SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Empresarios venezolanos estafados supuestamente por directivos del Banco Peravia, se reunieron ayer miércoles 28 con la fiscal del Distrito Yeni Berenice Reynoso, quien supuestamente aseguró que en los próximos dos días presentaría formal acusación en contra de los directores.
La información fue suministrada por el abogado de los inversionistas, César Amadeo Peralta, quien afirmó que Berenice Reynoso otorgó un plazo de 48 horas a la Superintendencia de Bancos (SB), para que esta suministre el informe de las investigaciones que realiza a la intervenida entidad financiera, por fraude bancario, como parte del expediente.
En ese tenor, indicó que de no ser suministrado el informe en el tiempo establecido, la fiscalía del Distrito procedería a presentar formal acusación en contra de los directivos que figuran en la Cámara de Comercio, Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, así como José Luis Santoro y Gabriel Jiménez. Santoro y Jiménez, según informaciones, aún se encuentran fuera del país.
Peralta expuso que Berenice Reynoso posee pruebas suficientes para sustentar las querellas efectuadas por los empresarios Luis Ríos Virla, Juan Carlos Gómez Urdaneta y Bertha Fernández, obtenidas durante los allanamientos realizados por la fiscalía.
A los inversionistas venezolanos se les adeuda US$2.5 millones, US$1.8 millones y cinco millones de dólares.
Sobre el plazo, la Fiscalía del Distrito indicó a reporteros de Acento.com.do, que por lo pronto no tienen ninguna información que suministrar y que el caso continúa bajo investigación.
El abogado de los empresarios, externó la exhortación de la fiscal del Distrito a los inversionistas de contactar a otros ciudadanos venezolanos para que efectúen sus querellas, debido a que existen por lo menos 80 afectados, de los cuales solo nueve han presentado acusación.
Sobre la situación de Santoro y Jiménez, señaló que una vez presentada la imputación, será solicitada medida de coerción. Sin embargo, debido a que se encuentran fuera del país, podrían ser declarados en rebeldía por un juez, lo que obligaría a las autoridades a emitir una orden de captura internacional, además de ordenar la publicación de sus datos en medios de comunicación nacional y se solicitará la cooperación de la INTERPOL, para que sean trasladados a República Dominicana.
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