SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de personas, quienes se identificaron como cristianos, se apostaron este lunes frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para manifestar su apoyo a la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tanner Flete Guzmán, acusados de supuesta corrupción.

Con pancartas y consignas, unos 20 ciudadanos llegaron al lugar antes de iniciar la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el caso Coral, a quienes se les dictó 18 meses de prisión preventiva. No obstante, el grupo expresó que creían en la pastora Guzmán y en su hijo porque son “cuerpo de Cristo”.

“Los apoyamos. Estamos orando a Dios y clamando a Dios por ellos en las iglesias. En este mismo lugar (frente al Palacio), vinimos a orar, a clamar a Dios a favor de ellos”, aseguró el evangelista Miguel Almonte, poco antes de que el tribunal decidiera acoger la solicitud del Ministerio Público, en su totalidad.

Foto: © Mery Ann Escolástico
Fecha:10/05/2021

Explicó que algunos de los presentes se congregaban en la iglesia de la pastora, Shalom, y otros “son parte de la iglesia de Cristo, en general”, de sector Cristo Rey.

Miguel Almonte destacó que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, al igual que los abogados de los imputados en el caso. “Ellos están haciendo su función, de como tal deben de cumplir, igualmente, la parte de los abogados están haciendo la suya. La nuestra es esta, darle apoyo, dejarles sentir a la comunidad dominicana que ellos son parte del cuerpo de Cristo”, afirmó.

Este lunes, la jueza Kenya Romero, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva contra la pastora Guzmán, su hijo; el mayor general y el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep)Adán Cánceres Silvestre; el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro José Montero Cruz.

Mientras que contra el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, impuso una medida consistente en prisión domiciliaria e impedimento de salida del país, solicitada por el Ministerio Público debido a que el imputado se encuentra colaborando con la entidad investigativa.