Washington, Estados Unidos (EFE/Jairo Mejía).- La polémica orden ejecutiva del presidente Donald Trump que cierra temporalmente la puerta a refugiados y a inmigrantes de siete países musulmanes ha levantado una gran indignación, contraataques judiciales y diplomáticos y hace temer que renazca el sentimiento antiestadounidense en el mundo.
La orden ejecutiva firmada el viernes "podría dañar la seguridad estadounidense al reforzar la propaganda del Estado Islámico (EI) sobre la guerra de EE.UU. contra el Islam, al tiempo que crea tensión con socios en la lucha antiterrorista", explicó a Efe David Sterman, analista del centro de estudios New America.
A las protestas del fin de semana en aeropuertos internacionales de todo Estados Unidos contra la prohibición, se han sucedido este lunes las reacciones de países afectados por la suspensión de visados a nacionales de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen o Irán (que no han participado en ningún ataque terrorista en EE.UU. con víctimas desde 1975, según datos del Instituto CATO).
Los parlamentos de Irán e Irak han pedido aplicar el principio de reciprocidad a los viajeros estadounidenses, un primer ejemplo de como la orden empuja a Irak, un aliado estadounidense en la guerra contra el yihadismo, hacia Irán, estado también chiíta y adversario de Washington.
Los senadores republicanos John McCain y Lindsey Grahanm advirtieron de que el decreto de Trump podría convertirse en un golpe propio, que manda el mensaje equivocado a los musulmanes y puede acabar ayudando a las labores de reclutamiento de yihadistas.
En su orden ejecutiva firmada el pasado viernes, Trump aseguró que el objetivo era evitar que terroristas entren en el país y para proteger a los estadounidenses de la amenaza del terrorismo yihadista, poniendo en lo más alto de la lista de riesgo a todos los refugiados sirios, que tienen prohibida la entrada al país de manera indefinida y con la única excepción de si son cristianos.
El exsubdirector de la CIA Michael Morell afirmó hoy en el canal CBS que la medida de Trump, además de no contar con casi planificación alguna, "va a empeorar las amenazas". "Nos va a hacer menos seguros", subrayó Morell, al añadir que la mayor amenaza para EE.UU. son los estadounidenses radicalizados dentro del país.
Esta mañana, Trump reaccionó a las críticas a su decreto, que ha afectado a personas en tránsito, incluso aquellos con residencia permanente, aseguró que el plan es "buscar terroristas antes de que entren en nuestro país".
"El presidente quiere estar por delante de las amenazas y hacer todo lo posible por defender a los estadounidenses (…). El presidente no se va a quedar esperando", aseguró en rueda de prensa el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Por su parte, el exembajador iraquí en Estados Unidos Lukman Faily opinó que la medida tomada por Washington, que se anunció sin transmitir instrucciones a funcionarios de inmigración, es una "traición" a los iraquíes, muchos de los cuales han pedido asilo tras ayudar a tropas estadounidenses como traductores o informantes.
Un centenar de diplomáticos estadounidenses emitieron una queja interna contra la suspensión del programa de acogida de refugiados y la prohibición de entrada de inmigrantes de los siete países de mayoría musulmana y aseguraron que "no alcanzará su objetivo señalado de proteger al pueblo estadounidense de ataques terroristas de ciudadanos extranjeros".
Asimismo, Nihad Awad, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Islámico-estadounidenses (CAIR), anunció la presentación de una demanda judicial contra el decreto de Trump, criticado también por 15 fiscales generales de todo el país, entre ellos el del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, que considera que partes del decreto son "inconstitucionales" por no respetar el "debido proceso".
Lo que parece claro es que la medida de la Casa Blanca de Trump no está basada en datos que demuestren que con la suspensión de las llegadas desde los países afectados se puede detener la entrada de terroristas extranjeros, que desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S) contra EE.UU. fueron mayoritariamente de nacionalidad saudí, egipcia, libanesa o pakistaní.
"De los 12 individuos que han cometido ataques desde el 11-S, todos eran ciudadanos o residentes permanentes. Siete son nacidos en EE.UU. Ninguno emigró o vine de familias de la lista de países de la orden ejecutiva", añadió Sterman.
El exsubdirector de la CIA Michael Morell afirmó hoy en el canal CBS que la medida de Trump, además de no contar con casi planificación alguna, "va a empeorar las amenazas".
"Nos va a hacer menos seguros", subrayó Morell, al añadir que la mayor amenaza para EE.UU. son los estadounidenses radicalizados dentro del país. EFE
Casa Blanca defiende necesidad de veto ante "potenciales" amenazas y ataques
En Washington la Casa Blanca insistió este lunes en defender el veto temporal a la entrada al país de personas de siete naciones de mayoría musulmana, con el argumento de que la seguridad de los estadounidenses es la "mayor prioridad" del presidente Donald Trump y que se trata de prevenir "potenciales" amenazas y ataques.
"No sabes cuándo viene el próximo ataque, lo mejor que puedes hacer es adelantarte a él", justificó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Por ello, Trump está poniendo "la seguridad de los estadounidenses por delante" y "no quiere esperar", sino ser "proactivo" y anticiparse a "potenciales amenazas", detalló el portavoz.
A su juicio, el ataque armado perpetrado este domingo contra una mezquita de Québec (Canadá), que causó seis muertos y ocho heridos, es "un terrible recordatorio de por qué debemos permanecer vigilantes".
El veto decretado por Trump el viernes, que suspende durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán-, provocó durante el fin de semana caos e indignación en medio mundo, así como protestas en varios aeropuertos de EE.UU.
La medida de Trump también suspende el ingreso en EE.UU. de todos los refugiados durante 120 días y su entrada en vigor ha sido inmediata.
"El presidente está haciendo exactamente lo que dijo al pueblo estadounidense que haría", subrayó Spicer.
El portavoz citó el dato, ofrecido también hoy por Trump en su cuenta de Twitter, de que "solo 109 personas" fueron detenidas para revisiones de seguridad adicionales de un total de 325.000 que ingresaron al país en 24 horas tras la emisión del decreto presidencial.
Asimismo, Spicer minimizó los problemas provocados por la orden de Trump y sostuvo que es "una lástima" haber "causado molestias" a las personas afectadas.
Trump culpó hoy de los problemas en varios aeropuertos a raíz de su decreto a un apagón informático de la aerolínea Delta, que ha causado demoras y cancelaciones de vuelos desde el domingo a última hora, y a los manifestantes que han protestado por esa medida.
A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario defendió el domingo que su medida no es una "prohibición contra los musulmanes", pues hay "más de 40 países" en el mundo similares a los vetados que no se han visto afectados. EFE
Casa Blanca lanza ultimátum a diplomáticos contrarios a veto migratorio Trump
Washington, 30 ene (EFE).- La Casa Blanca lanzó hoy un ultimátum a más de 100 diplomáticos estadounidenses que han criticado el veto temporal impuesto por Donald Trump a la entrada a EE.UU. de personas de siete naciones de mayoría musulmana, al pedirles que abandonen su cargo si no están dispuestos a aceptar la medida.
"Deberían o bien ajustarse al programa o irse", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, durante su conferencia de prensa diaria.
Spicer reaccionaba así a un mensaje que ha circulado entre diplomáticos estadounidense en todo el mundo, y que según algunos medios ha recibido más de 100 firmas, antes de ser remitido al llamado "canal de discrepancias" del Departamento de Estado.
Dicho canal se mantiene desde la guerra de Vietnam (1955-1975) para que los empleados puedan expresar su disconformidad a las altas esferas de la diplomacia estadounidense sin temor a represalias, y los documentos allí archivados deben recibir una respuesta oficial en un plazo de entre 30 y 60 días.
En el mensaje, los diplomáticos expresan su oposición a la parte del decreto firmado este viernes por Trump que prohíbe durante 90 días la entrada al país a los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.
"Esta prohibición, que solo puede levantarse bajo condiciones que a los países les resultará difícil o imposible cumplir, no alcanzará su objetivo señalado de proteger al pueblo estadounidense de ataques terroristas de ciudadanos extranjeros que ingresen en Estados Unidos", advierten los firmantes del documento.
"Además, esa política va en contra de importantes valores estadounidenses como la no discriminación, el juego limpio y la bienvenida a los visitantes extranjeros y los inmigrantes", añaden.
El portavoz en funciones del Departamento de Estado, Mark Toner, aseguró hoy estar "al tanto" de ese mensaje y defendió la necesidad de que los empleados de la agencia pueda registrar su disconformidad con ciertas políticas dentro del "canal de discrepancias".
"Este es un proceso importante que el secretario de Estado en funciones (Thomas Shannon) y el Departamento de Estado en su conjunto valoran y respetan. Permite que los empleados expresen sus opiniones distintas sobre una política de forma cándida y privada a los líderes" de la agencia, afirmó Toner en un comunicado.
Los firmantes del documento, publicado por varios medios de comunicación, alertan de que el veto "amargará inmediatamente las relaciones" con los siete países afectados "y buena parte del mundo musulmán, que considera que la prohibición ha estado motivada por la religión".
"Al alienarlos, perdemos acceso a la inteligencia y los recursos que necesitamos para combatir las causas que están en la raíz del terrorismo en el extranjero, antes que haya un ataque en nuestro país", denuncian los diplomáticos, preocupados además por un aumento en el "sentimiento antiestadounidense" en el mundo.
También advierten de que el requisito impuesto a los países para que el veto se levante -garantizar que cada individuo que pide visado es quien dice ser y no una amenaza- es demasiado "vago y nebuloso" para que esos Gobiernos puedan o quieran cumplirlo. EFE