SYRACUSA, Estados Unidos.- Silvio Torres-Saillant, intelectual dominicano establecido en los Estados Unidos, declaró que nadie relacionado con la sociedad dominicana como su tierra ancestral podría permanecer indemne ante una decisión del Tribunal Constitucional “que arrastra al país a la alcantarilla de la vileza moral”.
En un artículo publicado el pasado 27 de octubre en National Institute for Latino Policy, Torres-Saillant dice que la decisión que despoja de la nacionalidad a miles de personas es lo más reprochable y contrario a la tradición duartiana, y llama a los jueces que adoptaron la decisión como mulatos educados en la tradición trujillista y balaguerista.
La definición de nacionalidad, dice, es vil y hostil a todos los precedentes de diversidad que se registran en la historia dominicana. “La República Dominicana comenzó como una soberanía incluyente que adoptó el principio de la diversidad. El primer acto jurídico del país, el 1 de marzo 1844, abolió la esclavitud “para siempre”, y puso fin a la herencia colonial de privilegio racial. La república naciente se declaró un santuario para las personas esclavizadas de todo el mundo, ofreciéndoles la libertad y la ciudadanía desde el momento en que pisaran suelo dominicano”, dice el escritor.
El artículo completo:
¿Desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana?
Las autoridades antidominicanas de Santo Domingo
Por Silvio Torres-Saillant (27 de octubre, 2013)
El Tribunal Constitucional que desnacionaliza a más de 250,000 dominicanos de ascendencia haitiana, y que se remonta hasta incluir tatarabuelas nacidas en el territorio nacional en el año 1929, ha sido acusado por los hombres de buena voluntad en el país y en el extranjero. Nadie relacionado con la sociedad dominicana como su tierra ancestral o nativa podría permanecer psicológicamente indemne ante una decisión que arrastra al país a la alcantarilla de la vileza moral.
En lugar de ser un tema de inmigración o un problema de asuntos exteriores que implica las relaciones haitiano-dominicanas, sí es, sin embargo, un capítulo más de la saga de un liderazgo en guerra con su pueblo. Definir a los dominicanos contrariamente a lo que son comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y continuó en el siglo XX, con los regímenes del tirano asesino Rafael Leónidas Trujillo y el depravado caudillo Joaquín Balaguer. El fallo del Tribunal salió de la pluma de jueces mulatos educados en esa tradición.
La gran poeta Rhina P. Espaillat, madrina de los poetas norteamericanos contemporáneos conocidos como los Nuevos Formalistas, casi nunca pronuncia una palabra áspera. Pero que en la belleza de sus 81 años, ella aún se preocupa profundamente por la patria que dejó para siempre en 1939, Rhina estalló de indignación cuando le llegó la noticia de la decisión del Tribunal. Y eso le provocó “náuseas”. Lo consideró un “disparate repugnante” y una “mancha en la conciencia de la República Dominicana”. Las dos juezas que emitieron el voto de la minoría en la decisión del Tribunal comparten la indignación de Rhina. A diferencia de sus colegas, impugnaron el fallo porque causa la “desnacionalización”, crea una situación de “apatridia", y falta el respeto a la “dignidad humana”. Sus palabras hacen eco de los sentimientos de los compatriotas de todas partes, avergonzados por una definición vil de su nacionalidad.
La República Dominicana comenzó como una soberanía incluyente que adoptó el principio de la diversidad. El primer acto jurídico del país, el 1 de marzo 1844, abolió la esclavitud “para siempre”, y puso fin a la herencia colonial de privilegio racial. La república naciente se declaró un santuario para las personas esclavizadas de todo el mundo, ofreciéndoles la libertad y la ciudadanía desde el momento en que pisaran suelo dominicano.
Hostil hacia este precedente, el Tribunal Constitucional redefinió la pertenencia nacional según un credo antidominicano. En Santo Domingo, la cuna de la negritud en las Américas, el lugar de nacimiento de la mezcla racial y cultural en el hemisferio, actuaron para mantener el precepto de la homogeneidad. La sentencia del Tribunal imagina a los dominicanos como un pueblo uniforme que posee “una idiosincrasia particular y un conjunto común de aspiraciones colectivas” y comparte “un conjunto de rasgos históricos, lingüísticos” y “raciales”. Descartando de manera desafiante el rostro heterogéneo de la población, la definición se remonta a la época colonial para revivir una lógica racial que la República había reemplazado.
Tomar nota de las credenciales de los partidarios prominentes de la sentencia del Tribunal, tal vez confirme su profunda antidominicanidad. Tres ejemplos bastan: José Ricardo Taveras Blanco, el Director General de Migración, que invoca “nuestro derecho soberano de establecer (…) nuestra política de nacionalidad”; el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, político de derechas, socio de banco y general de brigada, que califica la decisión del Tribunal de “absolutamente justa” y se burla de las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos diciendo que “aquí los dominicanos mandan, y nadie más”; y Leonel Fernández Reyna, expresidente tres veces, y presidente aspirante a la próxima ronda, que se refiere a la decisión de la Corte como la promulgación de “la soberanía del Estado para determinar quiénes son los ciudadanos dominicanos”.
Basta recordar que cuando los ultra (y por lo tanto pseudo) nacionalistas anunciaron una marcha para repudiar a los haitianos en el país, en septiembre, Taveras Blanco declaró su solidaridad con sus acciones, lo que nos recuerda la época más brutal de la opresión racial en EE.UU., cuando el juez local se unía al Ku Klux Klan en actos de agresión contra los negros en el vecindario. Conocemos a López Rodríguez de sus diatribas furiosas contra los sectores menos empoderados de la sociedad, es decir, las madres solteras, los compatriotas desheredados que buscan refugio en los edificios de la Iglesia, los sacerdotes que cantan misas en créole en regiones con muchos feligreses haitianos, los críticos del Balaguer fraudulento y represivo, y cualquiera que desobedezca la norma de la heterosexualidad, entre otros. Cuando el cardenal ruge que “aquí los dominicanos tienen la última palabra”, se refiere solo a su pequeña facción.
Fernández Reyna se destaca por acciones tales como la concesión que hizo como Presidente de la República a la poderosa compañía minera canadiense Barrick Gold, que le permite extraer oro de las montañas del país sin beneficio económico para el gobierno dominicano, mientras esparce la contaminación y fomenta la deforestación. Hizo caso omiso de las advertencias de los especialistas en medioambiente sobre los peligros de la minería de metales y los efectos letales del uso de cianuro en la extracción, la intoxicación subsiguiente de los ríos, y la desaparición de recursos hídricos vitales. Sin inmutarse, mostró que la prosperidad de Barrick Gold le preocupaba más que la potencial pérdida de la visión de los niños dominicanos que beben agua contaminada con cianuro de los ríos del país.
Un gobierno de turno no tiene el derecho de redefinir la nacionalidad de un pueblo entero de un día para otro, con el fin de perjudicar a un determinado sector de la población. Puede presumir del poder para hacerlo, gracias al monopolio de la violencia que viene con el control de los militares, pero no del derecho a hacerlo. Tampoco tiene el derecho a descartar el deseo de toda una población de una definición humana de la nacionalidad.
La dictadura de Trujillo utilizó su poder en el año 1937 y nos definió como una nación genocida. Hitler utilizó su poder para definir la nación mediante horrores indescriptibles que comenzaron con la desnacionalización de los ciudadanos alemanes de origen judío, en 1933. Nosotros no llamamos un derecho a su mala conducta. Lo llamamos crimen contra la humanidad. Esa mala conducta motivó el surgimiento de estructuras legales internacionales destinadas a proteger a los grupos víctimas de la violencia de sus gobiernos.
Sin embargo, los jueces dominicanos decidieron alinearse conceptualmente con el modelo alemán, a pesar de que podrían haber emulado fácilmente el de Juan Pablo Duarte, el arquitecto intelectual de la nación dominicana que había decretado “la aristocracia de la sangre”. Al apartarse de la jurisprudencia moderna, los jueces optaron por la maldad nazi.
Ningún beneficio podría llegarle a la sociedad dominicana de la indignante sentencia del Tribunal. Los analistas han buscado posibles motivos de capital político. El partido de gobierno ha recibido un porcentaje cada vez menor de la votación nacional en cada una de sus tres últimas victorias electorales. De continuar la tendencia, el partido pudiera quedarse corto en unos 250,000 votos en la próxima elección. Sus posibilidades de revertir la tendencia parece poco probable, dada su predilección por las medidas impopulares.
Sin embargo, la opción sigue siendo reducir la reserva de votos de la oposición. Tomar como blanco a los dominicanos de ascendencia haitiana tiene sentido, dada la extendida creencia de que suelen votar por la oposición debido al odio a los negros y el antihaitianismo desplegado por el partido gobernante en las elecciones pasadas. El fallo del Tribunal pudiera ser simplemente una estratagema de supresión de votantes; una versión tropical mulata de los esquemas que se han vuelto habituales en la política actual de Estados Unidos por los hermanos Koch y la Fundación Bradley.
El presidente Danilo Medina se abstuvo durante algún tiempo de apoyar la decisión del Tribunal. Recibió a delegaciones de la población hatiano-dominicana e incluso escuchó las denuncias de organizaciones de derechos humanos. No negó de plano la posibilidad de que se hubiera cometido una injusticia, y reconoció que “aquí nos enfrentamos a un drama humano que tenemos que resolver."
Incluso, las dudas para hablar de un modo u otro, lo colocan radicalmente aparte de la práctica habitual del Palacio Nacional, donde una reacción instintiva al estilo López Rodríguez ha predominado, arremetiendo contra cualquier crítica a las injusticias oficiales e incrementando, con frecuencia cada vez mayor, ese comportamiento contra los detractores.
El presidente Medina todavía tiene la oportunidad de elegir el lado de la historia que quiere habitar: el de la facción antidominicana que insiste en que mientras más tercamente nos gobiernen, mayor será el desprecio por nosotros; o la de los 1,844 compatriotas que nos aceptaron con los múltiples colores de nuestra diversidad, otorgándonos una definición de nacionalidad afiliada con valores humanos.
Se necesita coraje moral para desvincularse del glamour del mal, especialmente teniendo en cuenta la riqueza, la violencia y el poder que a menudo lo sostienen. Pero creo que los dominicanos pondrán sus vidas en la línea de batalla por un líder que se arriesgue en su nombre.
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Silvio Torres-Saillant, PhD es profesor en el Departamento de Inglés de la Universidad de Syracuse, donde anteriormente dirigió su Programa de Estudios de América Latina en la Facultad de Artes y Ciencias. Es Editor Asociado de la revista Estudios Latinos y cofundador del Centro Cultural La Casita, una organización abierta en el Near West Side de la ciudad de Siracusa. El Dr. Torres-Saillant trabaja en el equipo básico de DK (Democratización del Conocimiento), una iniciativa apoyada por Proyectos de Liderazgo del Canciller y en el capítulo de El Futuro de los Estudios Minoritarios de la Universidad de Syracuse. Es el director fundador del Instituto de Estudios Dominicanos (CUNY), tuvo su primera posición de la facultad a tiempo completo en el Departamento de Inglés de Hostos Community College, CUNY, y ha ocupado cargos como visitante en el Amherst College, Universidad de Harvard; la Universidad de Cartagena, y el campus San Andrés de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor, entre otras publicaciones de: El tigueraje Intelectual (Thugs Intelectual), segunda edición (2011), Una historia intelectual del Caribe (Nuevas Direcciones en la Serie de las Américas) (2006), El retorno de las yolas (1999) y Los dominicano-americanos (con Ramona Hernández) (1998).Se le puede localizar en: saillant@syr.edu