SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La socióloga Tahira Vargas García propuso una  modificación  del marco legal y político a la ley 50-88 para dejar de ver a los adictos de drogas como personas en conflicto con la ley, y comenzar a tratarlas como enfermas.

Esta propuesta es sostenida por la atropóloga a propósito del estudio “Vulnerabilidad e invisibilidad de las personas usuarias de drogas ante el VIH y Sida”, que dirigió.

La investigación tuvo por objetivo  principal formular evidencias de cómo el uso de drogas actúa para incrementar el riesgo de adquirir la infección del VIH e identificar posibles estrategias programáticas para evitar que la población usuaria de drogas se infecte.

En República Dominicana un 8% de los consumidores de drogas son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana, versus un 0.8% de la población general que lo porta, pero no consume ninguna sustancia prohibida, según el Consejo Nacional para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome Inmunodeficiencia Adquirida (S IDA), reflejando que las personas que consumen drogas tienden a ser más vulnerables a la infección que los que no consumen sustancias no controladas.

En base a estos datos, la antopóloga Vargas desarrolló un estudio cualitativo con consumidores de drogas, trabajadoras sexuales, jóvenes y adultas, hombres trabajadores sexuales, transexuales y transexuales trabajadores sexuales.

Según los datos que ofrece el estudio, el consumo de las personas entrevistadas es muy variado y abarca diferentes tipos de drogas, tanto inyectadas,  no inyectadas, así como las mezclas de ambas.

La socióloga explicó los factores por los cuales un individuo puede insertar en el mundo de las drogas y destacó la incidencia de las amistades, círculos familiares de consumidores y el trabajo sexual, que suele ser mejor pagado cuando quien lo realiza consume alguna sustancia controlada, así como las secuelas de un abuso sexual en cualquiera de los géneros.

A nivel nacional, las regiones o zonas turísticas tienden a ser preponderante en insertar a las y los trabajadores sexuales al consumo de sustancias no controladas, según los hallazgos del estudio, que fue realizado durante 6 meses.

De igual manera confirmó que el consumo de drogas ilícitas aumenta el contagio del VIH-SIDA en la población, ya sea por el descontrol de uso con los utensilios que facilitan el consumo, la disminución de protección en los actos sexuales y la relaciones sexuales entre un mismo género o entre más de dos personas.

La cárcel es otro ambiente destacado como escenario que sirve para la inserción de personas al consumo de drogas, por parte de personas privadas de su libertad.

El estudio no reveló la identidad de las personas, en su publicación, que sirvieron como muestra representativa, pero si especificó la realización de entrevistas a profundidad con personas inmersas en el consumo de drogas o portadores de VIH-SIDA.

Plantea una mejor accesibilidad de las personas consumidores de drogas al servicio de salud y a centros de rehabilitación

En el mismo ámbito Tahira explicó que la mariguana es una sustancia que se mantiene porque puede ser mezclada con cualquier otra y que las drogas inyectadas crean una dependencia como ninguna otra, pero que el costo de las mismas lleva al consumidor a realizar mezclas entre ellas y aumentando el deseo sexual, sin inhibición, entre los que las consumen.

Entre los hallazgos se obtuvo que los agentes policiales y los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas son los actuantes principales en el maltrato a la población consumidora, según los testimonios recorridos entre los entrevistados.

A todas estas situaciones,Tahira Vargas responde con la firmeza de que los consumidores no son delincuentes sino enfermos y por tal razón propone la modificación a la ley 50-88 para que estas personas en vez de ser encarceladas, sean tratadas clínicamente en centros de rehabilitación.

Somete una trasformación de la práctica de las entidades públicas en cuanto a la atención de los consumidores y el maltrato que sobre ellos se ejerce, de igual manera, sobre la discriminación a los transexuales, que en mucho de los casos no son atendidos medicamente y son maltratados o asesinados sin importancia alguna por parte de los cuerpos castrenses.

Plantea una mejor accesibilidad de las personas consumidores de drogas al servicio de salud y a centros de rehabilitación y una política pública que busque la disminución de las relaciones sexuales sin protección y del consumo de drogas.

A la publicación, patrocinada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA (ONUSIDA) y el Instituto Dominicano y Cirugía de la Piel doctor Bogaert Díaz (IDCP), también asistieron el doctor Rafael Isa Isa, director general del IDCP, la doctora Ana Navarro, coordinadora de País del ONUDISA, el doctor Fidias Aristy, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), el doctor Víctor Terrero, receptor principal del Fondo Mundial, Bethania Betances, del equipo técnico coordinador de la investigación, así como otras personalidades de ámbito político, salud y sociedad civil.