SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expediente con relación a violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones en el procedimiento que vincula 11 mil 500 millones en contrato de asfalto caliente que hizo en Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tiene indicios que ameritan la intervención del Ministerio Público, expresaron Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel al depositar la documentación pertinente en la Procuraduría General de la República (PGR) este jueves.

Pimentel, director general de Contrataciones Públicas (DGCP) y Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dijeron que llegaron a los límites de sus competencias en la investigación que realizaron, por lo que depositaron expediente en el órgano persecutor.

“No hay dudas de que en este caso se han violentado todos los procesos de la Ley de Compras y Contrataciones, y que existen vínculos entre proveedores y los entes contratantes que fueron vinculados a este contrato del asfalto”, aseguró Pimentel.

Carlos Pimentel.
Fecha 10/09/2020
Foto ©Mery Ann Escolastico

En conjunto, señalaron que se conocieron contradicciones entre los informes de la DIGEIG y la posición que tomó la Dirección de Compras de la pasada gestión. El ex director de la DIGEIG, Lidio Cadet, había recomendado el archivo de la solicitud de investigación del caso, que involucra al ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Al comenzar a trabajar, encontraron que no había condiciones para archivarlo, por lo que abrieron la indagatoria.

“Aquí no estamos inventando nada, estamos viendo la aplicación de la ley y de las normas como se establece”, resaltó Ortiz Bosch.

Milagros Ortiz Bosch.
Fecha 10/09/2020
Foto ©Mery Ann Escolastico

Entre las violaciones se encuentra la aprobación previa de las contrataciones, la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular.

Ahora queda en manos de la PGR identificar “por qué se hizo, quién tenía la intención de acumular, quién tenía la intención de enriquecerse ilícitamente y quién quería acumular recursos del pueblo de manera ilícita”.