Santo Domingo, 19 dic (EFE).-El periodista Marino Zapete rechazó una propuesta de conciliación con la señora Maybbeth Rodríguez Sánchez, hermana del Procurador General Jean Alain Rodríguez, porque implicaba retractarse de su denuncia sobre unos contratos firmados por la ciudadana con el ministerio de Obras Públicas, cuando esa cartera estaba dirigida por Gonzalo Castillo, hoy candidato presidencial del oficialista PLD.
Debido a la negativa de Zapete, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional envió este jueves a juicio de fondo el caso de acusación de difamación e injuria interpuesto por Maybeth Rodríguez Sánchez contra el reconocido periodista.
Marino Zapete se negó a retractarse en la audiencia preliminar anterior de las afirmaciones expresadas sobre la demandante en su programa de televisión el pasado mes de septiembre, y fijó el comienzo del juicio para el viernes 24 de enero del 2020, otorgando un plazo de cinco días (hasta el 2 de enero) a las partes para que presenten sus pruebas e incidentes.
El expediente indica que la demandante interpuso una querella privada contra Zapete por violación de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, proceso en el cual el Ministerio Público no participa.
El pasado 25 de septiembre, el comunicador denunció en su programa televisivo "El Jarabe" que Rodríguez Sánchez se había beneficiado a título personal de unos contratos firmado con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), por entonces dirigido por el candidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
Según el periodista, con dicha contrata la mujer había recibido pagos por 14 millones de dólares y, además, siendo Secretaria de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), se registró como proveedora del Estado, obteniendo un contrato de cuatro millones de dólares en el año 2013.
Por su parte, la pariente del procurador general, Jean Alain Rodríguez, alega que los pronunciamientos de Zapete en su programa de televisión suponen una violación de la Ley de Expresión.
Días posteriores a la presunta difamación, Rodríguez Sánchez envió una carta al medio y a Zapete para darle "la oportunidad" de retractarse, pues afirma que nunca se ha beneficiado de esos contratos ni figura como accionista ni beneficiaria de la compañía agraciada, Grupo Asimira, propiedad del empresario cibaeño Johny Cabrera, cuya hija Scarlet Cabrera es la gerente.
Agrega la querellante que, en contra de lo expuesto por el periodista, ella fungió solo como representante legal de la compañía, tal cual figura en el contrato, bajo un poder y mandato específico de la sociedad, al igual que otras 28 personas.
En la misiva, la hermana del Procurador señaló como indicio de "mala fé" que Zapete tenía conocimiento de quién era el verdadero dueño de esa sociedad, pero nunca lo mencionó ya que quien le suministraba los documentos era el abogado del mismo empresario Johnny Cabrera, Jorge Luis Polanco.
Después de hacer la denuncia, el canal 45 de Teleradio América canceló el programa de Zapete, algo que según, el periodista, se debió a supuestas presiones del procurador, que habría amenzado con procesar al propietario del canal 45, quien para evitar problemas con la Justicia y con el Gobierno decidió cancelar el programa de forma inmediata.
Sin embargo, la cadena televisiva emitió un comunicado de prensa en el que desmintió que recibiera de funcionario alguno presiones para sacar dicho programa del aire.
De ser hallado culpable, Zapete podría enfrentar hasta 6 meses de prisión y el pago de una multa de hasta 5 millones de pesos que, según Rodríguez Sánchez, serían donados a una institución contra el cáncer.
La ley de Contrataciones y Compras Públicas prohíbe firmar contratos a determinados altos funcionarios, entre ellos el procurador general, y a sus parientes por consanguinidad hasta el tercer grado.
Desde que Rodríguez fue designado procurador general en agosto de 2016, el Ministerio de Obras Públicas hizo cinco pedidos de cemento asfáltico a la empresa de su hermana, Grupo Asimra, con al menos cinco pedidos que suman 300,9 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares), según documentos presentados por Zapete.
En total, desde 2012, la empresa ha recibido 22 pedidos del Ministerio de Obras Públicas, por una suma de 1184,6 millones de pesos (cerca de 22,4 millones de dólares), según la misma fuente.EFE