SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los abogados del empresario Frank Jorge Elías informaron que la presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional rechazó la solicitud de pensión alimenticia solicitada por Sandra Kurdas ascendente a 50 mil dólares.

La jueza Yokauris Morales, actuando como jueza de referimiento, impuso a Jorge Elías el pago de una fianza de 350 mil pesos, sin retroactividad, como pensión alimenticia a su esposa Kurdas, hasta tanto sea efectivo el divorcio entre la pareja y se dividan los bienes.

“La jueza de los referimiento rechazó la solicitud que realizara la señora Kurdas, de 50 mil dólares de pensión alimenticia por parte del señor Jorge Elías, y fijo en 350 mil pesos mensuales la misma, no obstante ser mayores de edad los cuatro hijos procreados por la pareja", explica un documento enviado a la prensa.

“Como ha sido costumbre durante el proceso,  el empresario Jorge Elías al ser abordado por la prensa se abstuvo de emitir declaraciones por considerar que este es un asunto  eminentemente familiar”, afirmó el consejo de defensa

Los abogados Ramón Pina Acevedo y Ramón Núñez sostienen que el ingeniero Jorge Elías se ha presentado a todos los requerimientos de la autoridad competente, que a su juicio no ha sido cumplidos el caso la Kurdas.

Tanto Núñez como Pina Acevedo insistieron en que la salida del país de Jorge Elías no fue debidamente solicitada, y por eso fue rechazada por el Quinto Juzgado de la Instrucción.

“Como ha sido costumbre durante el proceso,  el empresario Jorge Elías al ser abordado por la prensa se abstuvo de emitir declaraciones por considerar que este es un asunto  eminentemente familiar”, afirmó el consejo de defensa.

Frank Jorge Elías está siendo procesado desde el pasado mes de abril por violencia doméstica contra su esposa Sandra Kurdas.

El pasado viernes 10 de mayo, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción al empresario de medios de comunicación.

El 5 de junio fue favorecido por la Corte de Apelación con la libertad bajo fianza con el pago de dos millones de pesos mediante un certificado depositado en el Banco Agrícola.

Asimismo, se le impuso un impedimento de salida del país y la presentación periódica ante el fiscal investigador.