VIENA Austria.- El operador de telefonía móvil A1 ha proporcionado al Gobierno de Austria datos anónimos de los movimientos de sus usuarios para verificar el cumplimiento colectivo de las medidas contra la expansión del coronavirus, lo que ha desatado controversia en esta república alpina.
"A1 pone estos análisis (de movimientos de usuarios de móviles) a disposición de los organismos gubernamentales pertinentes en tiempos de crisis, para el beneficio del público en general", indicó en una nota el operador perteneciente a la empresa austríaca Telekom.
"Concretamente, el sistema se utiliza para determinar el comportamiento de los ciudadanos en cuanto a sus movimientos durante la crisis del coronavirus, para comprobar si las masas están cumpliendo con las regulaciones del Gobierno", añade el comunicado.
Los datos habrían revelado que tras la imposición de severas limitaciones a la libertad de movimiento para frenar la pandemia, los desplazamientos en general de los austríacos se habrían reducido entre un 40 y un 50 por ciento, según el diario Kronen Zeitung, el primero en publicar la noticia, que ha despertado críticas, sobre todo de los defensores del derecho a la privacidad y protección de datos.
La agencia austríaca APA asegura que un portavoz del Gobierno de conservadores y ecologistas le ha confirmado el uso del análisis de A1, subrayando que se ha procedido conforme a la ley y que no hubo una petición por parte de las autoridades, sino que se trató de una oferta por iniciativa de la compañía de telefonía.
La oposición socialdemócrata ha criticado la medida al considerarla una vulneración de los derechos fundamentales que no puede ser aceptada ni siquiera en un momento excepcional como el actual.
En un comunicado publicado en su web, la Autoridad de Protección de Datos del país dice que si bien los datos son algo delicado y están bajo "protección especial", la ley sí prevé que puedan ser usados en casos puntuales en beneficio público.
Sin embargo, Hans Zeger, presidente de la ONG Sociedad Austríaca para la Protección de Datos (ARGE), si bien coincide en que se debe facilitar "todo lo que pueda ayudar a salir de una situación de emergencia", no ve en este caso justificada una medida que afecta los derechos fundamentales.
El experto explicó a Efe que los citados datos no permiten deducir el comportamiento de las personas, como por ejemplo si mantienen o no las distancias prescritas entre individuos.
Por eso acusa a las autoridades de buscar "desviar la atención" del hecho de que, en su opinión, en toda Europa no se está haciendo lo debido para combatir la propagación del coronavirus porque lo necesario sería hacer "muchas más pruebas" para detectar los casos positivos y aislarlos. EFE