SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó este viernes que la defensa de los procesados por su vinculación a la red de corrupción descubierta con la Operación Coral perpetró un “fraude procesal” y que son más que suficientes las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para que se imponga las medidas de coerción requeridas.
El Ministerio Público solicitó a la juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejo del caso que siguen en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).
También, contra el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. No obstante, luego que el imputado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos del erario, el Ministerio Público decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.
La directora general de Persecución del Ministerio Público dijo que esas pruebas que han presentado, sustentan hechos que son sumamente graves.
“El Ministerio Público, incluso, decía en el tribunal y reitera que todas las declaraciones que dio Raúl Girón el Ministerio Público tiene pruebas en sus manos”, dijo a periodistas a la salida del tribunal, luego que fuera aplazada la audiencia para dar el fallo el próximo lunes.
Detalló que en el transcurso de las horas han ido observando y analizando las evidencias, “y, quizás, o sin quizás: es uno de los casos que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y hemos dicho que en su debido momento la iremos presentando”.
Con relación a preguntas de la prensa, sobre si hubo negociación con el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez a propósito de sus declaraciones, la magistrada Reynoso explicó que el Ministerio Público en el transcurso de una investigación aplica las medidas procesales que el Código Procesal Penal les permite que sean aplicadas.
En ese sentido, resaltó que el Ministerio Público hizo uso de esas medidas procesales.
En torno a preguntas relacionadas a cuestionamientos de los imputados a las pruebas, dijo que “los imputados pueden decir lo que quieran, pero las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos los archivos, las fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”.
Reynoso precisó que el Ministerio Público presenta las pruebas conforme a la estrategia del caso.
Respecto a la variación de la medida para Girón, declaró que la medida solicitada es la que se corresponde con la responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el proceso.
La procuradora adjunta reiteró que de todas las afirmaciones (hechas por el imputado) tienen las pruebas.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien también respondió preguntas de periodistas que cubren el proceso, dijo que los documentos que la defensa aportó en esta medida de coerción no son más que un fraude procesal.
“Son documentos que el Ministerio Público ha determinado que muchos de ellos son documentos alterados, documentos sin firmas de notarios y de las partes; eso es lo que ha aportado la defensa para este caso y eso es un fraude procesal”, apuntó.
El propio imputado Girón Jiménez confesó al tribunal que los imputados se auxiliaron de abogados para alterar documentos luego de que el Ministerio Público iniciara la investigación.
Los magistrados Reynoso y Camacho encabezan el equipo que representa al Ministerio Público en el proceso. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el pasado miércoles aplazó la audiencia para el jueves a la 1:00 de la tarde.
En la audiencia del jueves la jueza Romero escuchó a los abogados defensores y a los imputados que hicieron uso de su derecho a la declarar, procediendo nueva vez a ordenar un receso hasta las 2:00 de la tarde de este viernes 7 de mayo.
En la continuación de la audiencia este viernes declararon los miembros del Ministerio Público, imputados y el abogado defensor de Girón. Luego la juez Romero aplazó la audiencia para dar el fallo el próximo lunes 10 de mayo, a las 11:00 de la mañana.
Los imputados en el Caso Coral fueron apresados el pasado mes de abril durante 27 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y diferentes provincias del país.
Sobre las declaraciones de Girón
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza.
El encartado describió los procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cestur.