SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con tres votos a favor y dos disidentes, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que conocieron el recurso de apelación al archivo definitivo del caso por corrupción que se le sigue al senador Félix Bautista, rechazaron la petición de la Procuraduría General de la República de que sea enviado a juicio de fondo el proceso en contra del legislador y otros coimputados por supuesta corrupción.

De esta manera, el expediente contra el senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, y compartes, por supuestos hechos de corrupción, ha quedado definitivamente archivado.

La juez presidenta de la sala, magistrada Miriam Germán Brito emitió un voto disidente y motivado. De igual manera lo hizo la juez Esther Agelán Casasnovas.

Votaron a favor del archivo de la acusación contra Félix Bautista y compartes los jueces Hiroito Reyes, Frank Soto y Mariana Daneira García Castillo.

Esta última magistrada fue nombrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para romper el empate que se produjo en la audiencia anterior cuando dos jueces votaron a favor del archivo y dos en contra.

El pasado 23 de septiembre la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se reservó el fallo sobre el recurso de apelación sometido por el Ministerio Público.

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Caso Félix Bautista

El recurso de apelación fue interpuesto por la Procuraduría General de la República en contra el auto de No Ha Lugar dictado por el juez Alejandro Moscoso Segarra, en función de Juez Especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, a favor de senador Félix Bautista, secretario de Organización del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los coimputados Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Grisel Araceli Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.

Félix Bautista y compartes fueron acusados de enriquecimiento ilícito con recursos del Estado, tráfico de influencia, evasión de impuestos, lavado y falsificación de documentos públicos y privados, en un caso cuantificado en más de 25 mil millones de pesos.