Tres causales y Código Penal, un debate de 23 años

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Hablar de derechos reproductivos de las mujeres en República Dominicana genera debates. La cerrazón de algunas opiniones hace muy difícil se convenga cualquier decisión en materia legislativa entre conservadores de la política y la religión y las organizaciones pro derechos de las mujeres y derechos humanos en general.

Y los políticos que deciden están en medio de los que apuestan a mantener cerrada cualquier posibilidad de que las mujeres puedan decidir si su cuerpo prosigue o detiene el estado de gestación en circunstancias excepcionales y los que entienden que ha llegado el momento de despenalizar lo que decida una mujer cuando peligre su vida, cuando el embrión sea inviable o cuando se trate de un embarazo ocasionado por una violación o incesto.

A esa contradicción sin decisión la República Dominicana ha asistido en los últimos veinte y tres años.

Ahora, ante la necesidad impostergable de reformar el viejo Código Penal, que data de más de un siglo, el debate toma nuevos bríos. Los conservadores quieren que se apruebe el Código Penal sin incluir las tres excepciones en que se despenalizaría el aborto, las llamadas tres causales.  Los liberales, sobre todo las mujeres que son las más afectadas, exigen que se incluyan las tres causales en el Código Penal, y desconfían de la promesa de algunos legisladores, de aprobar el Código ahora, y posponer las tres causales para una "ley especial".

Todo comienza cuando en 1997 el entonces presidente Leonel Fernández creó una comisión de juristas para canalizar una reforma en el Código Penal dominicano, el cual data de 1884 y que por su antigüedad requiere de una revisión y puesta al día, para evitar que las decisiones de los jueces sobre asuntos penales se vea limitada.  

Desde aquel entonces el tema se ha mantenido en controversia. Los conservadores insisten en afirmar que se trata del aborto y que se abriría la posibilidad de que cualquier mujer pueda practicarse un aborto tomando como pretexto que su caso corresponde a una de las tres excepciones o causales.

Los liberales, por su lado, no hablan directamente de aborto, porque explican que lo único que se despenalizaría sería la decisión que pueda tomar la mujer que se encuentre en las tres circunstancias excepcionales mencionadas.

La decisión de la mujer, explican los liberales, no sería obligatoria hacia un sentido u otro. Podría decidir continuar con el embarazo pese a cualquier riesgo o situación, o podría decidir ponerle fin.

Insiste en que, lo que se busca es que la mujer no sufra ninguna consecuencia legal por la decisión que pueda tomar. De igual manera, no habría consecuencias legales para los servidores de la salud que le asistan (médicos, enfermeras, laboratoristas, entre otros).

Se entiende por aborto provocado aquella práctica donde se extrae el feto del vientre de la madre para dar interrupción al período gestacional o de embarazo.

Sin duda alguna, por ser un país con un Estado no confesional, pero fuertemente amarrado a las creencias cristianas se han levantado dos bandos que han debatido durante estos últimos 23 años, con el objetivo de convencer a los diputados y senadores a la hora de tomar la decisión y convertirla en ley.  

Por un lado, está el grupo compuesto por distintas iglesias y sectores sociales del país, quienes se aferran a la idea de que el derecho a la vida está consagrado en la Constitución dominicana, ley sustantiva que dispone en su artículo 37 que la vida empieza en la concepción.

Por otro parte, los activistas, defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, de los cuales se pueden mencionar a la Coalición por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Foro Feminista Magaly Pineda y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), que abogan por la despenalización del aborto en las tres causales mencionadas, partiendo del principio de que nadie más que las mujeres deben decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

A juicio de las feministas, imponer desde la visión masculina (política o religiosa) a las mujeres lo que deben de decidir sobre su cuerpo o su salud, raya en una concepción esclavista desde la cual el amo dispone de los esclavos.

Cabe destacar que ese grupo de activistas tiene la particularidad de contar con personas religiosas y denominaciones de algunas iglesias que apoyan el aborto en sus tres causales o algunas de ellas, oponiéndose a la visión de las cúpulas eclesiales.

Tal es el caso de la Alianza Cristiana Dominicana, conformada por personas católicas, bautistas, episcopales, diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales que defienden las tres causales bajo el argumento que reza el Apóstol Juan sobre Jesús, en  su capítulo 10:10 donde dice “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”, y sostienen que esa vida incluye a las mujeres y a las niñas.  

Contiendas 

De acuerdo al abogado José Alberto Ortiz, en su escrito “El Aborto: ¿Crimen o Derecho?, para el año 2005 ambas cámaras legislativas aprobaron el Proyecto de Código Penal, manteniendo el actual régimen sancionador contra el aborto, pero al llegar al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Leonel Fernández, observó el proyecto, devolviéndolo al Congreso Nacional, con la finalidad de que se volviera a discutir. 

Para el 2010, los legisladores aprobaron una reforma a la Constitución en la cual se modificó el artículo 37 sobre el derecho a la vida. Con esta, el Estado reconocería la vida desde la concepción y se prohibiría la aplicación de la pena de muerte.

En agosto del 2012, el tema volvió a la opinión pública cuando se dio a conocer el caso de Rosaura Almonte (Esperancita), una adolescente de 16 años, quien falleció luego de que se le retrasara el tratamiento médico urgente para la leucemia, incluyendo la desautorización a proveerle el aborto terapéutico que necesitaba para salvar su vida. 

La situación hizo que decenas de personas, en especial mujeres, salieran a protestar a favor de sus derechos reproductivos y por la urgencia de una modificación legal que contenga el aborto terapéutico en situaciones graves como la de Esperancita, siendo este caso el que marcara el inicio de estos reclamos masivos.  

Se recuerda que, en 2014, la Cámara de Diputados aprobó una versión del nuevo Código que mantenía la penalización del aborto en todas las circunstancias, pero el presidente Danilo Medina la observó y la envió nuevamente al Congreso, solicitando cambios en los artículos relacionados con el aborto.  El entonces presidente Medina se mostró de acuerdo con aprobar las tres causales en el Código Penal.

Luego, los diputados aprobaron una versión que despenalizaba la práctica médica cuando la vida de la mujer estuviera en riesgo y señalaron que las otras dos causales debían tratarse en una ley especial.

Pero, esta versión del Código no se envió al Senado para su votación, lo que allanó el camino para que varias organizaciones religiosas y socialmente conservadoras objetaran la constitucionalidad del nuevo Código Penal ante la justicia, denunciando irregularidades de procedimiento en el proceso de aprobación, y argumentaron que el nuevo Código no era compatible con la protección constitucional del derecho a la vida desde la concepción. 

Para el 2015, poco antes de la entrada en vigencia el nuevo Código Penal, el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional debido a irregularidades procesales en el trámite de aprobación, y restableció el antiguo Código Penal.  Esa decisión del Constitucional no tocó el tema de las tres causales, sino la irregularidad con la cual se aprobó el Código Penal.

Ese mismo año, un estudio de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CID Gallup Latinoamérica, reveló que un 77 % de los dominicanos es partidario de la interrupción del embarazo para salvar a la madre si está en riesgo y que un 32% defiende el aborto en caso de embarazo por violación. 

Asimismo, Profamilia realizó una investigación la cual arrojó que el 61.6% de los dominicanos apoya el aborto si el embarazo es producto de una violación sexual, un 70% dijo apoyarlo cuando existen casos de incesto, 74.5% cuando la vida de la mujer corre peligro a causa de alguna enfermedad y un 72.7% cuando el feto tiene una malformación congénita por lo que nacería muerto o no sobreviviría.  

Empero, en 2016 el Senado aprobó la pieza legal penalizando el aborto en todos sus sentidos y nueva vez el presidente Danilo Medina, vetó el proyecto a fin de que se volviera a revisar y se incluyeran las causales, sin embargo, en 2017 ese órgano legislativo volvió a aprobar la reforma sin las observaciones de Medina y desde ese entonces la pieza se encuentra en la Cámara baja. 

A pesar de los datos estadísticos, la voz de la mayoría aún no ha sido escuchada, provocando la ralentización de procesos y castigos penales porque tal controversia no ha permitido que los legisladores puedan dar marcha al proyecto de Ley, y al mismo tiempo esta situación representa un estancamiento del país a nivel de derechos humanos para la mujeres y niñas.  

En el caso de la Iglesia, esta además de sostener sus argumentos en el hecho de que la vida de las personas está protegida desde el 2010 por el artículo 37 de la Constitución, resaltan el fundamento del mandamiento cristiano que dice “no matarás”.

Algunas personas entrevistadas para esta investigación entienden que esa posición de la Iglesia resulta contradictoria debido a que, si una mujer en estado de gestación presenta alguna enfermedad complicada y de riesgo ante un embarazo, si muere podría asumirse que el Estado ha sido el responsable de esa muerte por no haberle brindado opciones.  

Posición Internacional y Derechos 

Según Amnistía Internacional, "la penalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola los derechos de la mujer a la vida, a la salud y a no sufrir torturas, malos tratos ni discriminación, y es contraria a los compromisos internacionales de la República Dominicana en materia de derechos humanos."  

De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, en la actualidad la República Dominicana es uno de los ocho países de América Latina y el Caribe que mantienen una prohibición total del aborto. Los otros son El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Curazao y Surinam.  

En Latinoamérica, el último país en obtener la legalización total del aborto fue Argentina, a partir del 14 de enero del 2021. Sin embargo en ese país desde el año 1921 ya existía la legalización del aborto en sus tres causales. 

En el caso de Chile, es a partir del 14 de septiembre del 2017 que las mujeres cuentan con la opción de realizarse esta práctica bajo las mismas causales por la cual hoy se pelea aquí.  

Algo en común de ese país suramericano con República Dominicana con respecto a esta situación, es la gran influencia que posee la Iglesia sobre el Estado, quien ha implementado sus creencias y costumbres religiosas a un Estado laico pero lleno de personas creyentes y practicantes de distintas religiones cristianas.  

Ahora bien, conforme a Human Rights Watch, una organización internacional no gubernamental, existe el derecho a la libertad religiosa y de conciencia que indica que la fe religiosa es un asunto totalmente personal, como lo es el aborto, en tres causales como en este caso. 

En ese sentido, la organización explica que no se puede obligar a que las mujeres cumplan con leyes basadas exclusiva o principalmente en doctrinas de fe.  “Éste es el caso de muchas de las leyes que restringen el aborto.  Del mismo modo, donde el aborto es legal no se les debe obligar a tener un aborto a las mujeres que no consientan debidamente al procedimiento, que sea por razones religiosas o de otra índole”. 

Entonces, si el tema ha de tratarse desde un punto de vista religioso, más que desde un punto de vista psicológico y de salud, se puede considerar que parte esencial de la existencia en la tierra es el libre albedrío, la capacidad de escoger. En consecuencia, es necesario tener opciones, por lo que permanecer unos 20 años más con esta disputa entre Código Penal y la inclusión del aborto en sus tres causales resultaría en una irresponsabilidad del Estado dominicano en su conjunto, que debe ser garante y no negador de derechos.