Montevideo, 11 dic (EFE).- Uruguay se erigió en el segundo país de América Latina en autorizar el matrimonio homosexual y en el primero del mundo en legalizar de forma integral la producción y venta de marihuana, un tema que junto con la inseguridad en las calles promete caldear la campaña de las elecciones de octubre de 2014.

Favorecido por las políticas sociales del oficialismo de izquierdas que el año anterior habían permitido ya la despenalización del aborto, el colectivo homosexual uruguayo celebró en abril la aprobación en el Parlamento de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Cuatro meses después, en agosto, se producían los primeros enlaces entre personas del mismo sexo, derecho del que antes de Uruguay solo gozaban estos grupos en Argentina y la capital de México, y que este mismo año fue autorizado después por Brasil.

La misma satisfacción despertó en los consumidores de marihuana la aprobación de una ley que regulariza la producción y venta de esa droga, inédita hasta ahora en el mundo porque otorga al Estado el control sobre la cadena productiva y sobre el mercado.

La medida, impulsada a mediados de 2012 por el presidente José Mujica, fue aprobada en la Cámara de Diputados el 31 de julio y en el Senado el 10 de diciembre.

Ahora solo queda saber si esa innovadora fórmula de combate al narcotráfico, más cuestionada que aplaudida dentro y fuera de las fronteras uruguayas, podrá ser aplicada con éxito y qué repercusiones tendrá a nivel interno y externo.

Dos tercios de la población uruguaya la rechazan en las encuestas mientras que la ONU ha advertido al país que está vulnerando convenios internacionales y vecinos como Brasil han expresado sus dudas sobre el éxito de una iniciativa que despierta recelo en América Latina, la región más golpeada por el narcotráfico.

El año comenzó con la visita oficial a Montevideo del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la primera de carácter bilateral que el mandatario realizó a una nación latinoamericana como un gesto de México hacia su principal aliado en el Mercosur, formado también por Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela.

Este bloque económico, sumido en una grave crisis interna desde hace años, celebró en julio en la capital uruguaya una nueva cumbre semestral en la que paraguayos y venezolanos tuvieron el principal protagonismo.

En el caso de Paraguay porque se le levantó la suspensión impuesta un año antes a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo en el Congreso y en el de Venezuela porque asumió por primera vez la secretaría pro témpore tras ingresar al grupo beneficiada precisamente por la separación temporal del primero.

A la espera de que los paraguayos vuelvan a participar en las cumbres, el año terminó con dos signos alentadores: el Senado paraguayo dio luz verde al ingreso de Venezuela al bloque, motivo de fondo de la disputa, y el Parlamento del Marcosur (Parlasur) volvió a la actividad tras dos años y medio de parálisis.

Como de costumbre, el recuerdo de la dictadura (1973-1985) enturbió el ambiente político y social uruguayo por distintas razones, entre ellas por la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado, el 27 de junio, con decenas conferencias, ceremonias, charlas y manifestaciones.

En febrero la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una ley oficialista para evitar la prescripción de los delitos cometidos por los órganos represores del régimen dictatorial.

Esta medida, unida al traslado a un juzgado civil de la magistrada Mariana Mota, que tenía a cargo medio centenar de expedientes de aquel período en un tribunal penal, desató la ira de los defensores de los derechos humanos.

Su única alegría llegó en el mes de mayo con la condena a 28 años de cárcel del general Miguel Dalmao por el asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, cuando este era alférez del Ejército, en lo que fue la primera sentencia a un militar en activo por los crímenes de aquella época.

En junio fracasó una jornada de votación voluntaria impulsada por la oposición con la autorización de las autoridades electorales para convocar a un referéndum que anulara la legalización del aborto.

En el capítulo internacional, la pintoresca figura de Mujica y su mensaje crítico con el consumismo siguió calando en los países que visitó, como en la extensa gira que realizó a mediados de año por China, España e Italia.

El exguerrillero de 78 años incluso trató de mediar en las negociaciones de paz en Colombia entre el Gobierno y las FARC, asunto que llevó a una audiencia en el Vaticano con el papa Francisco.

Peor le fue a nivel interno, donde vio como su popularidad decaía hasta menos del 40 por ciento, tras perder 25 puntos en los tres años y medio transcurridos desde que llegó al poder y poco más de uno de abandonarlo. EFE