SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró el “Primer Congreso Pro Bono  Acceso a la Justicia, Litigio Estratégico y la Enseñanza en Clínicas Jurídicas de Interés Público” con el propósito de lograr alternativas y llevar propuestas al Estado para que establezca políticas públicas tendentes a hacer eficaz el acceso al sistema judicial.

El evento estuvo presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Antonio Medina Calcaño, quien ostentó la representación del rector, doctor  Iván Grullón Fernández.

También estuvo a cargo el jurista Julio Aníbal Fernández quien dictó la conferencia magistral “El Acceso a la Justicia desde el ámbito de las Políticas Púbicas del Estado”, en sustitución de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández.

El decano Medina sostuvo que el acceso a la justicia es importante, pero que más transcendental aún es que el Estado social y democrático de derecho garantice lo que establece la Constitución del 2010 sobre los derechos fundamentales, la cual se constituye en una norma de avanzada.

Dr. Antonio Medina Calcaño, Decano Facultad de Ciencas Jurídicas y Políticas.
Dr. Antonio Medina Calcaño, Decano Facultad de Ciencas Jurídicas y Políticas.

De su lado, Jorge Subero Isa planteó que acceder a la justicia no es mantener abiertas las puertas de los tribunales ni crear facilidades para que discapacitados puedan entrar con facilidad, sino que el acceso a la justicia es más que eso: significa abrir las puertas de los tribunales a la Constitución y permitir que los jueces abran el corazón frente a los hechos que deben garantizar el debido proceso.

Dijo que el acceso a la justicia es permitir las garantías de ejecución de los procesos en tiempos razonables, al tiempo de deplorar que al día de hoy en la República Dominicana ya no se respete a las personas envejecientes ni a los profesores ni a los maestros.

Criticó el hecho de que en el país los legisladores crean que todos los problemas sociales deban resolverlos mediante la creación de leyes, tras asegurar que la verdadera independencia de la Justicia no se encuentra ni en la Constitución ni en las leyes, sino en la conciencia de cada juez.