El controvertido Brexit llega finalmente con la salida oficial de Reino Unido de la Unión Europea (UE) este 31 de enero, aunque la incertidumbre respecto a sus efectos prácticos todavía está lejos de ser despejada.
Una de las principales reivindicaciones de quienes apoyaron este proceso en el referéndum de 2016 es que el gobierno británico recupere el control total sobre las políticas migratorias.
Bajo el ala de la UE, Londres tenía que seguir las regulaciones acordadas por todos sus Estados miembros, aunque solo en algunas áreas. Por ejemplo, uno de los principios básicos de la UE es el del "mercado interior", que consiste en permitir la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas.
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Desde la entrada en vigor de este mercado único en 1993, "los ciudadanos europeos pueden vivir, trabajar, estudiar o hacer negocios con libertad" en cualquier otro Estado de la UE.
Como consecuencia de ello, el saldo migratorio neto anual de ciudadanos de la UE a Reino Unido se disparó hasta alcanzar su punto más alto durante el primer trimestre de 2015, con 219.000 llegadas. Desde el referéndum, sin embargo, está cifra ha caído hasta los 48.000 del segundo trimestre de 2019.
A la vez, miles de ciudadanos británicos se beneficiaron de esta política y emigraron a otros países de la UE.
Por ejemplo, la colonia británica más grande se encuentra en España, donde viven unas 250.000 personas provenientes de las islas británicas. Más de un tercio tiene más de 65 años, ya que el sol y un clima más amable que el de Reino Unido convierte al país en un atractivo destino para jubilarse.
Todos estos inmigrantes británicos y europeos tienen la libre circulación garantizada hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando acaba el llamado periodo de transición.
Para entonces, Reino Unido y la Unión Europea deberán haber acordado los nuevos términos de la relación que tendrán en el futuro.
¿Y América Latina?
¿Cambia algo para los latinoamericanos que quieran ir a Reino Unido a hacer turismo, estudiar o trabajar?
No. La libre circulación de personas solo se aplicaba a ciudadanos de la UE y Estados con acuerdos especiales como Suiza o Noruega. Los llamados extracomunitarios, personas de fuera de la UE, estaban y siguen sujetos a otras normas.
Por ejemplo, muchos de los países europeos son firmantes del Acuerdo de Schengen. Según este, sus territorios conforman el Espacio Schengen y todo aquel que haya entrado en él, podrá moverse libremente de nación en nación sin tener que pasar por controles fronterizos.
Es por eso que, por ejemplo, cuando alguien solicita una visa de turismo a Francia, esta le sirve también para entrar luego en Alemania, Portugal o cualquier otro de los 26 países que forman parte del Espacio Schengen. Pero no en Reino Unido.
Los británicos siempre prefirieron mantenerse fuera de este acuerdo e imponer las exigencias para elingreso de personas a su país según su propio criterio.
Por eso, por ejemplo, si eres peruano o colombiano, no tendrás que pedir visa para visitar un país Schengen. Pero sí deberás hacerlo si quieres ver el Big Ben en Londres o darte un paseo por Escocia.
En cuanto a las visas de trabajo, cada país europeo concede la suya bajo distintos criterios. Es por eso que alguien con una visa de trabajo para Suecia solo podrá trabajar en Suecia.
Lo mismo ocurre con las visas de estudio para periodos de más de tres meses: alguien con una visa de estudio para Bélgica solo podrá estudiar en Bélgica. En ambos casos, su visa permitirá viajar libremente por el Espacio Schengen, pero no realizar esas actividades.
¿Y Reino Unido? Como ya regulaba por su cuenta las visas, nada cambiará para los ciudadanos extracomunitarios, como los latinoamericanos, que tendrán que seguir pidiéndola para estudiar y trabajar allí.
El Brexit, y los términos que se convengan durante el periodo de transición, afectarán solo a los ciudadanos de la UE.
Demanda de trabajadores
Aún no se sabe qué pactarán británicos y europeos, y hasta existen serias dudas de que Londres y Bruselas vayan a llegar a un acuerdo antes de la fecha límite. Lo que es seguro es que Reino Unido, tanto el sector privado como el público, tiene una gran dependencia de mano de obra extranjera.
Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) ya tenía un problema de escasez de mano de obra antes del referéndum. Este se ha visto agravado por la renuncia de sus más de 10.000 trabajadores europeos que decidieron irse del país tras la consulta de 2016.
Otro sector que se verá afectado es el de los restaurantes y hoteles, que según cálculos de la patronal, necesitará contratar a unos 60.000 británicos más cada año para cubrir el hueco que dejen los europeos cuando acabe el periodo de transición.
Será una tarea complicada. Actualmente, el desempleo en Reino Unido es de apenas el 3,8% y la tasa de empleo se sitúa a un nivel récord: 76,3%. La demanda de trabajadores es tan alta que hay inmigrantes que consiguen un puesto en el sector formal recién llegados y sin hablar inglés.
Es por eso que a muchos empresarios les preocupa que el flujo de trabajadores europeos continúe reduciéndose, como ha sucedido en los últimos cuatro años.
Según el primer ministro británico, Boris Johnson, esto no será un problema porque implementará una política migratoria con un sistema de puntos como el que ya usa Australia y que, en su opinión, será "más justo".
Reino Unido tiene una gran comunidad de inmigrantes y no solo europeos.
Las más grandes, según datos de 2018, son la polaca y la india, cada una supone el 8,9% de los residentes en Reino Unido nacidos en el extranjero. Les siguen Pakistán (5,7%) y Rumanía (4,2%).
Algunos partidarios del Brexit han calificado de injusta la diferencia de trato que se da a estos colectivos distintos.
Mientras que polacos y rumanos pueden ingresar libremente y sin ninguna condición a Reino Unido a buscar trabajo, indios y pakistaníes deben cumplir requisitos y restricciones para obtener un visado, como por ejemplo: contar con una oferta de trabajo por un salario superior al del mercado o tener formación en un sector determinado.
Atraer a "los mejores talentos"
Johnson ha sugerido que una caída de mano de obra europea se puede compensar con medidas que faciliten la inmigración desde otras regiones del planeta.
"Al poner a la gente antes que a los pasaportes, tendremos la capacidad de atraer a los mejores talentos de todo el mundo, estén donde estén", afirmó este lunes cuando anunciaba una visa exprés para científicos que entrará en vigor el 20 de febrero.
Ya en los últimos años, esta tendencia potencial de reemplazar la inmigración europea con la extracomunitaria había empezado a asomar en las estadísticas.
Mientras el saldo migratorio neto anual de ciudadanos de la UE caía tras el referéndum, el de extracomunitarios se incrementaba.
En marzo de 2016, este saldo era de 168.000. En junio de 2019, había crecido un 36% hasta situarse en 229.000.
¿Se beneficiarán de esto los latinoamericanos que quieran trabajar en Reino Unido?
El saldo migratorio incluye a personas de todas las edades y es el balance que queda después de comparar las cifras de inmigrantes que llegan y los que se van.
Pero si queremos evaluar el mercado laboral, conviene más ver el volumen de extranjeros que solicitaron por primera vez el número de seguridad social en Reino Unido, necesario para poder trabajar.
Entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, la cifra de extracomunitarios que pidieron por primera vez este número creció en un 50% hasta alcanzar las 293.000 personas, según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido (ONS por sus siglas en inglés). De estas, el 37% provenían de India.
Aunque, se entiende que también debió de haber una subida entre los latinoamericanos, ya que los registros muestran que los originarios de Sudamérica y Centroamérica aumentaron de 10.000 a 15.000 y los de Norteamérica, de 14.000 a 20.000.
No hay en la mira ninguna medida hecha expresamente para facilitar la inmigración desde América Latina, pero hay algunas más amplias que pueden acabar, al menos, reduciendo las ventajas que los europeos tenían frente a otras nacionalidades a la hora de buscar empleo.
Por ejemplo, cuando los estudiantes extranjeros en Reino Unido se gradúan, el gobierno les permite quedarse a buscar trabajo pero solo durante cuatro meses. Este plazo, ahora, se extenderá a dos años, según anunció el gobierno británico el año pasado.
Así, estudiantes extracomunitarios como los latinoamericanos no solo tendrán más tiempo, si no que si al final del periodo de transición Johnson no acuerda ninguna condición migratoria especial con la UE, el atractivo que tenía contratar empleados europeos (menos papeleo y costo para la empresa) desaparecería.
Pero como el mismo Johnson apunta, estas son medidas dirigidas a atraer a personal cualificado, con educación superior y a "las mentes más talentosas del mundo".
¿Qué pasa entonces con los miles de puestos de sin o con poca formación que necesitarán llenar sectores como el agrícola o el de la restauración?
"Si bien es importante atraer a empleados con altas cualificaciones, los de baja cualificación siguen estando muy demandados por las empresas", le decía a la BBC hace un mes Matthew Fell, del lobby CBI, que criticó que los planes en materia de inmigración se concentraran demasiado en atraer a "los más brillantes y a los mejores".
Hace un año, Carolyn Fairbairn, la directora de la patronal británica Confederation of British Industry (CBI), advertía de los riesgos económicos de no tener en cuenta las necesidades de mano de obra no cualificada.
"Nuestra economía es muy dependiente, en sectores absolutamente cruciales, de los llamados trabajadores no cualificados. Por ejemplo, en nuestro sector del cuidado a personas mayores…", afirmó, según publicó The Guardian.
"Es razonable querer reducir el nivel de inmigración. Pero no debemos subestimar la escala del cambio que esto significaría para nuestra economía y el inmenso daño que le haría a nuestros niveles de vida y comunidades si se hace demasiado rápido".
De momento, todavía queda por ver si Reino Unido y la UE pactan alguna condición especial para sus ciudadanos. El Comité de Asesoramiento Migratorio presentó el martes un informe en el que urgió al gobierno a reducir el salario mínimo que pide para otorgar visas y, sobre todo, a tener un plan migratorio listo para el día después del Brexit.
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