Las protestas por la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, completaron su quinto día sin dar señales de debilitamiento.
Pero la pregunta de si la indignación generada por la medida puede lograr la suspensión de la sanción y, de paso, transformar la política colombiana –como pretende el alcalde– todavía queda pendiente de respuesta.
Efectivamente, en la noche del viernes, el alcalde volvió a reunir a decenas de miles de personas en la céntrica Plaza de Bolívar de la capital colombiana: "Hay unas 60.000 y contando", le dijo a BBC Mundo uno de los asesores de Petro poco antes de que éste se dirigiera a los manifestantes.
Y se trató, sin duda, de la mayor de las movilizaciones desde que, el lunes pasado, la Procuraduría General de la República anunció la sanción en contra del funcionario por supuestas ilegalidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital.
No fue, sin embargo, como quería Petro, "la mayor movilización popular en la historia de Bogotá", ni mucho menos.
Aunque el alcalde capitalino sí logró cumplir el segundo de sus objetivos: completar cinco días de movilizaciones masivas sin que se produjera ningún hecho de violencia.
El tamaño no importa
"Independiente del tamaño, ya es inmensa, ya es gigante, ya es colosal, por el significado, por el rechazo a la felonía (del Procurador Alejandro Ordóñez)", le dijo además a BBC Mundo Carlos Arturo Velandia, un exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) actualmente vinculado al Instituto de Estudios para la Paz de la Universidad de Barcelona, que es crítico de la sanción del Procurador.
"Esto es algo que no vivíamos desde los años 70 en Colombia. Pasaron 40 años antes de que volviera a haber manifestaciones ciudadanas, muchas de ellas espontáneas, sin miedo (de la gente) a decir lo que piensa"
Antonio Navarro Wolf, exmiembro del M-19
Y en el mismo sentido se expresó Antonio Navarro Wolf, quien como Petro en su momento perteneció al movimiento guerrillero M-19 y fue protagonista del proceso de paz que permitió la desmovilización del grupo rebelde en 1990.
"Aquí la pregunta clave es si esto renace después del receso de Navidad y año nuevo. Si esto renace, cambió la situación política del país", afirmó Navarro.
"Poco a poco –lo hemos visto en las manifestaciones campesinas, en las manifestaciones estudiantiles– hay un renacer del movimiento popular", explicó el exguerrillero.
Y agregó: "Esto es algo que no vivíamos desde los años 70 en Colombia. Pasaron 40 años antes de que volviera a haber manifestaciones ciudadanas, muchas de ellas espontáneas, sin miedo (de la gente) a decir lo que piensa".
Desbordada
Petro llamó a retomar la movilización tras las fiestas navideñas. Pero reconoció que es un reto, así como el de dar dimensión nacional al reclamo.
Ciertamente, la imagen de una plaza abarrotada hasta el punto de desbordarse por las calles adyacentes como resultado de una convocatoria hecha desde "la izquierda" no es algo común en Colombia.
Comparada con las manifestaciones de los días precedentes, la convocatoria del viernes también parecía un poco más amplia, con diferentes actores unidos en rechazo a una sanción que, según las encuestas, la mayoría de los colombianos considera cuanto menos excesiva.
"Se siente más fuerza, más comunidad con diferencias, con distintos manejos políticos", coincidió Blanca Cecilia Medina, de 60 años, una trabajadora social independiente que dijo no haber faltado ni un solo día a la plaza desde el inicio de las protestas.
En su discurso, sin embargo, el mismo Petro reconoció que uno de los principales retos del movimiento que lo apoya es "poder pasar como movilización ciudadana al año entrante", además de darle al mismo una dimensión verdaderamente nacional.
"Este movimiento ciudadano no se agota en las fiestas navideñas. No nos podemos dar ese lujo", advirtió el destituido alcalde.
La presión social, clave
Y aunque el burgomaestre anunció diferentes actividades en la Plaza de Bolívar durante el período festivo –incluyendo la celebración de una "novena por la paz"–, también dejó en claro que el examen más importante tendrá lugar en 2014.
"El 10 de enero volver a llenar esta plaza, el 10 de enero volver a demostrarles que esto no es flor de un día, que no nos vamos a cansar, que aquí comenzó una revolución democrática pacífica que es la que puede construir la paz de Colombia"
Gustavo Petro, destituido alcalde de Bogotá
"El 10 de enero volver a llenar esta plaza, el 10 de enero volver a demostrarles que esto no es flor de un día, que no nos vamos a cansar, que aquí comenzó una revolución democrática pacífica que es la que puede construir la paz de Colombia", pidió Petro, quien ha mantenido que en su caso la presión social será clave para garantizar lo que él considera el adecuado cumplimiento de la ley.
"Aquí se está definiendo si es posible la paz o no, si es posible la democracia o no", aseguró además el alcalde, quien sostiene que al destituirlo el procurador violó el artículo 323 de la Constitución, usurpando funciones exclusivas del Presidente, todo con el propósito de sabotear las conversaciones de paz que el gobierno actualmente sostiene con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El grupo insurgente parece compartir esa interpretación.
"Desde hace varios años el establecimiento ha insistido hipócritamente en que el éxito de la figura de Petro era la demostración de que en Colombia es posible realizar actividad política de izquierda, sin armas", declaró la delegación de paz de las FARC en un comunicado emitido en La Habana.
"De un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia, y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente", afirmaron los rebeldes, quienes calificaron la medida como un "grave golpe contra el proceso de paz… que afecta la confianza y la credibilidad".
La marcha fue amplia, pero no "la mayor movilización popular en la historia".
Voces por el procurador
En los cinco años que lleva en el cargo, sin embargo, el procurador Ordóñez –un ferviente católico vinculado al Partido Conservador– ha sancionado a más de 800 funcionarios públicos de todos los sectores del espectro político.
Aunque el funcionario ha optado por no pronunciarse sobre el fondo del caso Petro, no han faltado tampoco voces que lo defienden y afirman que al sancionar al alcalde bogotano solamente estaba cumpliendo con la ley.
Si eso es cierto o no es algo que, según parece, podría terminar dirimiendo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el mismo viernes admitió un recurso de tutela interpuesto por los abogados de Petro.
Al mismo tiempo, el alcalde bogotano anunció que la semana que viene viajará a Washington para presentar personalmente su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y el viernes también entró en liza el presidente Juan Manuel Santos, quien anunció que tenía planeado reunirse "de manera individual" con el alcalde de Bogotá y con los jefes de los organismos de control, "para asegurarnos que las instituciones, como debe ser en una democracia fuerte, prevalezcan".
El presidente y el alcalde
El mandatario reiteró sin embargo que, en tanto presidente, respetaba las decisiones de dichos organismos, así como el "legítimo" derecho del alcalde capitalino de "usar todos los recursos que estén a su disposición que la ley le concede".
Pero la cosa podría terminar complicándosele un poco más a Santos, pues cada vez parece adquirir más fuerza la interpretación que sugiere que una eventual destitución del alcalde mayor de Bogotá tiene que pasar obligatoriamente por el presidente.
La gran pregunta es si, en ese caso, el mandatario puede tomar decisiones al respecto o es nada más el ejecutor designado de las sentencias.
Así las cosas, la opción de "lavarse las manos" en lo que tiene que ver con el futuro de Petro podría no ser para Santos una posibilidad real.
Y de cara a una posible reelección, eso podría tener sus consecuencias.