Trabajadoras sexuales, azotadas por la crisis y empujadas a clandestinidad

En la República Dominicana, donde no está penalizada la prostitución, se estima que unas 50.000 mujeres ejercen esta actividad, mientras que miles son víctimas desde hace décadas de trata para la explotación sexual fuera de su país.

Muchas de ellas trabajan en condiciones precarias y, según denuncian, se enfrentan a diario a agresiones de clientes, de los dueños de establecimientos donde trabajan e, incluso, al chantaje de la propia Policía.

En un inédito anuncio, la Procuraduría y la Policía revelaron recientemente que arrestarán y someterán a la Justicia a los clientes de las trabajadoras sexuales como forma de afrontar la explotación sexual y comercial.

Esto, a pesar del rechazo de diversos sectores, como el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), que agrupa a trabajadoras sexuales del país, y cuya líder, Jacqueline Montero, dijo en una entrevista con Efe que la solución "no está en la represión".

Le medida, según la también edil por el municipio de Haina (oeste), ha obligado a estas mujeres a abandonar sus habituales zonas de trabajo tanto en la capital como en los puntos turísticos del interior.

Desde el anuncio de la inesperada medida, las trabajadoras sexuales se han visto obligadas a llevar a sus clientes a las llamadas 'casas de citas' y hasta a sus propios hogares, según Montero.

La situación, aseguró, hará más propensas a estas mujeres a contraer el virus del VIH y el sida o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, además de que serán más vulnerables a las humillaciones y la violencia por parte de los clientes y de los policías quienes, según Montero, "abusan y sobornan a las chicas".

"Ahora será más difícil darle charlas de prevención o entregarles los preservativos porque están escondidas… no sabemos dónde están", argumentó Montero.

Desde que se anunció la medida, "hay menos clientes porque los hombres temen que los lleven presos", aseguró Montero, quien recordó que en el país no hay leyes que condenen la prostitución, aunque sí el proxenetismo "y este no es el caso", adujo.

"Los proxenetas son los dueños de los clubes, que explotan a las mujeres, los clientes no", aclaró.

El procurador general dominicano, Francisco Domínguez Brito, justificó recientemente la medida porque, en su opinión, "se trata muchas veces de muchachas menores de edad semiesclavizadas (que) las llevan a centros de prostitución y luego las reclutan para llevárseles a Argentina, Chile o a Europa".

"Creo que las mujeres no merecen eso como futuro", señaló el funcionario.

Mientras, la Procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas advirtió de que emprenderá acciones para tratar de detener las elevadas cifras de mujeres víctimas de explotación sexual, lo que incluirá la persecución de clientes de estos servicios.

Aunque no hay cifras exactas, distintos estudios señalan que entre 30.000 y 70.000 dominicanas han sido víctimas desde hace tres décadas de trata para la explotación sexual fuera de su país, lo que ha convertido a República Dominicana, de 10 millones de habitantes, en el cuarto proveedor de mujeres para esta actividad en el mundo, por detrás de Tailandia, Filipinas y Brasil.

Sin embargo, para Montero, una exprostituta, la solución no es la "represión" por lo que propone buscar "estrategias" porque, en su opinión, una mujer escoge esta actividad cuando solo tiene dos opciones: el suicidio o el trabajo sexual.

Ella, sin embargo, no tiene muchas esperanzas de que en la actualidad se adopten medidas a favor de las trabajadoras sexuales como, por ejemplo, acceso a servicios de salud o fuentes de trabajo porque, a su juicio, "el que no sabe de esto no puede hacer mucho".

Montero confía en una mejoría para el colectivo que representa a partir de 2016 cuando ella espera alzarse con una diputación.EFE