SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Adalgiza (Ada) Sánchez Acevedo, dominicana de nacimiento y ciudadana norteamericana, regresó entusiasmada al país en junio del 2014, tras una larga estadía de 24 años en Estados Unidos, sin imaginarse que su retorno le traería más dolores de cabeza que alegrías.
Enfrentándose a su familia y confiada en las leyes dominicanas, Ada decidió retirarse y emprender actividades comerciales en la isla, incluyó en su mudanza un vehículo, amparada en la ley 168, la cual favorece a dominicanos que han residido por más de dos años en el exterior, y que han tenido en su poder por más de un año, del pago de impuestos.
Cuenta que en el expediente en el cual detalló sus posesiones de la mudanza, declaró además el vehículo, realizando el envío a través de una empresa naviera, la cual deposita los bienes en el Multimodal Caucedo para fines de ser retirado.
Ada expone a reporteros de Acento, que tras arribar al país, la pusieron en contacto con un agente aduanero, el cual le informó que podría “agilizar el proceso” y asegurar el cargamento, de otorgarse una ayuda económica, para lo que dispuso 22 mil pesos.
“Estuve planificando por tres años poner una tiendita. Perdí cajas de mercancías. No llegaron. Me dieron un listado que no tenía todo lo que traje. Fue un desorden completo”, cuenta Ada sobre su suplicio, el cual ha sido apenas la punta del iceberg. “Retuvieron el contenedor como por cinco semanas y lo saqué con lo que tuviera, porque me salía en más de tres mil pesos diarios”.
Sin embargo, el vehículo (un Honda Pilot del 2008, valorado en 720 mil pesos), no pudo ser retirado. Se le pidió que fuera entregada una carta de entrega parcial, debido a que el vehículo tenía solo cuatro meses a su nombre y no un año, por lo que no podía ser efectuada la exoneración establecida en la ley 168.
Indica que poseía una compañía de taxis en Estados Unidos, de la cual era la única propietaria, algo que expuso a los agentes. Por esto, Ada tuvo que suministrar documentos que demostraran que era la propietaria de “Ada Taxi”, empresa bajo la cual estuvo registrado el automóvil.
Una vez que recibe desde Estados Unidos la documentación necesaria, es depositada y rechazada, debido a que la misma estaba en ingles, siendo obligada a traducirla. Así, le presentaron otras razones para no aceptar los documentos, por lo que pidió incluso, que fuera reenviado el vehículo a Estados Unidos.
La deuda acumulada en los seis meses que el vehículo ha estado esperando ser retirado en la Dirección General de Aduanas, supera los 200 mil pesos.
“He gastado lo que no tengo. Recuerdo que cuando estaba en (Puerto) Caucedo mi hijo escuchó a un señor decir que en una semana andaría en esa ‘guagua’. Si me aplican a pagar unos impuestos que no tengo presupuestado, porque aplico por la ley (168) y me cobran 200 mil de parqueo, no voy a sacar la guagua. El vehículo lo van a subastar y él va a andar en su guagua”. La persona no pudo ser identificada.
“Me han hecho vivir un infierno desde julio. Me peleé con mi familia porque no querían que vinieran. Razón tenían”.
Comenta que incluso ha estado en comunicación con Abinader Fortunato, quien tras acudir a la prensa, aseguró que podría ayudar en la resolución del problema.
Fortunato, posteriormente le informó que estaba obligada a pagar los impuestos para recuperar el vehículo, que asciende a unos 163 mil pesos, más el costo del parqueo, lo que el representante legal de Ada, Juan Toribio, señala como una violación al Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, debido a que de aplicar el impuesto conforme al acuerdo, sólo correspondería el 18 por ciento del valor, ascendente a unos 71 mil pesos.
De pagar el monto adeudado por el parqueo y el impuesto, según los cálculos de la DGA, sumado a los gastos efectuados durante los pasados seis meses, Ada estaría desembolsando una cantidad superior al 50 por ciento del costo del automóvil. El estimado entre todo lo que ha perdido, supera el millón de pesos.
“Sale a relucir una intención maliciosa de estafa y dolo en contra de Ada, la que le perjudica en todo sentido”, explica Toribio.
Ada, mientras tanto, estuvo obligada a detener sus planes de consolidar su proyecto de tienda, además de que se ve imposibilitada a salir del país o pagar su hipoteca en Estados Unidos, debido a los altos costos que ha representado el proceso.
“Ya no encuentro que hacer. Estoy en nada. Estoy lejos de mi familia en diciembre, mientras que todos están con sus familiares. Y yo aquí, luchando por esa bendita guagua porque alguien dijo que se iba a quedar con ella”, comenta Ada. “No sabía en el estado que estaba Santo Domingo. Si me lo sueño, por nada del mundo pienso venir para acá”.
Ambos detallaron que solicitaron de forma reiterada a Aduanas que se responda a una petición de reconsideración, pasando tres semanas sin respuesta. Sin embargo, los cargos por el parqueo siguen creciendo, sin mencionar los daños morales que se han generado.
Actualmente, Ada lleva un proceso legal en contra de la DGA por los perjuicios causados por la entidad estatal. Afirma que de no haber sido aplicable la exención de impuestos, habría pagado el gravamen en ese momento.