Brasilia, 26 jun (EFE).- El presidente brasileño, Michel Temer, que entre hoy y mañana puede ser denunciado formalmente por supuesta corrupción, participó en un acto con empresarios, se mostró sereno y afirmó que "nada" lo "destruirá".

Brasil "estaba en una crisis gravísima", pero ahora "ha vuelto a tener dirección" y está en el "camino de la responsabilidad", dijo hoy Temer en un acto con empresarios del comercio minorista en el que sancionó una ley que permite diferenciar los precios en función de que el pago sea realizado en efectivo o con tarjeta de crédito.

El mandatario se ufanó de la ligera recuperación de la economía y no hizo ninguna alusión a su delicada situación jurídica, que puede agravarse entre hoy y mañana, cuando se espera que la Fiscalía presente una denuncia formal en su contra por el supuesto delito de corrupción pasiva.

Sin hacer comentarios directos sobre ese asunto, declaró que la "agenda de modernización" que impulsa es "la más ambiciosa de los últimos tiempos" y aseguró que "nada" impedirá que las polémicas y duras reformas que promueve siga adelante.

El pasado viernes, el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, estableció que la Fiscalía tiene plazo hasta este martes para presentar una denuncia contra el gobernante, lo cual en medios jurídicos y políticos se considera un hecho.

"Que nadie dude", indicó el presidente, quien apuntó: "Nada nos destruirá. Ni a mí ni a nuestros ministros", ocho de los cuales son objeto de sendas investigaciones judiciales por asuntos de presunta corrupción.

Las sospechas contra Temer se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo cárnico JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que pueden comprometer al gobernante.

En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.

El pasado viernes, el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, estableció que la Fiscalía tiene plazo hasta este martes para presentar una denuncia contra el gobernante, lo cual en medios jurídicos y políticos se considera un hecho.

Si así fuera, el Supremo remitirá el asunto a la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe decidir sobre la aceptación o no de una denuncia contra un gobernante en ejercicio pleno del poder.

En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.

Si Temer fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.

El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, quien fue destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente. EFE