La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles por la noche en términos generales una controvertida y extensa reforma al sector energético del país, que hasta ahora ha permanecido firmemente controlado por el Estado.
La reforma fue aprobada por 354 votos a favor, 134 en contra y ninguna abstención.
Tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el gobierno, como el conservador Partido Acción Nacional (PAN), en la oposición, y otras fuerzas políticas menores votaron a favor de la reforma.
En cambio, los partidos de izquierda, entre ellos el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se opusieron.
La normativa mantendrá el crudo en manos del Estado pero, lo más crucial, permitirá la intervención de compañías energéticas privadas y extranjeras.
Aún falta finalizar detalles y objeciones individuales a la reforma, que continúan debatiéndose en el Congreso hasta que se llegue a un acuerdo.
El gobierno afirma que se trata de una medida clave para apuntalar la estancada producción de hidrocarburos y dar un nuevo impulso a la segunda mayor economía de América Latina y décima productora mundial de crudo.
Pero quienes se oponen acusan al gobierno de renunciar a la soberanía de los recursos naturales del país.
Exploración y extracción en manos privadas
"Aún falta finalizar detalles y objeciones individuales a la reforma, que continúan debatiéndose en el Congreso hasta que se llegue a un acuerdo"
La polémica reforma es la mayor revisión que se ha hecho al sector energético desde que éste fue nacionalizado en 1938. Y es una de las piezas clave del programa económico del presidente Enrique Peña Nieto.
Con esta normativa, el gobierno busca impulsar la producción de crudo del monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que ha caído en un 25% desde su récord de 3,4 millones de barriles por día en 2004.
El plan permitirá que inversores privados lleven a cabo la exploración y extracción de crudo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, con modalidades que van desde contratos de servicios, de utilidad o producción compartida.
Si bien encuestas de opinión pública dejaron en evidencia que la mayoría de los mexicanos está a favor de que Pemex mejore su desempeño, otros sondeos apuntan a que más de la mitad de la población –el 54%- se opone al ingreso del capital privado en la paraestatal.