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La CIJ es el máximo tribunal internacional de la Organización de Naciones Unidas.
La complejidad de las relaciones entre países vecinos es una realidad que muchas naciones experimentan. A menudo, la única solución para reducir tensiones es la intervención de un mediador independiente.
En años recientes, varios países latinoamericanos han acudido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en Holanda, para resolver sus diferencias.
Entre ellos Bolivia, que este martes presentó una réplica en el litigio que mantiene con Chile para obtener una salida al mar.
Desde 2013, el gobierno de Evo Morales pide a la CIJ un fallo que obligue a Chile a negociar el histórico reclamo boliviano de una restitución de una salida soberana al océano, perdida en la guerra del Pacífico en 1879.
Ahora, el gobierno chileno tendrá acceso a la réplica boliviana y dispondrá de plazo hasta el 21 de septiembre para plantear su respuesta.
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Este martes los bolivianos marcharon para exigir la restitución de la salida soberana al océano Pacífico.
Además de este caso, hay otras seis disputas entre países latinoamericanos litigándose en el máximo tribunal internacional, con sede en La Haya (Holanda).
Esto representa el 50% de la totalidad de casos manejados en la actualidad por la CIJ.
Y todos tienen que ver con disputas territoriales.
Los expertos en la materia consideran que la intervención de la CIJ se ha vuelto más frecuente pues los países buscan explorar y aprovechar sus recursos naturales al máximo.
La mayoría de los casos que involucran a la región se introdujeron en la Corte durante los últimos 20 años.
De los aproximadamente 140 casos que se han iniciado en la CIJ desde 1947, el 19% le pertenecen a países latinoamericanos.
BBC Mundo te presenta los que quedan por resolverse en el tribunal de Naciones Unidas.
Las aguas del río Silala
Esta demanda es la segunda disputa diplomática entre Bolivia y Chile en La Haya.
Santiago presentó una demanda ante la CIJ en junio del año pasado por el uso de las aguas del fronterizo río Silala.
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El río o manantial del Silala se origina en el departamento de Potosí, en el sureste de Bolivia, a cuatro kilómetros de la frontera con Chile.
El presidente boliviano, Evo Morales, defiende que el Silala pertenece a su país, mientras que Chile argumenta que tiene carácter internacional y utiliza su caudal para abastecer operaciones de minería, así como a localidades en el norte de la nación.
El río o manantial del Silala se origina en el departamento de Potosí, en el sureste de Bolivia, a cuatro kilómetros de la frontera con Chile.
El gobierno de La Paz afirma que es un manantial cuyas aguas fluyen a Chile por canales artificiales construidos en 1908 y que este país está haciendo un "uso ilegal y abusivo" de sus recursos "sin pagar por ello".
Por su parte, Chile asegura que se trata de un río internacional, que nace en Bolivia, cruza la frontera hacia su territorio y desemboca en el Río San Pedro de Inacaliri, en la cuenca hidrográfica del Pacífico.
El gobierno chileno tiene de plazo hasta el 3 de julio de 2017 para presentar la memoria del caso y entonces Bolivia podrá entregar una contramemoria hasta exactamente un año después.
Los 3 casos de Costa Rica vs. Nicaragua
Costa Rica y Nicaragua han recurrido a la CIJ en diversas ocasiones para resolver sus conflictos fronterizos. Actualmente, tienen abiertos tres casos.
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Nicaragüenses protestan contra Costa Rica por la disputa territorial en Isla Portillos.
En la demanda más reciente -del 16 de enero- Costa Rica denuncia la instalación de un campamento militar nicaragüense en una playa de Isla Portillo o Isla Calero, frente al Mar Caribe.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sostiene que dicha playa es de su país, pero un fallo de la CIJ a favor de Costa Rica determinó en diciembre de 2015 que este territorio le pertenece.
El litigio se inició luego de que Nicaragua ocupara militarmente la región en 2010 y le cambiara el nombre a laguna de Harbor Head.
En la querella de este año, San José pide que la Corte defina el límite terrestre entre ambos países en esa zona, comprendida en "ambos extremos de la barra de arena de la laguna Harbor Head con Isla Portillos".
La CIJ decidió unir este caso con uno presentado por Costa Rica en febrero de 2014, en el que pide la determinación de los límites marítimos con Nicaragua tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico.
En otra de las disputas, el tribunal internacional determinó en diciembre de 2015 que Nicaragua había violado la soberanía costarricense al abrir tres caños artificiales en Isla Calero en 2013.
Por estas acciones, Nicaragua deberá compensar económicamente al país vecino.
El gobierno de Ortega rechazó el monto calculado por Costa Rica -casi US$7 millones- por lo que este año ambos países volverán a la CIJ, encargada de fijar la suma a pagar.
Colombia y Nicaragua luchan por el mar
Una región del Mar Caribe ha sido por años un punto contencioso entre Nicaragua y Colombia.
En este momento, hay dos litigios pendientes que interpuso Nicaragua en 2013.
En septiembre de ese año, pidió que la CIJ le reconozca los derechos sobre una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa.
Para Colombia, dicha zona, que incluye las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, "se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana".
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Nicaragua y Colombia se han disputado por años la soberanía de una zona en el Mar Caribe.
En marzo del año pasado, la CIJ rechazó las objeciones presentadas por Colombia y se declaró competente para juzgar esta demanda, además de otra interpuesta por Nicaragua en noviembre de 2013.
En esa querella, pide al tribunal de la ONU que exija a Colombia el cumplimiento de su obligación de no violar las zonas marítimas nicaragüenses.
Estas fueron delimitadas por el mismo tribunal en noviembre de 2012.
El dictamen de La Haya le otorgó en ese entonces a Nicaragua los derechos económicos sobre una zona del Mar Caribe de más de 75.000 kilómetros cuadrados y le concedió a Colombia la soberanía sobre siete cayos, dos de ellos parte del archipiélago colombiano de San Andrés.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos se había negado a que su país compareciera nuevamente ante la Corte, pero decidió introducir una contramemoria en noviembre del año pasado.