BARAHONA, República Dominicana.- Con absoluto hermetismo es manejado en Barahona la suspensión de por lo menos cuatro empleados del Despacho Penal, de a la Cámara Penal, de la Corte de Apelación, del Distrito Judicial de Barahona, por alegadas irregularidades cometidas y que han sido detectadas.
La suspensión contra los cuatro empleados habría sido motivada por la supuesta fuga de información del Despacho Penal, la cual era proporcionada a terceras personas, sin que se conozca el propósito, así como por la sustracción de parte de los expedientes.
Se recuerda que todos los expedientes relacionados a casos penales: por narcotráfico, violación sexual, asesinatos y de otras tipificaciones son manejados en el Despacho Penal, situación que es de preocupación de los jueces, así como del Ministerio Público.
Raúl Beltré, secretario del Despacho Penal, admitió que hay una investigación en curso contra cuatro empleados de esa dependencia, pero no quiso ofrecer los nombres de los afectados.
El funcionario judicial, dijo, sin embargo, que se trata de una investigación que está relacionada a problemas de presupuesto, pero una de las afectadas es de la más vieja trabajando en esa dependencia, quien lleva entre 15 y 20 años de labor continua.
Además, de ella está suspendido su hijo, la esposa de este y otra persona, los cuales fueron investigados por el Departamento de Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia.
En el día de ayer estaba sujeta a conocérseles un juicio disciplinario a los cuatro empleados, pero el proceso seguido a los mismos no se llevó a cabo, conforme a una información suministrada por una fuente de entero crédito que prefirió el anonimato.
Beltré, secretario del Despacho Penal, fue muy parco al referirse al caso que involucra a sus compañeros de trabajo, por lo que nos refirió a la presidenta de la Cámara Penal, de la Corte de Apelación, del Distrito Judicial de Barahona, María Australia Matos.
Cuando acudimos a su despacho, se nos informó que la magistrada Matos se encontraba en audiencia, al igual que el primer sustituto, magistrado Joselin Moreta Carrasco y el juez Luis Alberto Díaz de la Cruz, quien es miembro del alto tribunal.
Abogados y empleados consultados al respecto dicen conocer sobre el caso y hasta los nombres de los afectados proporcionan, pero nadie quiere de manera pública ofrecer información relacionado con este caso, que se inscribe dentro de la crisis que afecta al sector justicia del país.