregó.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, condenó el "ostentoso" despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y señaló que esto "nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país".
El plan de seguridad que desató la crisis
Aunque los homicidios en El Salvador se redujeron en un 28% en 2019, las autoridades libran una batalla contra las pandillas -"maras"- que controlan los territorios en el país centroamericano, considerado como uno de los países más violentos del mundo.
El Plan Control Territorial es la estrategia impulsada por Bukele desde la presidencia con miras a responder a los graves problemas de seguridad ciudadana.
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En agosto del año pasado, Bukele presentó la III fase del plan, que implicaba la negociación de un préstamo por US$109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ahora, Bukele está buscando que los diputados aprueben dicha negociación.
El pasado 27 de enero, legisladores de todas las opciones políticas -con excepción del izquierdista FMLN- aprobaron un dictamen que permitía al Ejecutivo sentarse a negociar el préstamo con el BCIE.
No obstante, tres días más tarde, el partido derechista Arena -que controla 37 de los 84 escaños- decidió retirar su apoyo a la resolución, con el argumento de que el tema ameritaba un mayor estudio.
Este domingo, Bukele le dio al Legislativo un ultimátum de 7 días para aprobar la negociación del préstamo.
"Si estos sinvergüenzas no aprueban el plan control territorial los volveremos a convocar el día domingo. Estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Una semana les vamos a dar".
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https://www.youtube.com/watch?v=OVd1oYV3Qbc