SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional (TI), advirtió este jueves que los riegos de corrupción aumentan en países en períodos de emergencia, como el que enfrentan actualmente debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del virus COVID-19.
La información fue dada por las entidades, al presentar un análisis sobre los riesgos de corrupción e identificado las estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones en período de emergencia cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de TI, sostuvo que los riesgos de corrupción aumentan en los períodos de emergencia en países como la República Dominicana que para el año 2019 se encuentra entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, además “en un país donde las contrataciones públicas tienen una historia de opacidad, corrupción y ha servido para el enriquecimiento ilícito de funcionarios, políticos y empresarios”.
Los capítulos de Transparencia Internacional de la región, indicaron que “es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada en nuestros países".
En el documento denominado "Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia: Elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante contingencias”, manifestaron cinco líneas estratégicas, entre las que plantearon maximizar la publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia.
Asimismo, la activación de las agencias nacionales antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios, y activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia.
De igual forma plantearon la concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema o generando identificadores en las plataformas electrónicas de contratación pública.
Finalmente, advirtieron en el documento que la emergencia no es justificación para evitar una apropiada rendición de cuentas.
Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional insistieron en que los riesgos de captura del Estado se manifiesten y profundicen para la apropiación de los recursos públicos por grupos de intereses políticos o económicos, y afirmaron que la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.
“Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete y daña la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población, es la opacidad y la corrupción”, expresaron.
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