Los defensores de derechos humanos alrededor del mundo celebraron en 1998 la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal permanente con sede en La Haya cuya misión exclusiva es enjuiciar a las presuntos responsables de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad.
Este miércoles, sin embargo, en una polémica decisión, el gobierno de Estados Unidos anunció que sanciona a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, así como a otro alto funcionario del tribunal.
El anuncio fue hecho este miércoles por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien acusó a la CPI de "intentos ilegítimos de someter a ciudadanos estadounidenses a su jurisdicción".
En la actualidad, la CPI está investigando si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán.
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Pompeo dijo que Bensouda y Phakiso Mochochoko, jefe de la división de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación, serán sometidos a sanciones.
El funcionario estadounidense se refirió a la CPI como una "institución rota y corrompida" y aseguró que quienes continúen "dando apoyo material a estas personas se exponen a ser también objeto de sanciones".
El departamento de Estado de EE.UU. también restringió la emisión de visas a funcionarios de la CPI que participen en "los esfuerzos por investigar a personal estadounidense".
¿Qué está investigando la CPI?
A inicios de este año, la CPI comenzó a indagar sobre supuestos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses y otros actores en el conflicto de Afganistán.
Según establecen los procedimientos del tribunal, la Corte puede emitir órdenes de arresto o de comparecencia una vez que los fiscales han recabado suficiente información y han identificado a los sospechosos.
A partir de entonces, se decide si hay evidencias suficientes como para llevar el caso a juicio.
Cuando se iniciaron estas investigaciones, Pompeo se comprometió a proteger a los estadounidenses de las acciones del tribunal, al que acusó de ser "una institución política disfrazada de órgano judicial".
En un informe de 2016, la CPI había señalado que existía una base razonable para creer que los militares estadounidenses habían ejecutado torturas en los centros de detención secretos operados por la CIA.
Se espera que la investigación actual de la Corte examine las acciones de los talibanes, del gobierno afgano y de las fuerzas estadounidenses desde mayo de 2003.
Pese a que Afganistán es parte de la CPI, funcionarios gubernamentales de ese país han manifestado su oposición a la investigación.
Una relación compleja
Aunque Estados Unidos participó en las negociaciones sobre el Estatuto de Roma, que dio pie a la creación de la CPI, al final fue uno de los siete países que votaron en su contra.
En el año 2000, el presidente Bill Clinton firmó el Estatuto pero no lo envió al Senado para su ratificación.
Dos años más tarde, su sucesor, George W. Bush, retiró formalmente la firma del tratado e informó oficialmente al secretario general de la ONU a través de una notificación en la que señalaba que Estados Unidos ya no tenía intención de ratificar el tratado y que no está sometido a ninguna de las obligaciones establecidas en el mismo.
El gobierno de Bush intentó lograr convenios bilaterales con distintos gobiernos alrededor del mundo para que se comprometieran a no enviar a ciudadanos estadounidenses ante la CPI.
El motivo de esta solicitud obedecía a que aunque en principio la CPI no puede juzgar a ciudadanos estadounidenses debido a que ese país no es parte del Estatuto de Roma, el Tribunal sí es competente en los casos en los cuales los supuestos crímenes han sido cometidos en territorio de uno de los estados que sí son parte.
En todo caso, la relación entre Washington y ese tribunal internacional no ha sido del todo negativa.
Según destaca Human Rights Watch, en 2005, Estados Unidos no usó su derecho a veto para detener una solicitud en la cual el Consejo de Seguridad de la ONU le pidió a la CPI investigar los crímenes cometidos en Darfur (Sudán).
De igual modo, en 2011, Washington votó a favor de una resolución del Consejo de Seguridad que remitía el estudio de la situación en Libia a la CPI.
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