La Octava Sala de la Cámara Penal pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) levantar de inmediato la inmovilización de las cuentas bancarias y certificados financieros, de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré acusada de emitir sentencias a favor de acusados de sicariato y narcotráfico.
“Ordena a la Procuradora Especializada en Persecucion Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Lic. Laura Guerrero Pelletier, levantar de inmediato la inmovilización de las cuentas bancarias, certificados financieros que pudieran tener Awilda Inés Reyes Beltré en el Sistema Financiero de la República Dominicana por no constituir los fondos, si existe un tipo penal una acusación criminal”, indicó el juez de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Teófilo Andújar.
En tanto, la investigada por prevaricación señaló se encontraba viviendo de la ayuda de su familia y la de su pareja, abogado Harold Echavarría, ya que no podía acceder a ningunas de sus cuentas a pesar de que el Ministerio Público retiró la acusación de lavado de activo.
“Gracias a Dios y al magistrado que entendió que procedía en derecho el levantamiento de las cuentas que me habían sido inmovilizadas en ocasión de la investigación sobre ley de lavado de activos que fue retirada de la acusación del Ministerio Público”, indicó.
Asegurando asimismo, que por ley era su derecho el acceso a sus cuentas y dineros ya que no estaba siendo investigada por lavado si no por supuestamente emitir sentencias a favor de imputados por sicariato y narcotráfico.
Reyes Beltré también denunció que no tiene custodio alguno que vele porque esté llevando a cabo su prisión domiciliaría, aunque ella no violará dicha decisión de medida de coerción.
“Nosotros no tenemos ni hemos tenido el interés de sustraernos del proceso, porque yo ni tengo vigilancia que me obligue a estar aquí ni nadie me impide salir de mi casa, si lo hubiese querido hacer ya lo hubiese eso”, explicó al final de la audiencia.
La suspendida jueza está siendo investigada junto al exconsejero de la Suprema Corte de Justicia Francisco Arias Valera, y los jueces Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón y José Dionisio Duverjé, tras una querella interpuesta por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
El juez de la primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía, vario de prisión preventiva a prisión domiciliaria, las medidas que pesan contra la suspendida jueza y el exconsejero de la Suprema Corte de Justicia.
Sánchez Mejía emitió su veredicto sustentándose en que ambos imputados poseen arraigo suficiente en la República Dominicana, para presentarse a todas las audiencias y no sustraerse del proceso.
El pasado 17 de diciembre del año 2015, cuando el juez Ramón Horacio González dictó prisión preventiva contra esta y el exconsejero de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Arias Valera, acusados de dejar en libertad al regidor de Pedro Brand acusado de sicariato, Ericson de los Santos.