SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ramona Montero, madre de cuatro hijos, teme por su vida ante la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de designar al tribunal de Las Matas de Farfán el caso que lleva por violencia de género e intrafamiliar en contra de su esposo, Kenny Andrés Alcántara, provincia en que “él tiene influencias”.
“Si voy a Las Matas soy una mujer muerta inmediatamente porque por allá no me van a hacer caso. A él lo escuchan, a mí no”.
Luego de 23 años de casados, ella describe a su agresor como una persona violenta, “insoportablemente violento”.
Según cuenta, el 31 de diciembre del 2018, el juramento de Alcántara ante la víspera de año nuevo fue que el 2019 era el año de asesinar a su familia. Dice que su hijo y ella amanecieron encañonados en la sala de su casa, donde los secuestró.
El 27 de febrero ella salió de su pueblo natal, Las Matas de Farfán, para ver un desfile de su hija como cadete en la capital. Después de eso no pudo regresar. Esa noche él la llamó para decirle que no volviera porque la iba a matar sin importar con quién fuera.
“Después de esa fecha no he podido regresar a mi casa”.
Montero fue a ponerle una denuncia y le indicaron que no podía ejecutarla en la capital porque su caso pertenecía a Las Matas de Farfán. Al explicarle la situación y plantear las influencias que tiene el agresor en su pueblo, le tomaron la denuncia.
Hoy en día el caso está en la etapa de juicio de fondo y le aprobaron la transferencia del caso al tribunal de Las Matas de Farfán.
“Yo no voy a ir a las Matas porque soy mujer muerta”.
De los tres jueces que integran el tribunal, el único voto disidente fue el de la jueza Evelyn Rodríguez. Al caso le han cambiado cuatro veces el fiscal y, según afirma, parte de las pruebas que depositaron desaparecieron en manos del Ministerio Público. Entre ellas, cinco cartuchos de balas, audios y declaraciones testimoniales de la empleada doméstica que vivió con la familia por más de 10 años.
Mientras, Alcántara tiene nueve meses preso en Najayo.
Nueve meses en busca de una solución
El primer fiscal que llevó el caso fue Franklin Noel Céspedes. A él se unió Rosy Meléndez en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Según las indicaciones de la víctima y de su abogado, Santo Montero, fue a Meléndez a quien le entregaron las pruebas que incriminaban al imputado para presentarlas en un eventual juicio.
Más tarde, a la fiscal Meléndez la trasladaron de la oficina que está ubicada en la avenida Rómulo Betancourt a la Zona Colonial. Bajo esa situación, la víctima intentó de contactarla y la fiscal no la recibió.
Ante eso, quien tomó el caso fue Héctor Almonte. Almonte instrumentó el expediente y lo envió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para que lo presentaran en audiencia preliminar y se hiciera formal acusación contra el imputado.
Dice el abogado que en una de las audiencias el Ministerio Público llegó a pedir libertad para el agresor, sin embargo, las juegas no le dieron salida.
Tras aplazarse cuatro veces, el juez titular del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Delio Germán, junto a Elías Pereyra; declinaron el caso a Las Matas de Farfán porque entienden que allá sucedió el 90% de los hechos que denuncian, ocurridos en un periodo de 23 años.
“Ahora bien, durante 23 años esa madre joven buscaba ayuda en la Fiscalía, buscaba ayuda en la Policía, buscaba ayuda en los médicos que la atendían, y ninguna de esas personas, autoridades competentes para denunciar y actuar en contra de ese agresor, la ayudaron. Ni fiscales, ni policías, ni médicos”, replica su abogado.
En oposición, la tercera jueza del tribunal, Evelyn Rodríguez, votó disidente a la declinatoria bajo la motivación de que el hecho que dio origen a la denuncia fue el que tuvo lugar en el Distrito Nacional.
En la actualidad, la fiscal que lleva el caso de Ramona es Rocío Espejo.