SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El periódico The Boston Globe, el más influyente de la región de Nueva Inglaterra (EEUU) consideró en su editorial que lo ocurrido en República Dominicana es un claro ejemplo de una política orientada a defender las fronteras que ha salido mal, creando una crisis humanitaria.
A juicio del Consejo Editorial del Boston Globe, República Dominicana debe de “normalizar” su “dura política migratoria” y reconsiderar lo que define como un “enfoque draconiano”.
A continuación el editorial, en una traducción libre de Iván Pérez Carrión:
República Dominicana debe normalizar su dura política migratoria
EN UN CRUDO EJEMPLO de una política orientada a defender las fronteras que salió mal, el máximo tribunal de la República Dominicana ha creado una crisis humanitaria, y ha arrojado a casi un cuarto de millón de residentes a un limbo de apatridia. Aunque la controversia arroja luz sobre los desafíos que plantea la migración global, el gobierno dominicano debe reconsiderar su enfoque draconiano.
En 2013, una sentencia con carácter retroactivo del Tribunal Constitucional de República Dominicana falló que cualquier persona que estuviera en el país nacido de padres extranjeros indocumentados fuera deportada, y que se les negara la ciudadanía por nacimiento, a menos que pudieran presentar los documentos oficiales de residencia.
Esto significó que alrededor de un cuarto de millón de residentes dominicanos, la mayoría de ellos de origen haitiano que trabajan por salarios muy bajos, se quedaran sin patria. Aunque muchos de estos residentes nacieron en la República Dominicana, no tenían manera de conseguir en un tiempo breve la documentación adecuada. Eso significa que no podían trabajar, abrir una cuenta bancaria, casarse, votar, ni conseguir una licencia de conducción. Todo lo que les quedaba era “auto-deportarse” a un país del que muchos de ellos sabía poco, o en el que nunca había puesto un pie.
Frente al contragolpe internacional, el gobierno dominicano revirtió parcialmente su curso, y anunció un esfuerzo de regularización para restaurar la ciudadanía a algunos hijos de inmigrantes, al tiempo que ofrecía un plan de naturalización para otros residentes indocumentados. Las personas sin estatus tenían hasta mediados de junio para presentar la documentación para que se les concediera permisos oficiales de residencia. Pero el proceso ha sido complejo y engorroso, y está lejos de ser abarcador: El número de personas que realmente cumple con todos los requisitos se estima en sólo 10,000.
República Dominicana debe normalizar sus políticas de inmigración por los derechos adquiridos por la gran mayoría de los residentes de ascendencia haitiana que no han conocido ningún otro país y cuya deportación masiva sería una farsa. Permitirles quedarse es la única cosa sensata y humana por hacer
Aquí, en la Comunidad, los políticos merecen elogios por hablar y llamar la atención sobre esta política mal encaminada. Massachusetts tiene la tercera mayor población haitiano-estadounidense del país. La senadora estatal Linda Dorcena Forry, el hatiano-estadounidense de más alto rango oficial electo del estado, calificó las acciones del gobierno dominicano como una “práctica discriminatoria en contra de sus propios ciudadanos, porque resulta ser que tienen sangre haitiana”.
Dorcena Forry pidió a los haitiano-estadounidenses y sus aliados “reconsiderar los planes existentes para vacacionar en República Dominicana hasta que su Gobierno dé marcha atrás”. El congresista Michael Capuano estuvo muy cerca de llamar a un boicot a los viajes, diciendo que “todavía no hemos llegado a eso”. Mientras que un boicot a los viajes en este momento parece inapropiado, Capuano señala, con razón, que hay otras palancas que el gobierno de Estados Unidos puede utilizar para presionar a la República Dominicana. El Congreso debería considerar pedir alguna medida de reforma migratoria cuando sopese el próximo paquete de ayuda a la isla.
La economía de Haití, que todavía es frágil a pesar de recibir miles de millones de dólares de ayuda en los últimos cinco años, no tiene la capacidad para absorber a decenas de miles de refugiados de su vecino de al lado. Ya, 14,000 inmigrantes haitianos han regresado, de acuerdo con el primer ministro. Sin una solución, una crisis que se avecina amenaza con erosionar los logros realizados en apuntalar la infraestructura y las instituciones, después del devastador terremoto de 2010.
Para justificar y defender las leyes de inmigración más estrictas, los funcionarios dominicanos señalan a la soberanía nacional. “Quiero dejar claro también que ninguna otra nación en el mundo, ni ninguna organización internacional, pueden exigir que la República Dominicana haga sacrificios en su sistema migratorio, o cualquier otro derecho soberano, más allá de lo que ordenan las leyes y la Constitución”, dijo el presidente dominicano, Danilo Medina en febrero. Otros partidarios de Medina racionalizan erróneamente la política usando una falsa equivalencia moral: “Las personas que viven en los países desarrollados, o bajo sus auspicios, no están equipados para nada para ayudarnos en esta hora terrible, agobiados como están con sus propios crímenes”, escribió un bloguero, refiriéndose a Estados Unidos.
Pero es deseable, por los propios intereses de República Dominicana, que Haití se convierta en un Estado más fuerte y sostenible. República Dominicana debe normalizar sus políticas de inmigración por los derechos adquiridos por la gran mayoría de los residentes de ascendencia haitiana que no han conocido ningún otro país y cuya deportación masiva sería una farsa. Permitirles quedarse es la única cosa sensata y humana por hacer.