El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, invitó a sus simpatizantes a ayudarle a organizar "la mayor movilización popular en la historia de Bogotá" el próximo viernes.

La ambiciosa movilización, a la que Petro espera se sumen indígenas y campesinos llegados de todo el país, será clave en sus esfuerzos por intentar revertir una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la República que, además de ordenar su salida del cargo, no le permitiría ocupar ningún cargo público por 15 años.

Los opositores de Petro han aplaudido la medida del Procurador como una aplicación estricta pero justificada de la ley y un castigo previsible ante el desorden administrativo que, para muchos, ha caracterizado a la gestión del alcalde.

En cambio, hablando ante las miles de personas que se congregaron por segundo día consecutivo en la céntrica plaza de Bolívar de Bogotá para protestar por la medida, el alcalde presentó la batalla para evitar su destitución como clave para el futuro de la democracia colombiana.

"El mundo se está preguntando, ¿cómo es posible que el voto popular hoy no sea respetado en Bogotá?, ¿cómo es posible que se hizo un proceso disciplinario para abolir el voto popular?", aseguró Petro, un exguerrillero desmovilizado, quien también advirtió que su salida de la alcaldía podría generar una crisis de gobernabilidad en la capital colombiana.

Pero el alcalde también destacó que las movilizaciones ciudadanas a las que convocó una vez se conoció la sanción de la Procuraduría no han generado "ni un solo hecho de violencia".

¿Sanción desproporcionada?

El alcalde bogotano fue sancionado el lunes, acusado de irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basuras de la capital colombiana, producidas hace casi exactamente un año.

Petro enfrenta la sanción disciplinaria, entre otras razones, por haber buscado limitar la participación de empresas privadas en la recolección de basuras, ignorando múltiples advertencias que señalaban que tal restricción violaba las normas de protección de la libre competencia vigentes en el país.

También se le endilgan fallas administrativas en la implementación del sistema, que fue objeto de numerosas críticas por las extendidas interrupciones que sufrió el servicio en los primeros días de su lanzamiento.

No obstante, según el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Arturo Wallace, muchos consideran el castigo desproporcionado.

Y la decisión del Procurador General, Alejandro Ordóñez, también ha generado un debate sobre la conveniencia de permitir que un funcionario electo por voto directo pueda ser removido de su cargo como resultado de un proceso disciplinario sin implicaciones penales.

"Petro puede recurrir su sanción ante el mismo Procurador, pero pocos creen que este revierta su sentencia. Por eso el alcalde le está apostando a la presión popular y también ha dicho que piensa recurrir a tribunales internacionales", explicó nuestro corresponsal.

"Y aunque es difícil imaginar al Procurador cambiando su dictamen por causa de las manifestaciones, el alcalde puede felicitarse por la cantidad de gente que acudió a la concentración de este martes, tal vez incluso en números mayores que el mismo lunes", agregó Wallace.

El alcalde, sin embargo, quiere hacer de la suya una causa nacional.

Si lo logrará o no se empezará a saber el viernes.