PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- Representantes del sector judicial de Haití decidieron hoy iniciar a partir del próximo lunes un paro laboral hasta que el Gobierno del presidente Jovenel Moise respete la Constitución, las leyes y convenciones internacionales "que consagran el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial para evitar el colapso total de las conquistas democráticas".

Recordaron, al justificar la medida de fuerza, algunas de las acciones ejecutadas en los últimos días por las autoridades del Ejecutivo que significan, evaluaron, la indebida intromisión en el poder Judicial.

Las únicas oficinas judiciales que no cerrarán serán las que atenderán emergencias en casos de violación de las libertades individuales, advirtieron en una declaración la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos (ANAMAH), la Asociación Profesional de Magistrados (APM), la Asociación de Jueces de Paz Haitianos (AJUPHA) y la Red Nacional de Magistrados Haitianos (RENAMAH).

Estas organizaciones, dice el texto que anuncia la paralización de actividades, "están profundamente consternados por la actuación del Poder Ejecutivo que, tras haber detenido ilegalmente al juez Ivikel Dieujuste DABREZIL el pasado 7 de febrero, continúa socavando los cimientos del estado de derecho y la independencia del Poder Judicial".

Ello, denuncian, "a través de los decretos dictados" por el presidente  Moise entr el 8 y 11 de febrero "con el propósito de retirar, por un lado, a los jueces Yvikel D. DABREZIL, Wendelle COQ THELOT y Joseph Mécène JEAN LOUIS, y sustituirlos, por otro lado , por otros 3 magistrados en desacato de las disposiciones constitucionales y legales".

El texto con sus considerandos prosigue:

CONSIDERANDO el decreto presidencial del 8 de febrero de 2021 por el que se retiran los antedichos jueces, en violación a las prescripciones del artículo 177 de la Constitución, artículos 9 y 10 del decreto del 22 de agosto de 1995 relativo a la organización judicial, artículos 1, 36, 41 de la Ley del 13 de noviembre de 2007 que crea el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) y los artículos 1, 2, 3, 28, 51, 56 y 69 de la Ley del 27 de noviembre de 2007 sobre el Estatuto de la Magistratura;

CONSIDERANDO el decreto del 11 de febrero de 2021 que nombra, en violación a las disposiciones del artículo 175 de la Constitución, el artículo 28 de la ley del 27 de noviembre de 2007 sobre el estatuto de la Magistratura y la ley del 13 de noviembre de 2007 que crea el Consejo Superior del Poder Judicial, los ciudadanos Louiselmé JOSEPH, Octelus DORVILIEN y Pierre Harry ALEXIS como jueces del Tribunal Supremo;

CONSIDERANDO que es necesario que las Asociaciones de Magistrados observen un paro laboral hasta que el Ejecutivo tenga conocimiento y respete la Constitución, las Leyes de la República y las Convenciones internacionales que consagran el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial para evitar el colapso total de las conquistas democráticas;

VALIDÁNDOSE ESTAS CONSIDERACIONES, las antedichas Asociaciones de Magistrados solicitan a todos los Magistrados de la República, desde los Tribunales de Paz hasta el Tribunal Supremo que observen, desde el lunes 15 de febrero de 2021, un paro laboral hasta que el ejecutivo acate:

1o) Respetar la Constitución, las Leyes de la República y los Convenios internacionales ratificados por Haití que garantizan la independencia de la Justicia.

2o) Retractar los dos decretos  adoptados al margen de la Constitución y la ley: el decreto del 8 de febrero de 2021 y del 11 de febrero de 2021;

3o) Reinstalar el Secretario judicial Christophe ESPERANCE, destituido ilegalmente por el Ministro de Justicia, Sr. Rockefeller VINCENT, por haber asistido a la audiencia de Habeas Corpus iniciada a favor del Juez DABREZIL.

Los Colegios de Magistrados solicitan además al Presidente y Vicepresidente del Tribunal Supremo, los Magistrados René SYLVESTRE y Jean Claude THEOGENE, así como a los honorables Jueces de dicho Tribunal que observen escrupulosamente este paro laboral y que no reciban el juramento de los señores Octelus DORVILIEN, Pierre Harry ALEXIS y Louiselmé JOSEPH para evitar que se derrumbe por completo la justicia del país.

Se dirigen particularmente a los Jueces de Paz y sus diputados por el estricto respeto de este paro laboral en toda su forma y contenido. Aceptan no obstante el establecimiento de una celda de emergencia en casos de violación de las libertades individuales.

En conclusión, las asociaciones de Magistrados requieren la colaboración de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales Haitianos (ANAGH), la Federación de Abogados de Haití (FBH) y otros sectores de la sociedad civil para el triunfo del derecho y la justicia en Haití.

Moise: “Un grupo de oligarcas quiere apoderarse de Haití”

El presidente de Haití insiste en que hay un golpe de Estado en marcha que utiliza la calle para desestabilizar. En entrevista con EL PAÍS asegura que seguirá en el poder hasta 2022 y acusa a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de intentar asesinarlo.

LEA AQUÍ EL TEXTO DE EL PAÍS:

Desde el domingo pasado Haití tiene dos presidentes. Uno, Jovenel Moïse, de 52 años, cumplió su cuarto año en la presidencia. El segundo es Joseph Mécène, un juez de 72 años apoyado por la oposición, pero ignorado por la comunidad internacional, que juró el cargo con un mensaje grabado en una habitación sin más testigos que su cuenta de Facebook y una bandera de Haití. El autonombramiento llegó acompañado de disturbios de grupos violentos que sembraron el miedo y dejaron desiertas las bulliciosas calles de Puerto Príncipe. El actual presidente sostiene que hay un golpe de Estado en marcha organizado por un grupo de familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizar la calle para crear desestabilización”, dice en una entrevista telefónica con El PAÍS desde su despacho en Puerto Príncipe.

El origen político del conflicto está en las convulsas elecciones de 2015. Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios convocados obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido, hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moïse un año después. Para la oposición su Gobierno comenzó el día que Martelly dejó el poder y le acusa de “dictador” por gobernar por decreto desde hace un año. La tensión subió esta semana tras la detención de 23 personas acusadas de conspirar e intentar asesinarlo.

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, dice para despejar dudas sobre las acusaciones de la oposición de querer prolongarse en el poder. Sobre quién está detrás del intento de golpe, el mandatario señala sin citarlos a los Vorbe, una de las familias más poderosas, dueñas de la electricidad en el país. “El golpe de Estado no es un hecho puntual sino una secuencia de acciones. Hasta ahora los Gobiernos eran títeres de los grupos económicos, pero esto hoy esto no sucede y nuestras decisiones sientan muy mal a quienes se sienten poderosos e intocables. Un pequeño grupo de oligarcas están detrás del golpe y quiere apoderarse del país”.

En los últimos 35 años, el primer país de América Latina en conseguir la libertad, cuando en 1803 los hombres de Petion y Dessalines pasaron por el machete en pocas semanas a miles de franceses, ha tenido 20 presidentes que van de generales a pastores evangélicos. Jovenel Moïse fue elegido en 2015 con la promesa de llevar agua corriente y electricidad a todo el país. Por aquel entonces, de los nueve millones de caribeños que no tenían luz, siete estaban en Haití. Sin embargo, en los comicios solo participó el 21% de la población y obtuvo 600.000 votos en un país de 11 millones de habitantes. Con poco respaldo en la calle y bloqueado por el Congreso, Moïse ha contestado gobernando por decreto desde hace un año, lo que ha recibido las críticas de la comunidad internacional. “No es cierto que sean protestas masivas ni por todo el país, no las hay. Son grupos pequeños de 30 o 50 personas en Puerto Príncipe o Gonaives. Personas manipuladas y violentas”.

Algunos de los males de la inestabilidad política en Haití, sostiene Moïse, tienen que ver con la Constitución de 1987, que se ha propuesto reformar. El sistema político haitiano da escaso poder al presidente controlado por el Congreso y un primer ministro, lo que le obliga a negociar hasta sus ministros. Moïse confirma que se celebrará un referéndum en abril. El nuevo texto creará el cargo de vicepresidente y elimina el de primer ministro, unirá Congreso y Senado en una sola cámara y dotará derechos para elegir y ser elegido a los haitianos en el exterior. “Yo no me beneficio de la nueva constitución sino el pueblo haitiano. Yo no participaré en las elecciones” insiste. “La nueva constitución trata de equilibrar los tres poderes que actualmente acapara el legislativo. Le pongo un ejemplo, yo gané las elecciones, pero durante 22 meses no puede resolver ninguno de mis compromisos de Gobierno porque no pude ni siquiera nombrar a mi Gobierno. Otro cambio importante tiene que ver con la diáspora ¿cómo usted puede entender que queden a un lado de la construcción del país los haitianos más capaces y económicamente fuertes del país? Hoy no tienen ni siquiera derecho al voto y quiero que puedan elegir y ser elegidos para ministros o diputados”, explica vía telefónica. Otro de los reproches de la oposición es su intención de perpetuarse, pero Moïse respondió que “la estabilidad es uno de los grandes problemas del país por lo que si alguien lo hace bien debe poder estar dos mandatos de cinco años. Pero yo no voy a presentarme a las elecciones”, insiste. Actualmente la constitución permite dos periodos pero no consecutivos.

Si algo tienen claro los presidentes de Haití es que su mandato dura lo que tarda Estados Unidos en bajar el pulgar. Durante los últimos cuatro años Jovenel Moïse ha vivido un idilio con Donald Trump debido, entre otras cosas, a su activismo contra Venezuela. La maquinaria chavista respondió filtrando todo tipo de documentos sobre una supuesta corrupción vinculada a PetroCaribe que marcó el principio fin de la estabilidad en el país. Con la llegada de Biden tanto el Departamento de Estado, la OEA (Organización de Estados Americanos) y el Core group, el grupo de países amigos entre los que está Canadá, Estados Unidos, Francia, España o Brasil respaldan la opción de que Moïse concluya mandato en 2022, aunque exigen restaurar el equilibrio de poder.

“No he tenido la oportunidad de conversar personalmente con Biden, pero las relaciones con Estados Unidos son las mejores y no pienso que vaya a cambiar en el futuro”, dijo. Sobre las críticas ante los últimos decretos sobre la creación de unos servicios secretos o tipificar de terrorismo las protestas, Moïse defiende a que “es normal que haya críticas y entiendo sus preocupaciones. Pero debo decirle, que estoy trabajando para disipar sus inquietudes”.

Sin embargo, al margen de la política el problema que hunde en el pánico a la población es el crecimiento y la fuerza que han adquirido las bandas violentas. Los secuestros y robos son habituales en la capital y organizaciones como Médicos Sin Fronteras han tenido que suspender algunas consultas, que solo ellos atienden en el país, por la frecuencia de tiroteos en la capital a cualquier hora del día. A falta de informes fiables, los expertos consultados por este periódico coinciden que hay más armas que nunca distribuidas entre la población. “En un país donde hay mucha miseria, es normal entre personas sin conciencia, utilizar a los más débiles para hacer el trabajo sucio y garantizar sus intereses. Por eso tenemos tantas armas en los barrios desfavorecidos. Cuando usted ve a una persona con los pies descalzos y un arma de miles de dólares en la mano, entiendes que trabajan para grupos delictivos. Hay un nuevo jefe de la policía y un plan concreto desde noviembre. Pero, desde mi llegada al poder, estamos persiguiendo a bandas y poderosos narcotraficantes que actúan como si el país les perteneciera. Luchamos contra todo un negocio de armas en el país”, responde el mandatario.

En medio de la crisis política, Haití tuvo poco tiempo para recordar el aniversario del terremoto que en 2010 mató en un puñado de segundos a casi 250.000 personas. Aquel 11 de enero el mundo entero volteó hacia el país más pobre del hemisferio occidental y se volcó en el envío de ayuda humanitaria sin precedentes. Fueron tantos los organismos internacionales que Haití llegó a ser conocida como la “república de las ONG”. Sin embargo, más de una década después los mismos males sobrevuelan nuevamente. “Lamento decirlo como presidente de Haití, pero perdimos la oportunidad de hacer un país distinto. Tuvimos el problema de la inestabilidad política y no supimos qué hacer con los proyectos que llegaron de los fondos internacionales. Pero no podemos rehacer la historia y debemos empezar de nuevo. Fue duro para nosotros que durante 11 años recibimos mucho y los resultados son muy mínimos”.