SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Red Nacional de Acción Juvenil solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría al Ministerio de la Juventud, en lo referido al Premio Nacional de la Juventud.

Dicha petición se llevó a cabo amparada en el artículo 7 numeral 4 de la ley 10-04 y su reglamento de aplicación 06-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que establece que la ciudadanía puede ejercer control social en la prevención e investigación de la corrupción  para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía.

A continuación el documento íntegro depositado por los jóvenes a en la Cámara de Cuentas

Distinguida Doctora Marte de Barrios:

Reciba un cordial saludo de todos los integrantes de La Red Nacional de Acción Juvenil (RNAJ), quienes esperamos que sus actividades marchen satisfactoriamente.

La Red Nacional de Acción Juvenil es un espacio que integra a decenas de jóvenes de diferentes localidades del país, los cuales tienen por objetivo contribuir en la formación de principios y valores democráticos que garanticen y contribuyan en la conformación de ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo de la República Dominicana.

Como jóvenes comprometidos con nuestro país, apegados al sagrado derecho de defender la transparencia y garantizar el manejo correcto de los recursos del Estado, ponemos en sus manos la solicitud de realizar una Auditoria al Ministerio de la Juventud, en lo referido al Premio Nacional de La Juventud.

Dicha petición la hacemos como efecto de la reciente investigación periodística realizada por la prestigiosa comunicadora Nuria Piera, donde se revelaron pruebas contundentes e irrefutables que envuelven múltiples violaciones al marco legal de la República Dominicana. De igual forma la práctica denunciada en el espacio periodístico se convierte en una falta negligente y abusiva de los recursos públicos.

Nuestra solicitud la presentamos acogiéndonos al artículo 7 numeral 4 de la ley 10-04 y su reglamento 06-04 de La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que permite que la ciudadanía pueda ejercer control social en la prevención e investigación de la corrupción, para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía.

En tal sentido visualizamos graves violaciones a importantes legislaciones; se trata de una práctica reincidente de este Ministerio, donde los costos de estos premios han ido creciendo de forma abrumadora cada año, sin encontrar una respuesta lógica y convincente a los gastos en que se incurren.

Dentro de las violaciones encontradas, a partir de lo mostrado por la investigación de Nuria Piera, se destacan:

Violaciones a la Ley 340-06 Compra y Contrataciones Públicas, en lo referido a su artículo 3 sobre los principios de eficiencia, de igualdad y libre competencia, así como los principios de transparencia y publicidad, y Participación.

Faltas a otros artículos de la mencionada ley fueron pasados por alto, tal es el caso del articulo 8 en su párrafo IV, que habla de que las convocatorias a presentar ofertas de las licitaciones públicas deberán efectuarse  mediante la publicación en su página Web, mostrando el pliego de condiciones.

El artículo 66 de la Ley 340-06 que hace referencia a las sanciones que podrán recibir los  proveedores al incurrir en acto de colusión, debidamente comprobado, en la presentación de su oferta; así como por celebrar, en complicidad con funcionarios públicos, contratos mediante dispensas del procedimiento de licitación, fuera de las estipulaciones previstas en esta ley.

Otras de las leyes que se violaron en este premio es la 41-08 de Función Pública, la cual establece en su artículo 84 sanciones graves, como  destitución del cargo.

Estos casos de corrupción están tipificados en el Código Penal Dominicano en los artículos 166 al 182.

Lo más graves de todas estas violaciones es que el Ministerio de la Juventud viola la propia Ley 49-00, que establece sus atribuciones. Desconoce el derecho a la participación económica en condiciones iguales que deben tener todos los jóvenes dominicanos, tal como lo expresa el artículo 23 de La Ley de Juventud.

Dentro los tantos artículos violados dentro de esta ley, se encuentra el artículo 46 que indica que el Ministerio de la Juventud es el órgano responsable de velar por la defensa y cumplimiento de los derechos de los jóvenes dominicanos. Esta acción  se constituye en una práctica de corrupción política, que indigna no solo a los jóvenes, sino a toda la sociedad dominicana.

En tal sentido estamos haciendo fiel cumplimiento de nuestras atribuciones ciudadanas, de nuestro compromiso generacional, de apoyar y empujar la lucha contra la corrupción, en aras de contribuir con una sociedad apegada a los principios éticos y morales, para que se pueda generar un verdadero Estado de Derecho.

En tal virtud dejamos en vuestras manos el compromiso de investigar dicha denuncia, atendiendo las atribuciones que les otorga la ley 10-04 en su artículo 10.

La juventud dominicana espera de su pronta acción, para que se puedan dar lecciones ejemplarizadoras, que nos devuelvan la fe en las instituciones públicas, y para que con ellas podamos tener funcionarios transparentes, que garanticen el uso correcto de los recursos del Estado.

Con alta estima y consideración,

Coordinación Nacional

Red Nacional de Acción Juvenil