El día después del anuncio de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una multitud se dirige a la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad.
No hace falta preguntárselo a quienes llevan pancartas o cacerolas. Pero los novios que caminan agarrados de la mano, las amigas ejecutivas salidas del trabajo, la pareja de ancianos y la que va con su perro responden igual cuando les pregunto hacía dónde van.
"Vamos a lo de Petro", contestan y empieza uno a preguntarse qué tan significativo puede ser lo que se está gestando en esta ciudad luego de la destitución de Petro y su inhabilitación para cualquier cargo público por un período de 15 años anunciada el lunes por la Procuraduría General.
Recuerdo la advertencia que me hicieron antes de empezar esta corresponsalía de que en Colombia "no se protesta".
Pero hoy una muchedumbre insatisfecha abarrota la plaza. Parece haber más gente que la noche del lunes, cuando se conoció la medida contra Petro.
Aquel día había indignación y sorpresa. Pero ahora la gente se congrega para "resistir" hasta revertir algo que la mayoría de quienes no están en esta plaza probablemente considera una ya decisión irreversible.
Faltan varias horas para que el alcalde, figura emblemática de la izquierda colombiana, invite a sus simpatizantes a acompañarlo en "la mayor movilización popular en la historia de Bogotá", a la que ha convocado para el próximo viernes.
Convocatoria amplia
Es posible que esa supuesta pasividad colombiana esté cambiando. Tal vez nunca fue del todo cierta, a juzgar porque en el podio de la plaza de Bolívar, justo al lado de Petro está César Pachón, uno de los rostros de la protesta campesina que paralizó el país en agosto pasado.
Petro quiere hacer de su causa una "lucha por la democracia".
También están algunos líderes indígenas, de quienes el defenestrado espera traer miles a la capital –incluidos aquellos que en julio del año pasado desalojaron una base del ejército en el norte del Departamento del Cauca.
En la concentración también hay representantes de otros sectores curtidos en protestas y marchas, como sindicalistas y estudiantes.
Petro quiere convencer a los colombianos de que la suya es la causa de la paz y la democracia, en la que un funcionario elegido popularmente, él, se defiende de una destitución injustamente ordenada por otro nombrado por el congreso, el Procurador Alejandro Ordónez.
También se explota la historia del exguerrillero que se desmovilizó para apostar por la vía democrática y ahora se encuentra "políticamente muerto" por la decisión del Ordóñez, un hombre históricamente vinculado con la derecha.
Apoyos
Muchos consideran que la medida contra Petro es excesiva.
La mayoría de la población de la capital parece estar del lado de Petro.
Según una encuesta de la consultora local Datexco, publicada este miércoles, seis de cada diez bogotanos consideran injusta la destitución de un alcalde que llegó al poder con el voto del 33%.
Ese apoyo es significativamente menor entre los estratos más altos de la capital colombiana que entre los sectores populares.
El alcalde podría tener problemas para lograr movilizar incluso a muchos de los que no están de acuerdo con la medida, quienes quizá no quieran ser instrumentalizados políticamente.
A la plaza tampoco acuden los que aspiran que todo se resuelva por las vías legales. Tampoco están los que temen un eventual brote de violencia, el eterno condicionante de la protesta social colombiana. Y en ese temor suele haber una división de clase.
Hay que considerar también que un importante sector de la sociedad colombiana considera que el Procurador se limitó a aplicar la ley y por tanto no apoyan los reclamos de Petro.
Pero incluso entre los que consideran desproporcionada la sanción del procurador, ¿cuántos estarán dispuestos a marchar a su lado o a concentrarse en la plaza? ¿Para obtener precisamente qué? ¿Por cuánto tiempo?
Percepción extremista
A juzgar por la gente que colma la Plaza de Bolívar una cosa parece segura: al llamado de Petro responderán los sectores tradicionalmente llamados de "izquierda" y aquellos que se benefician o se identifican con las políticas de su gobierno.
Aquí ondean banderas rojas de sindicalistas, las amarillas de la Unión Patriótica y las tricolores del M-19, el movimiento guerrillero devenido en partido político en el que militó el alcalde.
En la concentración están los "recicladores" –beneficiarios de la reforma del sistema de recolección de basuras que provocó la sanción–, los defensores de los animales y la comunidad LGBTI; además de numerosos habitantes de los barrios humildes del sur de la ciudad, donde se concentra el apoyo al alcalde.
Desde La Habana, las guerrilleras Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) también llaman a participar en la marcha del viernes.
Esa invitación podría hacer sospechar a algunos que se trata una movilización "de la ultra izquierda".
Si es sólo la izquierda la que sale a las calles, aunque lo haga como nunca antes, será difícil predecir la dinámica política que podría establecerse con la "derecha".
El pasado sugiere que una demostración de fuerza de ese tipo podría terminar generando más polarización y violencia entre los colombianos.
Por eso, tal vez lo menos importante de todo son los números, bien sea la cantidad de gente que participará en las marchas o el número de días que estén dispuestos a pasar "en resistencia".
Entre los colombianos hay dos preguntas particularmente urgentes: ¿cuánto ha avanzado Colombia en materia de tolerancia política? y ¿qué tanto se puede conseguir con la protesta, sin poner en jaque la institucionalidad, ni recurrir a la violencia?
El pulso en el que se ha embarcado el destituido alcalde de Bogotá puede contribuir a darles una respuesta.